La decisión del presidente Eduardo Duhalde de establecer un impuesto a las empresas a las que se les licuaron pasivos enfrenta la oposición del Ministerio de Economía. Aunque desde el ala política del Gobierno insistieron en que se trata de una decisión tomada, fuentes del Palacio de Hacienda dijeron a Página/12 que podría darse marcha atrás con la iniciativa. La necesidad de aumentar los fondos para ayuda social, en cambio, no está en discusión. La plana mayor de Economía pasó la tarde de ayer buscando una nueva alternativa de financiamiento que no afecte los beneficios ya concedidos a los principales grupos económicos.
El germen de la discordia fue introducido por Carlos Brown. El ex ministro de la Producción de Duhalde en la provincia de Buenos Aires presentó hace dos semanas una propuesta “creativa” para financiar el capital de trabajo de las pymes. Consistía en aplicar un impuesto a las empresas que más se beneficiaron con la pesificación. Tomando cifras del Banco Central y considerando sólo las empresas con pasivos por más de 3 millones de dólares, Brown calculó que existía un stock de deuda de 25 mil millones de dólares transformadas a igual cifra en pesos. La fenomenal diferencia producida por la pesificación, propuso, bien podría compensarse con un impuesto del 20 por ciento sobre esos montos. Esta alícuota permitiría recaudar nada menos que 5 mil millones de pesos. El presidente Duhalde se mostró desde el principio entusiasmado con el proyecto.
En paralelo, distintos sectores del Gobierno –Interior, Trabajo y Acción Social–, al que se sumó la Iglesia, retomaron el repetido argumento del “esfuerzo que deben hacer los que más tienen”. Pero no se trataba sólo de una cuestión de justicia o equidad. Estas carteras son las que reciben de manera directa las demandas de las provincias, sindicatos y sectores más postergados. Cada vez se volvía más evidente la restricción presupuestaria para atender la emergencia social en un contexto de virtual colapso del aparato productivo. La idea de Brown comenzó a tomar fuerza, pero los fondos ya no irían a las pymes sino a contener la creciente conflictividad social. Sobre todo, luego de que se asumiera que el BID y el Banco Mundial no realizarían aportes en el corto plazo. Además, el nuevo impuesto también presenta un costado político. Fuentes consultadas por este diario coincidieron en la necesidad de enviar señales a la población de que este gobierno no beneficiaba sólo a los más ricos.
Desde Economía, sin embargo, se insistió en que era imposible obtener 5 mil millones de las empresas, pues –al margen de ganancias extraordinarias de otrora o del dinero que mantengan en el exterior– también sufren la coyuntura. Por eso, rápidamente se bajaron las expectativas y comenzó a hablarse de una alícuota del “5 por ciento por única vez” que permitiría obtener 1250 millones. Este dinero se sumaría a los 1500 millones que aportará el sector agropecuario como “donación” o, dejando eufemismos de lado, como moneda de cambio a las más gravosas retenciones. Con los casi 3 mil millones, el Gobierno espera instrumentar un programa social para otorgar un subsidio de 150 pesos mensuales a 2 millones de desocupados.
No obstante, hasta ayer algunos funcionarios del equipo económico continuaban oponiéndose al gravamen y argumentaban que “el FMI no lo aceptará”, olvidando que la parte que mira el Fondo no son los ingresos sino los gastos. Como podía preverse, las empresas alcanzadas por el nuevo impuesto pusieron el grito en el cielo, pero el poder de lobby en la tierra del Ministerio de Economía.
Si desde Hacienda no se logra imponer otro criterio, el proyecto del nuevo gravamen será enviado hoy mismo al Congreso. En cualquier caso, el ministro Jorge Remes Lenicov anunciará hoy de dónde saldrán los fondos para el programa social. Sólo resta saber si “el esfuerzo de los que más tienen” se quedará o no en el plano del discurso.