El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12 y la AFIP allanaron tres domicilios vinculados con las operaciones de Iron Mountain en Argentina. Los operativos fueron requeridos en el marco de la causa iniciada por una denuncia del fisco. La demanda empezó la semana pasada luego de detectar maniobras financieras sospechosas de la multinacional por 17,8 millones de dólares entre 2007 y 2014. Durante los allanamientos se secuestraron libros societarios de la firma y sus propietarias, documentación sobre transacciones bancarias y correos electrónicos. La investigación judicial en marcha dada a conocer por Página/12 identificó en el funcionamiento de Iron Mountain Argentina SA una serie de comportamientos e inconsistencias que caracterizan delitos de lavado de dinero. En los próximos días la UIF y Procelac podrían presentarse en la causa.

En junio de 2013, siete meses antes del incendio del 5 de febrero que destruyó el depósito de la firma en Barracas y dejó un saldo de diez muertos entre bomberos y rescatistas, la AFIP había comenzado a fiscalizar a Iron Mountain. Aunque la empresa exhibía una extensa plantilla de empleados y un elevado nivel de facturación, nunca arrojó utilidades y, por lo tanto, tampoco ingresó un peso al fisco por el Impuesto a las Ganancias. La investigación encontró una serie de maniobras sospechosas. Para empezar, la corporación dedicada a la guarda y archivo de documentación sensible tiene su casa matriz en Boston, pero el 98,8 por ciento de la filial argentina es propiedad de otra firma radicada en Luxemburgo. Esa empresa antes tenía domicilio en las islas Caimán. Ambas jurisdicciones son reconocidos paraísos fiscales. Pero el hallazgo más llamativo es que una empresa que genera escasas o nulas utilidades aumente sistemáticamente su patrimonio neto y se financie con un atractivo préstamo por 20 millones de dólares que no debe reintegrar otorgado por otra subsidiaria financiera del grupo radicada en Suiza. Como parte de ese proceso que se aceleró luego del incendio se emitieron cuatro Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).

Ayer, la Justicia y la AFIP allanaron el depósito de Barracas ubicado en Amancio Alcorta 2482 y otro establecimiento en Saraza 6135, en Mataderos. El operativo principal fue realizado en el estudio de abogados DBSV utilizado para inscribir ante la Inspección General de Justicia a Iron Mountain South America, la propietaria del 98,9 por ciento de la firma local que está radicada actualmente en Luxemburgo.

“Encontramos documentos relacionados con la causa”, afirmó anoche la subdirectora de Operaciones Impositivas de la AFIP, Karina Elisabeth Vernier. En la multinacional no respondieron las consultas de Página/12 y desde el estudio de abogados ubicado en Alem 619 confirmaron el allanamiento, pero evitaron realizar declaraciones.

“¿Cuál es la lógica comercial y financiera que lleva a sostener una empresa que no genera utilidades, aumenta su patrimonio neto, sostiene un numeroso personal y requiere la permanente inyección financiera de un préstamo con origen en paraísos fiscales?”, se pregunta la AFIP en la denuncia que fue ratificada esta semana. El caso es complejo y difícil en materia probatoria. A diferencia de otras causas donde se identifica o sospecha el hecho delictivo de donde provienen los fondos para la presunta maniobra de lavado, en ésta se trata de un evento netamente contable.

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