La AFIP también investigará a Ramón Puerta. El organismo fiscalizador se presentó ayer ante el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Posadas con el objetivo de ser tenido en cuenta en la investigación por el posible delito de trata de personas (trata laboral) y explotación infantil. Las denuncias penales que involucran al ex presidente interino fueron presentadas el lunes pasado por el Renatea, luego de una inspección realizada en la estancia I Pora, donde encontraron más de 30 trabajadores en condiciones infrahumanas.

“Es fundamental el rol del Estado en la protección integral de los derechos del trabajador y el control del correcto ingreso de los recursos de la seguridad social. La AFIP tomó conocimiento de presuntas irregularidades atribuibles a personas que actuarían como cuadrilleros, que prestan servicios de cosecha utilizando peones rurales que no estaban declarados y que vivían en condiciones infrahumanas”, señaló el responsable del organismo, Ricardo Echegaray, a través de un comunicado.

El organismo reconoció que existen “prácticas habituales en la utilización de empresas insolventes, que simulan la prestación de servicios de mano de obra que son utilizadas por los verdaderos empresarios usuarios de ese servicio, que pretenden con esa maniobra evadir sus obligaciones previsionales”.

Este planteo está en sintonía con la hipótesis del Renatea, cuyos abogados consideran que Ramón Puerta es “solidariamente responsable” por la situación en la que se encontraban los trabajadores rurales, que habían sido subcontratados por una contratista de Puerta. El expediente judicial cayó sobre el juez Ramón Claudio Chávez, nombrado en 1992 por el entonces gobernador Puerta. Además de este vínculo, habrían compartido la escuela primaria. En 2011, el magistrado ordenó el cierre de un canal de televisión, por lo que se enfrentó con Puerta cuando éste era diputado de la nación.

El fiscal que deberá investigar si efectivamente Puerta debe ser acusado por trata de personas (trata laboral) se llama Juan Carlos Tesoriero, quien ingresó al Poder Judicial durante la última dictadura cívico-militar. Tesoriero es cuñado de Carlos Souto, dueño de la agencia La Ese, “que en los últimos tiempos lideró una ofensiva mediática para el Grupo Clarín”, según narraron a este diario desde los tribunales misioneros. Souto también hizo campañas políticas para Francisco De Narváez y Mauricio Macri.

La denuncia penal fue presentada el lunes pasado. La otra demanda fue presentada ante el procurador de la provincia, donde se solicita investigar el posible delito de explotación infantil.

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