Por Agustín Lodola *

Coyuntura y desarrollo

El problema de la estructura productiva desequilibrada de la economía argentina continúa presente, aunque las condiciones de la economía mundial o la discusión de algunas de sus consecuencias (inflación) releguen su tratamiento. Si bien se hace referencia mayormente al desequilibrio sectorial (agro/industria), también alcanzan una dimensión muy significativa los desbalances geográficos. Eso se debe a las asimetrías territoriales de las actividades intensivas en cada factor: trabajo, capital y recursos naturales. El fenómeno queda oculto muchas veces en los promedios. El perfil productivo de las regiones es central; lo fiscal (incluso el régimen de coparticipación, al que suele darse un rol exagerado) es sólo una variable explicativa más.

Una consecuencia fundamental de estos problemas es la intensidad de las migraciones internas, que reflejan justamente la desigualdad de oportunidades en todo el territorio. En el caso de la provincia de Buenos Aires, en los últimos 20 años, las migraciones en el agregado sólo explican el 10 por ciento del crecimiento poblacional. Pero, en las regiones del interior (salvo los municipios atlánticos), las mismas son negativas y determinantes del bajo crecimiento poblacional estructural: la expulsión de población compensa casi la mitad del crecimiento vegetativo. Esto a pesar de que en ese período se ha dado una evolución positiva sin precedentes de las ramas de actividad asociadas a esos territorios (el valor agregado corriente del agro ha duplicado el crecimiento del producto bruto entre 1993 y 2013) y su rentabilidad. En el primer cordón del conurbano, cuya formación refleja la falta de consideraciones geográficas durante la crisis del modelo agroexportador, sucede lo mismo y, aunque por razones diferentes, también obliga a ampliar la dicotómica mirada conurbano/interior. En líneas generales, las tendencias migratorias observadas desde mediados de 1930 persisten, profundizando la heterogénea densidad poblacional. No hay dudas de que las migraciones pueden ser vistas en forma positiva, pero el carácter selectivo que suelen tener, puede generar trampas de pobreza y estancamiento.

La reaparición de la restricción externa corre el velo y obliga a considerar alternativas de política para resolverla. La opción más pregonada y siempre a mano ha sido la devaluación. Hay abundante literatura detallando los efectos contractivos y regresivos de este instrumento, y la evidencia sobre la dinámica exportadora no es unánime.

Menos considerados son los efectos geográficos de esta medida. La devaluación genera especialización sectorial de los territorios con escasa generación de empleo, afianzando una estructura “territorial desequilibrada”, aunque los tipos de cambio múltiples operacionalizados por las retenciones a las exportaciones logren cierto y necesario “equilibrio sectorial”. Esta reflexión puede parecer rara en la coyuntura actual, donde se discute que el “atraso” cambiario tiene mayor incidencia en las “economías regionales”, pero se entiende si se buscan para las mismas otras pretensiones productivas.

La incorporación del equilibrio territorial en una mirada más amplia no sólo se fundamenta en una cuestión de justicia distributiva sino que cuando los hacedores de política se concentran en las regiones líderes en desmedro de las rezagadas, se pierden una oportunidad de mejorar la performance agregada.

Lejos de ser una particularidad argentina o bonaerense, la desigualdad territorial es una de las características salientes del estilo de desarrollo de los países latinoamericanos que, en el marco de un retorno de las políticas públicas, obliga a diseñar e implementar estrategias para mitigarla. La planificación adquiere relevancia como uno de los instrumentos que podrían permitir la adopción de estrategias para disminuir dichas disparidades. Las fuerzas del mercado no llevan en su ADN el objetivo de equidad, y por lo tanto es ingenuo pedirles por el equilibrio territorial. Es la política la clave, que tiene un gran desafío en un régimen democrático, donde los espacios a priorizar están inversamente relacionados con la cantidad de votos.

También existen dificultades en términos de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Los desafíos de los territorios son idiosincrásicos; y por lo tanto la participación del nivel municipal es indiscutida. Sin embargo, debe planificarse desde un poder central (nacional, provincial) que –sintetizando las lógicas locales– pueda realizar los “balances” territoriales necesarios para un desarrollo equilibrado.

El regreso de un Estado activo ha propiciado recientemente el debate en torno de la planificación, que frente a las fuertes disparidades territoriales verificadas en nuestro país, bien podría tomar la forma de una planificación territorial. Mientras tanto, si una gran devaluación se presenta como la única salida a la restricción externa, corremos el riesgo de profundizar aun más la especialización productiva de los diversos territorios, con graves consecuencias tanto económicas y sociodemográficas, sin que siquiera el restablecimiento de los equilibrios macroeconómicos se encuentre asegurado. Peor aún, seguiremos moviéndonos cíclicamente sin tendencia definida e incrementando la ya abultada deuda social que tenemos con nuestros territorios más postergados.

