El informe “The Fire Power of the Financial Lobby”, elaborado por el Corporate Europe Observatory, revela que el sistema financiero global destinó unos 120 millones de euros anuales para influir en instituciones políticas europeas. El objetivo fue frenar reformas que podían perjudicar sus negocios, como fijar la Tasa Tobin, que es un gravamen sobre transacciones financieras para desalentar la creación de burbujas especulativas. La Unión Europea había acordado que entraría en vigor en 11 de los 28 países del bloque. El lobby financiero logró demorar su aplicación hasta el 2016, además de disminuir su alcance sólo a la compraventa de acciones, excluyendo los productos derivados de materias primas, divisas y deuda soberana, instrumentos financieros que son el corazón de las burbujas modernas.

El libro Los lobbies financieros. Tentáculos del poder, de Juan Hernández Vigueras, explica el inmenso poder de influencia de esos grupos sobre los gobiernos e instituciones multilaterales. Esos lobbies han logrado colocar a sus agentes en las más altas esferas del poder, tanto en Estados Unidos como en Europa. Antes de la crisis que estalló por el colapso de los créditos subprime hicieron lobby para fomentar la desregulación financiera. Los grandes bancos y firmas financieras de Wall Street gastaron en estas actividades 3400 millones de dólares de 1998 a 2008, impidiendo reformas legales que habrían podido prevenir la crisis financiera. Luego, con la debacle, intervinieron para conseguir primero el salvataje de bancos y banqueros y después para frenar medidas para modificar el funcionamiento del sistema financiero internacional. La promesa de reforma de las finanzas globales fue abortada por los lobbies bancarios.

La investigación “Big bank takeover. How too-big-to-fail’s army of lobbyists has captured Washington”, publicado por el Institute for America’s Future, descubre que en el equipo de lobbistas de los seis grandes bancos de Estados Unidos (Goldman Sachs, Bank of America, JP Morgan-Chase, Citigroup, Morgan Stanley y Wells Fargo), 243 trabajaron en el gobierno federal, 202 en el Congreso y otros tantos en la Casa Blanca, el Tesoro o en agencias gubernamentales de relevancia. El documento precisa que en la última década las entidades financieras invirtieron 5100 millones de dólares en comprar influencia política. De ese monto, 1700 millones fueron contribuciones de campaña a congresistas y candidatos presidenciales, y el resto como pago a los lobbistas del sector financiero en el Congreso y en otras instancias del Estado.

Ese circuito de dinero sería categorizado como un tipo de corrupción y tráfico de influencia en países periféricos, mientras que en Estados Unidos está legalizado bajo la figura del lobby. Aplican su inmenso poder de influencia sobre gobiernos e instituciones internacionales, siendo uno de sus principales canales los grandes medios de comunicación. Si han tenido éxito para frenar los intentos de regular las finanzas globales, el caso argentino no se presenta como un desafío que los pueda intranquilizar.

Esa tarea la ha desarrollado la American Task Force Argentina (ATFA), entidad de lobby del fondo buitre Elliott, de Paul Singer. En su página oficial, el Grupo de Tareas se presenta como “una alianza de organizaciones unida para un acuerdo justo y equitativo del incumplimiento de la deuda de 2001 y la posterior reestructuración de la deuda del gobierno argentino”. Para agregar que “nuestros miembros trabajan con legisladores, medios de comunicación y otras partes interesadas para impulsar al gobierno de Estados Unidos a que presione por un acuerdo negociado con el gobierno argentino que defienda los intereses de los ciudadanos estadounidenses”. Se enumera un listado de miembros y financistas del grupo, dominado por entidades de productores de ganado, agrícolas, asociaciones de mujeres. Todos esos integrantes son una pantalla para la acción del fondo Elliott de Singer. Desde la última semana, la página de inicio orienta directamente a factcheckargentina.org, compendio de tergiversaciones sobre la situación económica y posición argentina, las mismas que es posible descubrir en algunos análisis locales.

La ATFA ha invertido millones de dólares en una persistente campaña de desinformación en la prensa estadounidense, con ramificaciones en la argentina, para influir en la opinión pública, en el Congreso estadounidense, en la Legislatura del estado de Nueva York y en los tribunales de la ciudad que ampara a Wall Street. También ha intervenido en las calles y en las redes sociales: financió cacerolazos, movidas político-mediáticas y escraches frente a la embajada argentina en Washington. Estas fueron algunas de las acciones que ATFA realizó para desprestigiar a la Argentina.

Un ejemplo de esas operaciones de lobby impulsado por la ATFA es el artículo publicado en The Wall Street Journal y reproducido por La Nación el martes pasado. Presentan a una jubilada, con bonos impagos por 45 mil dólares, integrante del grupo de trece inversores argentinos asociados a los fondos buitre en el juicio con fallo favorable del juez Thomas Griesa. Lo que no es mencionado en esa historia sentimental es cómo esos ahorristas llegaron a ser parte del juicio, qué aportes han realizado para financiar los carísimos abogados que llevan adelante el caso, y cuál es el vínculo con Singer & Cía.

No hay que ser muy perspicaz para descubrir la acción de ese lobby desplegada en los grandes medios por financistas y economistas. Los más audaces dicen que hay que pagar tal como lo estipuló Griesa; los más sutiles afirman que todo lo que hizo el gobierno argentino estuvo mal. El uso del significado de una palabra los delata: los fondos buitre, especialistas en comprar bonos de deuda en default para litigar, los mencionan como holdouts, acreedores que no ingresaron al canje de deuda sin iniciar juicios. Holdouts y fondos buitre son diferentes tipos de acreedores; no son lo mismo.

La ATFA está acosando a la Argentina luego del exitoso primer canje de deuda en default, en 2005, que logró la aceptación del 76 por ciento de los acreedores, porcentaje que se elevó al 92,4 por ciento con el segundo trueque de papeles, en 2010. Singer ha contratado para esa tarea a demócratas, al tiempo que ha ganado influencia en el Partido Republicano a través de donaciones millonarias para campañas electorales. En la última para presidente fue uno de los mayores aportantes del comité de acción política del candidato Mitt Romney.

El Grupo de Tareas de Singer está conducido por tres ex funcionarios de la administración Clinton. El presidente Robert Raben fue fiscal general adjunto del Departamento de Justicia y es presentado en la página oficial como quien “dirige los esfuerzos de educación y promoción de la American Task Force Argentina en el Capitolio, animando al gobierno de Estados Unidos a tomar medidas en nombre de los contribuyentes, empresas y tenedores de bonos estadounidenses”. El copresidente es Robert Shapiro, quien fue subsecretario de Comercio para Asuntos Económicos y asesor del presidente Bill Clinton. La tercera ejecutiva de ATFA es Nancy Soderberg, ex embajadora de Estados Unidos en la ONU durante la gestión Clinton. La ATFA publicó el jueves pasado una solicitada en diarios argentinos sumando confusión sobre la posición del gobierno de CFK, y un día antes envió al país a Shapiro y Sodorberg para reunirse con distintos “formadores de opinión” con el objetivo de sumar información sobre la economía local. Ambos almorzaron en el Palacio Duhau con un grupo de periodistas. En el mar de confusiones agitado por el Grupo de Tareas para desprestigiar a la Argentina sería esclarecedor saber si además de periodistas tuvieron otros interlocutores atentos a escucharlos.

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