Por Pino Solanas

Es asunto exclusivo del Gobierno subirse sólo al ring de las negociaciones con el FMI, los bancos y las privatizadas, o es una cuestión nacional de la que dependen tarifas, crecimiento y empleo futuros...? ¿No se debería movilizar la comunidad, sus organizaciones e intelectuales, para defender sus intereses? Al Presidente le agradecemos habernos devuelto dignidad nacional. En sólo sesenta días, Kirchner sorprendió a un país acostumbrado a la traición, con medidas que fueron más allá de las promesas y parecían inviables. Algunos siguen escépticos y esperan los “rounds” económicos, mientras los voceros de la mafiocracia y ciertos medios desinforman con la misma prédica que encubrió el descomunal saqueo del patrimonio nacional. Quien no conoce lo que le pertenece ni lo que vale, mal puede defenderlo.
Hoy el país debe negociar con los representantes de quienes lo vaciaron, nos trataron como republiqueta y nos derogaron leyes que en EE.UU. se aprobaban, como fue la ley de subversión económica. La memoria y dignidad de una Argentina que fue capaz de construir su industria y principales empresas –YPF, Gas del Estado, Agua y Energía– sin ayuda del capital foráneo, hoy debe movilizarse para ayudar a cambiar la relación colonial con el FMI. A no asustarse frente al chantaje: ni el FMI, ni los acreedores pueden prescindir de la Argentina, por el monto de la deuda y el peso que tiene en América latina, el Mercosur y el mundo. No habría mayor error que dejarse correr por el miedo. Es como el perro que ladra en la noche: si uno se asusta y corre, ataca o persigue; si se le hace frente, retrocede.
La decisión política del Presidente de asumir sus facultades soberanas para defender el interés de la Nación, es la correcta y la que el pueblo esperaba desde hace años. Pero ningún gobierno puede enfrentar solo la presión de organismos y corporaciones y a la vez ser un blanco solitario de campañas desinformantes como las que defienden a las privatizadas. Otra vez, intentan hacernos creer que la única salida es arreglar con los verdugos. Un poder que tuvo en el gobierno, la Justicia y el Congreso funcionarios a quienes les dictaron leyes y sentencias. Los medios y personajes que callaron frente a los ilícitos y tarifazos del menemato: ¿qué decían cuando el patrimonio público y los derechos de trabajadores y jubilados eran devorados por la mafiocracia bajo la protección de la Suprema?
¿Con qué razones pretenden oponerse al nombramiento de Raúl Zaffaroni los que callaron durante los doce años que presidió la Corte el ex jefe de policía de la Rioja y ex socio del Conde Prófugo de Anillaco?
Frente al tema de la deuda –como bien argumentan el ex juez Salvador M. Lozada y Eric Calcagno–, puede defenderse jurídicamente una rebaja sustancial, porque durante décadas hemos pagado intereses usurarios. Si nos hubieran cobrado la tasa normal que rige en sus países, la deuda se hubiese pagado hace muchos años. Entre otras irregularidades –no haber sido jamás tratada por el Congreso–, los contratos de la deuda que fijan la jurisdicción en los tribunales de Londres o Nueva York para el caso de litigio deben ser invalidados, porque siendo contratos de derecho público solo puede actuar la Justicia argentina.
A su vez, sería escandaloso que a los bancos se los compensara por la devaluación. Tuvieron ganancias superlativas cobrando tasas del 4 por ciento mensual, con inflación cero y paridad del peso con el dólar; confiscaron los ahorros de sus clientes y fueron los ejecutores del vaciamiento financiero del país, girando al exterior miles de millones de dólares. La jurisprudencia es contundente y el fallo del caso Swift-Deltec la reafirmó: las casas matrices deben responder solidariamente ante las pérdidas de sus sucursales.
Por último, tal como lo plantea el ministro De Vido, el reclamado ajuste de tarifas tiene que ver con la revisión de los contratos, las obras einversiones prometidas, los aumentos y ganancias obtenidos y finalmente, las pérdidas ocasionadas por la devaluación. En todos los casos, debe ser cuestión liminar la devolución a los usuarios del cobro indebido de más del 20 por ciento en las tarifas durante una década, por el ilícito de indexarlas de acuerdo con la inflación de los EE.UU. La Ley de Convertibilidad, en su artículo 9, prohibía expresamente los aumentos de salarios o tarifas.
Hay que superar desconfianzas y mezquindades políticas para fortalecer la patriada que debe librar el país. Es preciso movilizar fuerzas y conciencias; multiplicar los debates; denunciar públicamente lo que el Gobierno no puede decir; garantizar, por fin, continuidad jurídica para la Nación y los usuarios. Ante la magnitud del conflicto nadie debe quedar ajeno, viendo por televisión lo que está pasando en el ring. Todo espectador puede ser una víctima, un cómplice o un traidor.