El juez de Nueva York Thomas Griesa volvió de sus vacaciones y decidió recibir, el próximo martes, a todos los terceros afectados por su fallo y a los protagonistas del juicio, el Estado argentino y los fondos buitre. Las órdenes del magistrado impiden a los bonistas del canje cobrar los 832 millones de dólares depositados por la Argentina tres semanas atrás para cancelar los vencimientos de capital e intereses de su deuda en moneda extranjera. El 22 de julio a las 14, el magistrado escuchará y responderá los pedidos de aclaración presentados por el Bank of New York Mellon (BoNY), el fiduciario establecido en el canje, el JP Morgan Chase, responsable de los pagos en yenes, y las dos cajas compensadoras intermediarias Euroclear Bank y Clearstream Bank. Los fondos de inversión denominados Eurobondholders, que poseen títulos denominados en euros y emitidos bajo la ley de Inglaterra y Gales, también participarán del encuentro. Su presión para que el juez les permita recibir su dinero es más fuerte. Incluso en sus escritos señalan que Griesa se excedió en sus atribuciones "inducido" por los fondos buitre.

Las cuatro entidades financieras --BoNY, JP Morgan, Euroclear y Clearstream-- están encargadas de procesar los pagos de los distintos vencimientos de deuda de los bonos reestructurados realizados por el país desde 2005. Sin embargo, Argentina le depositó al fiduciario los fondos del último pago a fines de junio, pero no procedieron a hacer su parte, ya que las órdenes del tribunal neoyorquino se lo impiden, pretendiendo que antes se satisfaga la demanda de 1500 millones de dólares de los buitre. Todas las terceras partes cuestionaron formalmente las imprecisas restricciones del tribunal pero las acataron. Desde el Gobierno y los acreedores, propietarios de los fondos, advierten que las órdenes de Griesa exceden su jurisdicción, ya que se trata de bonos regidos por legislaciones argentina, inglesa y japonesa.

Antes de partir de vacaciones, Griesa sólo respondió uno de los múltiples pedidos de precisiones presentados por las distintas entidades participantes de la cadena de pagos. El magistrado dijo que ese banco no tiene ningún impedimento legal para canalizar los vencimientos de los bonos en dólares emitidos bajo ley argentina. Sin embargo, Euroclear todavía no procesó los pagos de esas acreencias. En paralelo a las conversaciones iniciadas con el mediador Daniel Pollack, en las que Argentina reclamó la suspensión temporal de las órdenes del juez para abrir una negociación con los buitres sin violar sus obligaciones contractuales, el Gobierno intimó a todos los intermediarios a que procesen el pago de los bonos no regidos por ley norteamericana.

La esperada convocatoria de Griesa reactivó las especulaciones sobre el futuro de la deuda externa. Ese día, el juez responderá las demandas, intimaciones y pedidos de aclaraciones de innumerables terceros afectados, que no sólo cuestionan su fallo sino que ni siquiera lo entendieron. Si los intermediarios no canalizan antes del 30 de julio los pagos a los acreedores, estos últimos estarían legalmente habilitados a reclamar que el país le pague en forma adelantada ya no esos fondos sino la totalidad de lo adeudado. En ese momento, de acuerdo con el contrato de los bonos, la deuda sería considerada en default. Es una situación inédita en la historia del capitalismo, ya que si bien el país cumplió con sus obligaciones, los intermediarios no lo hicieron por impedimento legal.

Por eso, una hipótesis barajada por fuentes del sector privado es que el juez acceda, el próximo martes, a reponer por un breve período la medida cautelar que suspende la aplicación de los embargos y habilite así el pago de los bonos que vencieron el 30 de junio. Esa hipotética decisión despejaría un escenario de default inminente y habilitaría una escueta ventana de negociación hasta el próximo vencimiento, el 30 de septiembre. En ese momento, se deben pagar los bonos Par en dólares, euros y pesos. Si, en otro posible desenlace, el tribunal neoyorquino permite el pago de las series de deuda que no están alcanzados por la jurisdicción del juez norteamericano, y se efectivizan sus pagos --regidos por ley local, inglesa y japonesa--, los vencimientos en moneda extranjera afectados por la demanda buitre se reducirían, solamente, a los 230 millones de dólares de los bonos bajo ley norteamericana.