* Subsecretario de Coordinación Económica de la provincia de Buenos Aires, profesor de la UNLP, autor del libro Desde adentro.

Por Itai Hagman y Pablo Wahren *

Recetas del pasado

La caída de reservas internacionales del Banco Central concentra hoy la atención del Gobierno y de los analistas económicos. La nueva estrategia del Gobierno de acercamiento a los mercados internacionales para atraer dólares es celebrada por propios y ajenos. Sin embargo, si queremos avanzar en una senda de mejoras para las mayorías populares, no se deben repetir las recetas del pasado.

Los pagos al Ciadi (el tribunal arbitral del Banco Mundial), el acuerdo con Repsol, los acercamientos al FMI, la negociación de un swap comercial con China o la búsqueda de inversiones rusas y chinas son reflejo de la búsqueda ansiosa de fondos frescos de parte de mercados que antes eran esquivos. La aceleración del ritmo devaluatorio con el objetivo de achicar la brecha cambiaria conlleva peligrosos riesgos inflacionarios y, paradójicamente, ha sumado nuevas inestabilidades en el sector externo asociados al comportamiento especulativo de quienes concentran las exportaciones e importaciones. Ante las expectativas de devaluación, los exportadores pospusieron la liquidación de sus productos, cayó significativamente la prefinanciación de las ventas y se expandieron los anticipos de importación. Tanto es así que, en septiembre, el balance cambiario comercial tuvo el primer resultado negativo (999 millones de dólares) desde la salida de la convertibilidad y, si bien aún no se cuentan con datos para octubre y noviembre, es esperable que esta tendencia se mantuviera, en virtud de lo que evidencia la brusca caída de los ingresos por derechos de exportación en dichos meses.

El sector exportador de cereales y oleaginosas es el principal sospechoso de esta operación especulativa. Como esperan que el tipo de cambio siga aumentando, evitan vender la producción para hacerlo más adelante a mejor precio. Según estimaciones del CESO, habría un faltante de 6300 millones de dólares stockeados por los productores. Ante este escenario, según declaraciones del ministro de Agricultura, el Gobierno está diseñando un bono para ofrecerles a los exportadores a cambio de que liquiden su stock e ingresen divisas. Este papel estaría ajustado por el tipo de cambio oficial, lo que les permitiría a los acaparadores de soja cambiarlos dentro de los próximos 180 días sin perder la ganancia que implica el encarecimiento del dólar.

El complejo oleaginoso argentino es un sector altamente rentable y concentrado. Ocupa hoy más del 60 por ciento de la superficie sembrada, en donde el 6 por ciento de los productores (pools de siembra) explica el 54 por ciento de la producción. La exportación también se encuentra fuertemente concentrada en un puñado de empresas mayormente multinacionales y grandes firmas nacionales (Cargill, Noble, AGD, ADM, Bunge, Dreyfus, Toepfer, Nidera) que explican cerca del 90 por ciento de las ventas sojeras el exterior. Algunas de estas forman parte del top ten de las empresas más grandes del país, que lidera YPF.

Se trata de uno de los sectores más beneficiados de la década, que amasa extraordinarias ganancias y cuya actividad especulativa impacta en el conjunto de la economía, incluyendo efectos sobre los precios internos de los alimentos que consumimos diariamente. En lugar de ofrecer un bono para incentivarlos, ¿no sería momento de pensar en un cambio de esquema?

La propia historia argentina ofrece experiencias interesantes como una Junta Reguladora que controle la comercialización y el comercio exterior de granos en nuestro país. Dicho instrumento permitiría interceder en la comercialización, limitando el negocio especulativo de productores y cerealeras. Por otro lado, permitiría apropiarse de una masa inmensa de renta, que hoy se encuentra en manos de grandes multinacionales exportadoras, para destinarla a la transformación de la estructura productiva, atacando el déficit energético e industrial y ofreciendo una solución de fondo para superar con transformaciones estructurales las crisis sistémicas del sector externo.

Difícilmente una política asociada a los organismos multilaterales de crédito o destinada a incentivar a los sectores especuladores que atentaron históricamente contra la población en función de sus propios intereses pueda ofrecer una solución que beneficie a las grandes mayorías. Estas medidas que implican “divisas para hoy y escasez para mañana” deben ser reemplazadas por medidas de fondo que son posibles y que implican afectar los intereses del poder económico concentrado. De otro modo, el camino del ajuste es inevitable y con suerte sólo se logrará patearlo para adelante.

* Economistas UBA.