A última hora de ayer, el acuerdo entre un grupo de bancos y otro tipo de empresas que operan en la Argentina y los fondos buitre litigantes todavía estaba en veremos, luego de una frenética jornada en la cual varias veces se dio por cerrada la operación. Buena parte de la comitiva de banqueros que había viajado a Manhattan para procurar evitar el default volvió anoche al país, aunque no se descarta ninguna opción. En esa línea se manifestó el ministro de Economía, Axel Kicillof, quien señaló durante su conferencia de prensa de la tarde que “no me extraña que pueda ocurrir una solución entre privados” y que “los bancos tienen en sus activos bonos del canje cuyo precio podría bajar si no se llega a un acuerdo”. En efecto, los bancos poseen 73 mil millones de pesos en bonos argentinos. Entre la ola de rumores, las acciones de los bancos subieron fuertemente. Una posibilidad que se baraja es que las empresas compren la totalidad del juicio ganado por los buitres, por unos 1400 millones de dólares, en cuotas.

El famoso “día D”, de “default técnico”, “default Griesa” o “cesación de cobro”, entre los nombres posibles para definir la inédita situación, estuvo cargado de rumores, especulaciones y desmentidas. Desde la noche del martes 29, la versión que parecía más firme era que los bancos reunidos en la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (Adeba), liderada por Jorge Brito, del Macro, habían acercado una propuesta para destrabar el conflicto. Incluso se especulaba con una comunicación, esa noche, del propio Kicillof para dar cuenta del nuevo escenario.

Ayer por la mañana, representantes de los bancos daban por cerrado el acuerdo. “La opción que circula es que los bancos argentinos reunidos en Adeba conformen un fondo de 250 millones de dólares que sirva de garantía para restablecer el stay y que así la Argentina le pague a los bonistas. Al ser los bancos los que ponen la plata, no operaría la cláusula RUFO”, decía Juan Curutchet, vicepresidente del Banco Ciudad. El banquero explicaba las “tres formas de instrumentar ese fondo”. “Una es un cash colateral, o sea poner dólares a disposición del juzgado, como son los depósitos judiciales en la Argentina. La otra es entregar títulos públicos en lugar de dinero. La tercera es una cesión de derechos, si es que el conjunto de bancos compra el juicio o los títulos defolteados”, agregaba.

Por su parte, Francisco Ribeiro Mendonca, gerente financiero del Banco Piano, manifestaba que “la propuesta está hecha por Adeba, porque los bancos extranjeros tienen otros tiempos. En efecto, existe la intención de Adeba de resolver la situación. Se va a conformar un fondo de garantía para reinstalar el stay (medida cautelar). La negociación de hoy –por ayer– es por el plazo del stay, que será hasta septiembre o enero”.

A la tarde, durante su conferencia de prensa, Kicillof indicó que “no me extraña que pueda ocurrir una solución entre privados, porque justamente se ha generado un problema entre privados. Algunos no quieren que cobren otros. Para el 92 por ciento de los bonistas puede resultar interesante hacer algo para que un uno por ciento no impida que cobren”. “Se habla de banqueros argentinos, yo lo desconozco. Puede ser, porque tienen en sus activos bonos del canje y también otros títulos cuyo precio podría bajar si no se llega a un acuerdo. Al fin y al cabo son empresas, verán cuánto dinero pueden poner, cuánto pueden pagar”, agregó. Kicillof también mencionó que le habían comentado que los banqueros habían “dejado plantados” a los negociadores por parte de los fondos buitre. Sobre el cierre de esta edición, todavía seguía firme la posibilidad de que bancos de capital nacional pero también extranjeros junto a empresas de otros rubros compraran en unos 1400 millones de dólares la deuda de los buitres.

Más allá del resultado de las gestiones, los bancos tienen incentivos económicos de corto plazo para evitar el “default” de la economía nacional. Como dijo Kicillof, las entidades mantienen en sus activos posiciones en títulos soberanos. Según el último informe del Banco Central, en mayo los bancos tenían en sus carteras títulos públicos (excluyendo letras y notas del BCRA) por 73 mil millones de pesos, el 11,5 por ciento de su activo total. En la comparación interanual, el avance de estos bonos fue del 143 por ciento, mucho mayor al 36 por ciento que subió el valor del activo. En términos relativos, los bancos tienen en su poder más títulos públicos en sus carteras que en el último tiempo: en 2012 el ratio era de 7,7 por ciento; en 2011, de 9,2; y en 2010, de 10,5 por ciento.

A nivel desagregado, la última información trimestral muestra que el Banco Macro tiene en su balance contable una exposición a títulos del sector público (neta de letras y notas del BCRA) de 3,6 por ciento. El Banco Galicia tiene 8365 millones de pesos en títulos públicos, más del doble que el año pasado. En tanto, el Banco Patagonia tenía al 31 de marzo bonos por 1300 millones de pesos, con tenencias de Bonar 2019 y 2017, Boden 2015, Bocon serie 6º, 7º y 8º y Discount, entre otros. Por su parte, el Banco Supervielle incrementó su cartera de títulos públicos de 157 a 407 millones de pesos en el último año. De cualquier manera, en los últimos días los bancos se hicieron de ganancias patrimoniales por la suba de las acciones. Desde el lunes los papeles del Banco Galicia subieron 21 por ciento, seguido por el Santander (17,0), Macro y Francés (17,2) y Patagonia, con el 14,6 por ciento, entre los que más se destacaron.

En diálogo con este diario, el presidente del Banco Credicoop y diputado nacional por Nuevo Encuentro, Carlos Heller, advirtió que “la Argentina no resolvería nada si los holdouts cobran 1500 millones de terceros, porque los otros fondos que no entraron al canje te pueden exigir lo mismo después. Por eso Kicillof reiteró que la oferta de la Argentina a los fondos buitre es entrar todos al canje, operación por la cual obtendrían una ganancia del 300 por ciento, algo extraordinario. Esa es la única propuesta que tiene la Argentina: el canje. No es una buena solución arreglar con el uno por ciento, hay que llegar a un acuerdo con el 7 por ciento que está afuera. De todas maneras, si hay un grupo de inversores que hacen su cálculo y compran esa deuda, tampoco es algo a lo que el Gobierno pueda oponerse”.