Tras los dos primeros encuentros con el “facilitador” designado por Thomas Griesa quedó ratificada, en opinión del Gobierno, la necesidad de seguir buscando “un plan B” para salir del encierro que le impuso la resolución judicial norteamericana a la situación de deuda soberana del país. La cuestión del “corralito” dispuesto sobre los fondos que Argentina ya pagó, pero que los bonistas que canjearon sus títulos en 2005 o en 2010 no pueden retirar del banco, sigue siendo el tema crucial en lo inmediato. Fue el punto sobre el cual insistió Argentina ante Daniel Pollack este viernes en Nueva York, sin respuesta concreta. Mientras tanto, se multiplican las consultas a especialistas, organismos internacionales, gobiernos y diversos actores financieros acerca de la posibilidad de construir una salida que signifique evitar el “default” al que la actitud inflexible de Griesa pretende llevar al país a fin de mes. El marco de la VI cumbre de los Brics, en Fortaleza, es visto como una plataforma posible de lanzamiento de –o, más modestamente, inicio de conversaciones sobre– una nueva alternativa. El respaldo que, hasta ahora, Argentina recibió en términos declamativos desde diferentes espacios de la comunidad internacional, se espera que en estos días pueda quedar plasmado en propuestas concretas de intermediación o a través de esquemas político-financieros alternativos que impidan una profundización del conflicto, si es que la Justicia norteamericana no se mueve de su actual postura.

No hubo negociación “cara a cara” con los fondos buitre. Pero tampoco intermediada. El round del viernes en Nueva York, en las oficinas de Pollack, consistió en una exposición de argumentos de cada una de las partes, por separado, ante el “facilitador”, que no escuchó otra cosa que lo que ya podía conocer de antemano. Transmitió el mensaje de cada una de las partes a la otra y no obtuvo, en apariencia, muchos más elementos para avanzar hacia algún tipo de propuesta que pudiera combinar las demandas de unos y otros, que es lo que le corresponde hacer al mediador. En definitiva, Argentina insistió en que la suspensión de la sentencia de “embargo” es imprescindible para poder avanzar, mientras que los acreedores “buitres” insisten en que “sin un compromiso de pago concreto” de parte de Argentina es imposible acceder al retiro de la espada de Damocles que representa ese fallo. Las reuniones continuarán la semana próxima, quizás en forma conjunta, según se esperanzó el propio mediador y lo expresó en un comunicado. Pero el transcurrir del tiempo con el “corralito” impuesto por Griesa todavía vigente se asemeja, desde la perspectiva argentina, a que se aleja la posibilidad de una solución satisfactoria (esto es, sin “default técnico” declarado por las calificadoras de riesgo) en el marco de la Justicia.

Ni siquiera el peso de los reclamos de los agentes pagadores en Nueva York, y de los centros financieros de Europa y de Tokio (Bank of New York, Euroclear, Clearstern, cajas de valores de Luxemburgo y Bruselas, JP Morgan), pidiendo al juez una resolución que los libere de la presión y de la amenaza de acciones judiciales de los bonistas perjudicados por el bloqueo de los pagos, cambió la posición del tribunal neoyorquino. El actual estado de cosas sigue siendo la vigencia de una sentencia de “embargo” a favor del pedido de los fondos buitre, que no se aplica pero que, en cambio, fue reemplazado por una orden de “no pagarle” a los acreedores. Los fondos girados por Argentina para cumplir con el vencimiento del 30 de junio quedaron, en consecuencia, en el “corralito” que el juez Griesa dispuso sobre las cuentas del Bank of New York Mellon: por contrato de emisión de los títulos, el receptor de los fondos al que le debe pagar el Banco Central, y distribuidor de los mismos hacia sus diferentes destinos.

En la perspectiva de que el juez de Nueva York mantenga inflexible su posición –por irracional que resulte, e inconveniente para los bancos pagadores–, Argentina debería encontrar una alternativa extrajudicial que le evite el trago amargo del default técnico, que se declararía en su contra si, al 30 de julio (pasados treinta días del vencimiento original), los tenedores de títulos del canje no logran hacerse de los fondos ya depositados. Este es el tema que se trabaja en distintas conversaciones informales que tuvieron lugar en las últimas jornadas, apuntando a encontrar “una vía de escape” al default, ya sea, mediante “una operación financiera indirecta con los acreedores” que quite la presión inmediata sobre Argentina, o bien mediante una operación política que “ponga al país a resguardo de la extorsión de los capitales financieros”. O “una combinación de ambas”, se escuchó decir en estos días.

