“Los fondos buitre no quieren negociar. Se quieren apropiar de la plata de los bonistas del canje”, sentenció anoche el Ministerio de Economía a través de un comunicado. Esa definición resume buena parte de lo que ocurrió en la jornada de ayer en el conflicto con los fondos especulativos. Los holdouts hicieron una presentación ante el juzgado de Thomas Griesa: “Pidieron expresamente que los fondos depositados por Argentina en pago a los bonistas de la reestructuración de la deuda de 2005 y 2010 no lleguen a manos de sus legítimos dueños, es decir, los tenedores de bonos”, indica la versión oficial. Luego agrega que el Bank of New York (BoNY), que recibió la totalidad del pago en tiempo y forma, se opuso ante Griesa a lo planteado por los buitres, a raíz de los reclamos que está recibiendo de los bonistas que esperan cobrar. Sin embargo, agrega Economía, “el BoNY sigue incumpliendo su obligación al no haber dejado cobrar a la totalidad de los bonistas” del canje.

La conclusión a la que llega el comunicado es la siguiente: “Los fondos buitre no quieren arribar a una solución justa, equitativa y legal que contemple los intereses del ciento por ciento de los acreedores. Pese a ellos, la Argentina concurrirá el 7 de julio a la reunión propuesta por el mediador, Daniel Pollack”.

A medida que pasan los días van quedando claras las posiciones del Gobierno y los buitres en esta etapa del conflicto. Las autoridades plantearon que la Argentina ya cubrió el vencimiento del 30 de junio y que la responsabilidad de que el dinero llegue a los bonistas que participaron del canje es del juez Thomas Griesa y del BoNY. El magistrado impidió hasta ahora a esos acreedores cobrar lo que les corresponde. Si no se llegara a un acuerdo con los buitres antes del 30 de julio y los bonistas siguieran sin poder cobrar, el Gobierno anticipó que iniciará una batalla legal contra su par de Estados Unidos y el propio BoNY en tribunales internacionales, como el de La Haya, por afectar contratos no involucrados en la pelea con los buitres, que se circunscribe a los bonos del default de 2001 y no a los bonos de los canjes de 2005 y 2010.

El Gobierno les sugirió a su vez a los bonistas que están como rehenes del conflicto con los buitres que accionen judicialmente para exigir el cobro que les corresponde.

En tanto, los buitres también empezaron a mostrar su juego. Jay Newman, gerente de cartera de Elliot Management, uno de los principales litigantes contra la Argentina, sugirió ayer que una alternativa para poner sobre la mesa el próximo lunes, cuando las partes se encuentren con el mediador Pollack, es replicar los acuerdos que alcanzó el Gobierno con Repsol y el Club de París. Es decir, establecer pagos a plazo, que podrían llegar a casi 20 años si se sigue el esquema de los bonos emitidos para compensar a Repsol, con fecha de vencimiento en 2034, o mucho más cortos, con pagos en efectivo hasta el 2019, siguiendo el entendimiento con el Club de París. Como sea, los buitres lucen por ahora más apurados que las autoridades nacionales, que mientras tanto siguen cosechando apoyos a nivel internacional, como el que expresará mañana la Organización de Estados Americanos en su cumbre de cancilleres.

Mientras fondos especulativos como Elliot buscan apurar la negociación, la Argentina intenta involucrar cada vez a más actores, incluyendo gobiernos de otros países. Además del encuentro de la OEA, en el transcurso de este mes la presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibirá en Buenos Aires a los mandatarios de Rusia, Vladimir Putin, y China, Xi Jinping, y participará con ellos de una cumbre de los Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) en Brasilia. Esas grandes potencias y referentes de economías emergentes expresarían su apoyo al país contra los buitres. Esos países son actores importantes del G-20.

Newman se entusiasmó con un esquema de acuerdo similar al del Club de París.