La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio por cerrado el caso contra el Estado argentino por violaciones de derechos esenciales de los jubilados. El litigio tenía casi dos décadas de historia. Había arrancado en 1995, cuando las políticas del menemismo hacia el sector dejaron tierra arrasada. Lejos de acercar una solución, el gobierno que le siguió, el de la Alianza, agravó los hechos con la rebaja del 13 por ciento en los haberes de más de 600 mil jubilados y otras medidas en la misma dirección. Después de los cinco presidentes y el interregno de Eduardo Duhalde, el gobierno de Néstor Kirchner inició un proceso de negociaciones con los litigantes que derivó, ya con Cristina Fernández en el Ejecutivo, en 2009, en un acuerdo para una “solución amistosa”. El convenio tuvo el seguimiento de la CIDH durante cinco años, hasta que anteayer el organismo de la OEA emitió un reporte dando por cumplidos los compromisos del Estado nacional con los jubilados y clausurando el juicio.

La información fue comunicada por la Anses, que junto a la Cancillería asumió la representación del Gobierno. El organismo previsional destacó un párrafo del documento de la CIDH: “La Comisión ‘valora la abundante y detallada información suministrada por el Estado, que da cuenta de las reformas estructurales en materia de seguridad social’”.

La causa se había iniciado en repudio a la mal llamada Ley de Solidaridad Previsional, que impulsó Domingo Cavallo a mitad de la década del 90. La norma generó una serie de obstáculos prácticamente insalvables para los jubilados que querían acceder a la Justicia para reclamar por derechos vulnerados, que en aquellos años eran múltiples. Los abogados Sergio Bobrovsky y Horacio González se presentaron ante la CIDH como patrocinantes de Juan Caride y Amílcar Menéndez, entre otros jubilados. Después se sumaron como querellantes el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por su sigla en inglés). La dependencia de la OEA tomó el caso y recién logró que el Estado argentino hiciera algún avance con la llegada de Kirchner al poder.

Como se mencionó al comienzo, en 2009 el Gobierno y los litigantes alcanzaron un acuerdo para una solución amistosa, el cual fue perfeccionado en 2011. Allí se estableció una serie de compromisos que el Estado debía cumplir. Por ejemplo, dejar de apelar los fallos judiciales de primera instancia que siguieran la doctrina de la Corte Suprema en materia previsional –básicamente los fallos Badaro y Eliff, que establecieron actualizaciones de jubilaciones por los períodos 2002-2006 y 1991-2004, respectivamente—, acortar a 120 días el pago de sentencias firmes, promover reformas estructurales en materia jubilatoria y definir un mecanismo automático de cumplimiento de los fallos.

En noviembre pasado, el CELS se presentó ante la CIDH y comunicó que había cesado su representación en el caso, al considerar que se habían producido avances sustanciales en la mayoría de aquellos puntos y que no había razones para seguir buscando una condena internacional al Estado argentino por su política hacia los jubilados. Lo mismo había hecho antes –en 2011– el Cejil. El CELS se dio por satisfecho con la información entregada por la Anses sobre la cantidad de expedientes en los que había desistido del recurso de apelación, el aumento considerable en el pago de sentencias (ver nota aparte) y el esquema automático para definir qué expedientes se pagan primero. También resaltó las reformas profundas a aquella Ley de Solidaridad Previsional y la aprobación de una ley de movilidad jubilatoria que ordena dos aumentos por año para todos los beneficiarios del sistema. Otro punto que el CELS tuvo en cuenta fue que el Gobierno corrigió la política previa, del menemismo y la Alianza, de pagar sentencias a jubilados con bonos y pasó a hacerlo en efectivo. El CELS advirtió que un punto aún pendiente es el tiempo en la liquidación de sentencias, que sigue superando los 120 días.

Bobrovsky, por el contrario, se manifestó disconforme con lo actuado por la Anses y siguió reclamando ante la CIDH. Así lo hizo también en noviembre pasado. En diálogo con Página/12, el especialista consideró que sigue habiendo graves incumplimientos con los jubilados, en especial en la forma, los montos y los plazos en la liquidación de sentencias.

Diego Bossio, jefe de la Anses, destacó, en cambio, “los enormes avances que hemos hecho todos estos años, que merecieron el reconocimiento internacional de la CIDH”. “En 2003 el Estado destinaba el 5 por ciento del PBI a seguridad social y en 2013 fue el 12,5 por ciento. Eso significa haber sumado más de 2,5 millones de jubilados, tener hoy la mayor cobertura previsional de la región y haber iniciado un proceso de recuperación de los haberes”, evaluó ante este diario.