Los Brics, nucleamiento que reúne a cinco economías con fuerte peso en la economía mundial y una promisoria proyección de crecimiento, realiza esta semana su sexta cumbre en Fortaleza, ciudad del Nordeste brasileño. Los cinco jefes de gobierno que la componen le pondrán la firma, en este encuentro, a dos proyectos que podrían cambiar la escenografía del mundo financiero en los próximos años: son los que proponen la creación de un fondo común de reservas en divisas (dólares y euros) para respaldar la estabilidad financiera de los países miembro, y un banco común de desarrollo, para financiar grandes proyectos de infraestructura.

La iniciativa parece tomada a imagen del acuerdo de Bretton Woods de la década del 40 del siglo pasado, posterior a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que le dio origen al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial (por entonces, denominado Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF). Precisamente, uno y otro prometían como metas las mismas que hoy asumen el propuesto Fondo de Reservas y Banco de Desarrollo de los Brics. A su vez, la aparición en escena de estos dos últimos surgen como la demostración fáctica de que aquellos dos no cumplieron, o dejaron de cumplir, su objetivo, dejando abierta la necesidad de ocupar ese espacio con nuevas instituciones.

En el gobierno argentino, no son pocos, ni son poco escuchados, quienes vienen alentando que el Gobierno plantee en ese nuevo espacio el conflicto sistémico que hoy enfrenta en el terreno financiero internacional, con una reestructuración de deuda exitosa en la adhesión alcanzada (93 por ciento), pero hoy amenazada de derrumbe por la acción de una minoría con suficiente poder de lobby en los estrados judiciales. Sin aspirar al status de convertirse en “sexto miembro” de los Brics (el nucleamiento ni siquiera se ha planteado la posibilidad de agregar sillas a la mesa aún), Argentina podría proponer la consideración de la pelea con los fondos buitre en el marco del Foro de Diálogo que se desarrollará a la par de la cumbre, al que el país fue invitado en el marco de un listado de invitaciones muy cerrado.

En definitiva, no es simplemente un problema particular el que afronta Argentina, sino la exteriorización de la falta de reglas de resolución para conflictos de deudas soberanas, ante situaciones de default y aun en caso de acuerdo con una mayoría calificada de acreedores, tal cual lo expuso pocos días atrás la ex vicetitular del FMI Anne Krueger, en un artículo con su firma que se ocupó directamente del caso argentino (“Argentina’s Sovereign Bondage”, publicado en la página web Proyect Syndicate).

Quienes trabajan en el tema se reservan los detalles acerca de la forma que podría adoptar una propuesta de solución que parta del seno de los Brics, o de alguno o algunos de sus miembros. Pero se descarta que se trataría de un “paraguas político” y, a la vez, una respuesta financiera a los mecanismos de pago, hoy trabados y sin solución por la sentencia de Griesa. “Hay muchas entidades financieras, incluso en Estados Unidos, preocupadas por el costo que puede tener esta situación para el sistema financiero, y están dispuestas a dar una mano; pero hasta ahora, ninguna propuesta resuelve el tema por sí sola: hace falta una acción política”, sostuvo uno de los expertos consultados por Página/12, que a la vez fue sondeado por autoridades argentinas para buscar un camino de salida.

El palo en la rueda del mecanismo de pagos que puso la sentencia de Griesa encolumnó, paradójicamente, del lado argentino a muchos actores que, en otras circunstancias, hubieran sido considerados más próximos a los capitales financieros internacionales. Argentina tiene por delante un cronograma de vencimientos de deuda para el cual cuenta con los recursos y las herramientas para cumplir puntualmente, tanto de aquí a fin de año como en el abultado calendario previsto para 2015. Entre ellos, el primer pago al Club de París a fin de este mes. Pero las trabas que hoy se le imponen podrían complicar todo el panorama. No sólo al gobierno argentino le preocupa esa eventualidad.