Los dirigentes de la Mesa de Enlace, Federación Agraria, Sociedad Rural, CRA y Coninagro exhibieron un plan de imposiciones al gobierno nacional a través de un comunicado difundido luego de la conferencia matinal del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. En el texto le reclamaron al Ejecutivo una baja del gasto público, un plan integral para combatir la inflación y la reducción de impuestos para poder así emprender sus negocios. El ministro coordinador los había acusado previamente de tener conductas vinculadas con la “avaricia u otro tipo de carácter especulativo”, a partir de no vender la soja que permanece guardada en silos y silobolsas. “El productor venderá en el momento que crea oportuno”, retrucó el vicepresidente de CRA, Pedro Apaolaza. En los días previos, tanto el titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, como el presidente de Coninagro, Carlos Garetto, habían señalado que la modificación del tipo de cambio mejoraría la situación de los productores. Sin embargo, después reclamaron una mayor devaluación. El jefe de Gabinete dijo que “cambiaron de opinión” influidos por “otras usinas ideológicas”. Los ruralistas modificaron su discurso después de participar en el Foro de Convergencia Empresarial, realizado en el predio que la Sociedad Rural ocupa en Palermo.

“Es evidente que el Gobierno está buscando, como lo hizo siempre, culpables de sus propios errores en vez de implementar un plan integral para combatir la inflación, reducir el gasto público, mejorar la competitividad real de la economía e incentivar la producción, el empleo genuino y el desarrollo. Que quede claro, los productores agropecuarios no tenemos hoy capacidad de ahorro y poseemos escasa capacidad para mantener la empresa en marcha; pero queremos seguir invirtiendo. Para esto necesitamos reglas claras y estables”, sostuvo la Mesa de Enlace.

Más allá de estas palabras, lo concreto es que están reteniendo granos, en particular soja. Fundamentalmente los grandes exportadores, que son el sujeto económico ocultado por la propia dirigencia rural. Cuando se reavivó el conflicto por el trigo, durante la segunda semana de enero, Eduardo Buzzi reconoció en un reportaje radial que los productores retienen la venta del grano.

Ante la pregunta “¿Dónde está el trigo que no se exporta?”, respondió: “¿El trigo que no se exportó? Está en manos del acopio, de productores, está disponible, está en reserva, está en el centro de la provincia de Buenos Aires, hacia el sur. Hay trigo suficiente para abastecimiento nuestro y en manos de algunos productores y de acopiadores. Estamos reservando como cada año, cada cosecha, en silos, en silobolsas”, afirmó el federado.

El ministro de Economía, Axel Kicillof, sostuvo el domingo pasado a Página/12 que existen 11 millones de toneladas de soja sin vender. Como respuesta, el titular de Coninagro dijo, en una primera instancia, que eran tan sólo 4 millones. Sin embargo, en una entrevista con Radio Nacional, manifestó que en realidad lo que había en silos y silobolsas era la mitad de 11 millones, es decir, 5,5 millones. En concreto, los ruralistas de la Mesa de Enlace saben que los grandes exportadores están presionando al Gobierno a partir de la no liquidación de la cosecha almacenada.

“Los dirigentes agropecuarios dijeron que el nuevo tipo de cambio beneficiaba a los productores, pero después pareciera que de alguna otra usina ideológica recomendaron otro discurso y ahora se oponen. Pero vamos a desmitificar la contradicción. Si este tipo de cambio no alcanza porque aumentan los insumos de carácter importado, entonces otro tipo de cambio más alto tampoco va a alcanzar porque en definitiva se trasladará al precio de los insumos (...) Obviamente existen ciertas conductas que tienen que ver con la avaricia u otro tipo de carácter especulativo”, remarcó el jefe de Gabinete. Otro dirigente que reconoció la existencia de silobolsas con granos fue Pedro Apaolaza, vicepresidente de CRA.

Si los sectores interesados reconocieron que efectivamente están sentados sobre los granos de soja, ¿cuáles serían las herramientas con las que cuenta el Estado para que esa decisión empresaria no perjudique al conjunto de la población? Intelectuales, académicos, economistas y dirigentes políticos comenzaron a reclamar una mayor participación del Estado en el comercio exterior de granos. El último en expresarse fue el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez. “Tenemos que impulsar una agencia nacional de comercialización de cooperativas de productores. El esfuerzo de los argentinos no puede quedar en manos de las diez empresas que manejan el comercio exterior de granos. Por eso es necesario que la renta que genera el comercio exterior de granos la puedan aprovechar los productores y cooperativas argentinas”, concluyó Domínguez.

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