Por Plan Fénix *

Si bien es poco el tiempo transcurrido desde la asunción de los actuales gobernantes como para evaluar resultados de la nueva política económica y social anunciada, observamos algunas señales alentadoras, sobre todo en el plano de la estabilización macroeconómica y el ataque a la perversa evasión y elusión tributarias. Advertimos sin embargo la falta de otras definiciones concretas sobre políticas económicas y sociales, que juzgamos esenciales para sentar las bases del nuevo proyecto nacional de desarrollo con equidad, tal como fue anunciado por el Presidente en diversas oportunidades, desde su alentador mensaje inaugural hasta sus últimos discursos.
Deseamos ofrecer un aporte sobre la actual coyuntura y sus perspectivas. Es nuestra convicción que es necesario contar con una visión de largo plazo que enmarque las acciones que aparecen como de carácter coyuntural pero pueden ser determinantes y condicionantes decisivas para el futuro curso económico y social. Entre ellas se destacan las que surjan de las negociaciones en curso con el Fondo Monetario Internacional. Alientan las declaraciones del Gobierno de condicionar los pagos de las deudas al crecimiento económico nacional y solicitar un período de gracia para esos pagos. Más razón entonces para avanzar hacia un plan integrado de crecimiento con equidad, sustentable en el tiempo, que le otorgue sentido a las acciones de corto plazo. Tal es la propuesta del Plan Fénix.
Es prematuro sostener que después de la reciente reactivación la economía se esté deteniendo. No obstante, deben seguirse con atención algunas importantes señales por el lado de la demanda que muestran una notoria falta de dinamismo en el gasto privado: la fuerte caída del poder adquisitivo de los salarios, el mantenimiento de altos niveles de desempleo y la notoria insuficiencia de la inversión privada. En cuanto a la demanda externa, el estancamiento en los mercados de las economías industrializadas y el enfriamiento de la economía del Brasil limitan el dinamismo de las exportaciones argentinas, cuyo volumen permanece virtualmente estancado.
Ante estas deficiencias de la demanda privada y las dudas acerca de su recuperación autónoma en el corto plazo, una política activa vigorosa basada sobre el gasto público, tanto con fines económicos como sociales, constituye el instrumento indicado para eludir el riesgo de una recaída en la recesión e iniciar un genuino proceso de desarrollo. Pero aun logrando la continuidad en los avances de recaudación de los últimos meses y combinándolo con una mejora sustancial en la eficiencia del gasto público, el nivel que debería alcanzar este último para consolidar la reactivación y poner en marcha un plan de desarrollo sostenible resultaría incompatible con las metas de superávit primario que se vienen contemplando en la actualidad.
Sólo cuando se haya afirmado el sendero de la recuperación y el crecimiento la Argentina podrá imponerse metas de superávit primario que no deben estar desvinculadas ni ser contradictorias con sus prioridades tanto económicas como de infraestructura y prestación de servicios sociales, que incluyen el financiamiento de los planes de erradicación de la indigencia y reducción sustancial de la pobreza. Consideramos esencial para estos fines lograr un extendido período de gracia en los pagos de las deudas externas.
Por su parte, la política de acumulación de reservas externas debería perseguir tres objetivos centrales: 1) formar un stock compatible con la necesidad de resguardar a la economía argentina de shocks comerciales o financieros externos; 2) dar respaldo a la oferta de medios de pago necesarios para niveles crecientes de actividad; 3) permitir ejercer una política cambiaria flexible, que apoye la competitividad de la economía y que no conspire contra el ingreso real de los asalariados. Para cumplir con estos objetivos conviene revalorizar el rol que tuvieron losinstrumentos de control de los flujos externos a mediados de 2002, así como la política de intervenciones de la autoridad monetaria para evitar una apreciación exagerada del peso. La estrecha vinculación funcional entre la gestión del Banco Central y la política económica y social del Poder Ejecutivo constituye una decisión estratégica vital para garantizar el éxito del plan.
En igual sentido, como apoyo a la política fiscal antirrecesiva y para superar la restricción que en la actualidad impone la crisis todavía no resuelta del sistema financiero, la autoridad monetaria deberá recuperar efectivamente los instrumentos de regulación y supervisión indispensables para garantizar la transparencia del sistema financiero, evitar la repetición de los episodios especulativos del pasado, sentar las bases de un mercado de capitales y ponerlo al servicio del desarrollo económico. Como parte de tal opción estratégica, se debería instrumentar una política de redescuento selectivo a bajas tasas de interés orientada a apuntalar el proceso de crecimiento. En este contexto, los bancos públicos tendrán que desempeñar eficientemente el doble papel de instrumento de aplicación y de banca testigo para el conjunto de las entidades privadas. Estos lineamientos estratégicos para el manejo, tanto de la formación de reservas como de la política monetaria, pueden tal vez cuestionar ciertas posiciones tradicionales del FMI, pero no pueden ser materia negociable si se quieren garantizar los objetivos superiores del desarrollo con equidad y establecer sobre bases firmes la solvencia internacional del país.
A partir de tal orden de prioridades la Argentina debe estar dispuesta a una negociación, tan larga como sea preciso, de su actual endeudamiento externo. La magnitud de esta última variable es en el presente incompatible tanto con las principales magnitudes de la economía argentina comparables –PBI, exportaciones, gasto público– como con la de la deuda social acumulada. La Argentina debe lograr una reprogramación de sus vencimientos con los organismos multilaterales y un acuerdo con los acreedores privados externos que implique quita, baja en las tasas y un extendido período de gracia. El Grupo Fénix considera que las nuevas deudas incurridas desde la declaración de la cesación de pagos deben tener un tratamiento diferenciado.
En todo caso, las negociaciones con el FMI y los tenedores de deuda argentina actualmente en default deben estar subordinadas al crecimiento con equidad y a la restauración del tejido social, requisitos para que los compromisos en materia de pagos por la deuda sean realistas y, por lo tanto, cumplibles.
Tal orden de prioridades fija los objetivos de la posición negociadora argentina y, por esto mismo, los límites de los compromisos que el país puede asumir frente al FMI. Para tales fines es preciso reiterar criterios, en el sentido de que las negociaciones no contemplan nuevos créditos netos de los organismos multilaterales, que sólo pueden mantenerse al día los compromisos con los mismos si son refinanciados y que, en caso de no haber acuerdo, no podría evitarse extender el default a la deuda multilateral.
* Grupo de economistas de la UBA, bajo la dirección de Abraham Gak. Síntesis del documento entregado anteayer al presidente Néstor Kirchner y al ministro de Economía, Roberto Lavagna.