La propuesta que llevaron los bancos nacionales nucleados en Adeba para destrabar el conflicto con los fondos buitre finalmente no prosperó. El propio Aurelius Capital Management, que junto a NML encabezan el litigio contra el Estado, dio ayer cuenta de las frustradas negociaciones. “No se ha recibido del sector privado una propuesta a considerar seriamente”, dijo esa firma. Fuentes allegadas a la negociación confirmaron a Página/12 que por el momento esas gestiones están caídas y que los banqueros volvieron al país. Por su parte, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía, Axel Kicillof, criticaron la maniobra de los bancos al revelar que esas entidades buscaban asegurar la operación con fondos constituidos por los depósitos de los ahorristas. “Se pretendía hacer un acuerdo con los recursos de los ahorristas. Como país ya vimos esta historia, y yo no la pienso repetir”, dijo CFK, mientras que Kicillof les dijo a los banqueros que “ser generoso con la plata de otros es malo, pero encima serlo con la plata de la gente es peor”.

De todos modos, Kicillof reafirmó que la lógica del conflicto, donde tanto los buitres como los bonistas del canje desean cobrar, da lugar para la intervención de algún privado. De hecho, durante la jornada de ayer hubo versiones de que bancos extranjeros liderados por el JP Morgan Chase se encuentran en las puertas de una negociación con los fondos buitre.

Después de idas y vueltas, versiones y desmentidas, el miércoles por la noche quedó cancelada la posibilidad de acuerdo entre los bancos de capital nacional y los fondos buitre. “Nuestra propuesta no evitó que hoy (por ayer) el mundo entienda que la Argentina entró en default. Porque acá no importa mi opinión, importa lo que dice el mundo. Y hoy la Argentina está más lejos que ayer de los mercados de deuda”, se lamentó el presidente del Banco Ciudad y prosecretario de Adeba, Rogelio Frigerio.

“Mientras se han acercado a Aurelius varias veces representantes del sector privado para una posible compra de una fracción de nuestros bonos argentinos, gran parte de lo que hemos leído en la prensa ha sido inexacto. Aurelius no ha recibido una propuesta a considerar seriamente”, difundió en un comunicado el fondo buitre Aurelius Capital. Los bancos pretendían comprar en varias cuotas los bonos por 1600 millones de dólares, o sea por el total exigido por los buitres, y luego con un mecanismo de seguro mediante recobrar el dinero por la venta de esos títulos.

Todavía más contundente que Aurelius fue el ministro Kicillof durante su conferencia de prensa de ayer por la tarde en el microcine del Palacio de Hacienda. Según los trascendidos de los últimos días, las entidades bancarias pretendían que la empresa Sedesa hiciera las veces de aseguradora de la operación, de modo que la inversión de los bancos en títulos defolteados que tienen los buitres no tuviera riesgo. Kicillof recordó que Seguros de Depósitos (Sedesa) es una empresa creada en 1995 a través del decreto 540 para generar un fondo de garantía de depósitos para mejorar el grado de estabilidad del sistema financiero argentino. El patrimonio de esa firma se compone de una porción de los depósitos de los ahorristas en poder de los bancos. “Los bancos iban a poner plata y si no les volvía, iban a estar asegurados por los depósitos de los argentinos. Yo aquí no veo ningún acto de generosidad”, dijo Kicillof, quien también recordó que parte de los fondos de Sedesa provienen de la banca pública, así que podría interpretarse que el Estado interviene en la maniobra.

Además, el ministro puso sobre la mesa un factor que pocos tenían en cuenta. Recordó que en el Banco Macro, principal orquestador de la propuesta de los bancos, el Estado nacional tiene una participación accionaria del 30,9 por ciento y un director nombrado, el diputado nacional Roberto Feletti. En el Grupo Financiero Galicia, en tanto, el Estado tiene un 16,7 por ciento. “El Estado no puede tener que ver con la solución, porque así lo impide la cláusula RUFO”, advirtió Kicillof. Esas acciones pasaron al Estado con la estatización de las AFJP.

De todas maneras, la inédita situación alrededor de la deuda –generada por el juez Thomas Griesa, quien bloqueó a los bonistas la posibilidad de cobrar el dinero que el Estado argentino ya pagó– sigue siendo susceptible de ser destrabada a través de un acuerdo entre privados. “Por las características de esta situación, se abre una ventana para que algún privado llegue a algún tipo de acuerdo con los fondos buitre. Porque los actores que tienen muchos bonos argentinos en sus activos pueden perder plata por baja de las cotizaciones”, indicó el ministro.

Caída la posibilidad del acuerdo de Adeba, otras empresas analizan abrir una instancia formal de negociación con los fondos buitre. En esa lista se anotan el banco de inversión JP Morgan Chase y otras entidades como el HSBC y el Citibank. Cabe resaltar que JP Morgan adquirió en mayo a través de dos operaciones 4823,6 millones de dólares en títulos denominados como Bonar X, Discount 33 y Boden 2015 que el Estado argentino le había entregado a Repsol por la expropiación de YPF.