Roberto Lavagna levantó ayer todas las reuniones que tenía en agenda para dedicarse exclusivamente a la negociación con el FMI. Más allá de las cuestiones centrales que siguen trabando el acuerdo, como la evolución de las tarifas y las compensaciones a los bancos, el entendimiento abarca otros aspectos igualmente trascendentes. Página/12 pudo saber que el borrador de la Carta de Intención que se negocia con la misión del organismo contempla cambios impositivos, la implementación de auditorías externas en los bancos públicos, el envío al Congreso de un proyecto de ley para ayudar a las empresas del sector privado a renegociar sus deudas con el exterior sin que implique un seguro de cambio y la aprobación de una nueva ley de coparticipación antes de fines de 2004. También se indica que el superávit fiscal de 2005 y 2006 se definirá en función de cinco parámetros, incluida la evolución de la pobreza y el desempleo.
La letra chica de esas medidas también da lugar a tironeos, con avances y retrocesos. En materia impositiva Roberto Lavagna accedió al pedido del FMI de terminar con el impuesto al cheque, aunque la implementación de la medida dependerá de la marcha de la recaudación. De todos modos, en una primera etapa el gravamen podrá ser tomado a cuenta de la liquidación de Ganancias. Las asociaciones bancarias, en especial la que agrupa a las entidades extranjeras, vienen presionando para que deje de aplicarse aquel impuesto que inventó Domingo Cavallo, con el argumento de que induce a operaciones en negro de agentes económicos que buscan evitar su pago.
Una segunda modificación relevante que se menciona en la Carta de Intención es la rebaja de las retenciones a las exportaciones. El FMI sostiene que es un impuesto distorsivo, igual que el que pesa sobre las transacciones con cheques. Como en ese caso, la reducción se llevará adelante de acuerdo a los resultados de la recaudación.
En el capítulo referido a las tarifas, el Gobierno escribió en la Carta de Intención que encarará “una renegociación global de los contratos (de las concesiones de servicios públicos) en el marco de las leyes aprobadas por el Congreso”. La redacción será provisoria mientras persistan las discrepancias con Washington, aunque es claro que Néstor Kirchner no está dispuesto a moverse de esa decisión política. Los países europeos del G-7 cuyas empresas tienen mayor presencia en las privatizadas se niegan a aceptar que el convenio se defina en esos términos y exigen un cronograma concreto de aumentos. España, que no forma parte del G-7 pero que en la negociación anterior, jugó en favor de la Argentina, ahora está, junto a Francia, en el grupo de los que ejercen mayor presión.
Alemania e Italia además reclaman la fijación de pautas fiscales para 2005 y 2006, con un aumento gradual del superávit. El reclamo se debe a que miles de ahorristas de esos países poseen títulos de la deuda en default, y pretenden que el Estado argentino se comprometa a incrementar los excedentes fiscales para repagar la deuda. En la Carta de Intención, sin embargo, el Gobierno determinó que las metas fiscales de los dos últimos años del acuerdo se negocien a fines de 2004 tomando en consideración los números que hayan entregado cinco indicadores: crecimiento, desempleo, pobreza, inversión y grado de acuerdo con los acreedores internacionales. La misión del FMI habría aceptado ese menú, pero faltaría la aprobación definitiva del directorio.
“Se impulsarán medidas legislativas para colaborar con las empresas del sector privado en la renegociación de sus deudas con el exterior”, menciona otro párrafo de la Carta de Intención. Una aclaración importante es que no se trata de un seguro de cambio, que compense a las empresas por la devaluación. Economía tendrá que redactar el proyecto que se enviará al Congreso.
El FMI volvió a la carga con una demanda que ya había planteado en el acuerdo que se firmó en enero pasado: la realización de auditorías externas a los bancos públicos. El Nación y el Provincia accedieron a esos pedidos, pero el Ciudad se resistió, con el argumento de que no estabadispuesto a dar pasos que pudieran conducir a su privatización. Lavagna abandonó su proyecto de abrir las entidades públicas al capital privado, pero accedió al reclamo de las auditorías.
Otro aspecto importante de la Carta de Intención es que el Gobierno pagará 2300 millones de dólares a los organismos internacionales en concepto de intereses mientras dure el acuerdo. El FMI todavía no lo habría aceptado. El documento estima en 4 por ciento el crecimiento económico de 2004, en 6,5 puntos del PIB el superávit de la balanza comercial y en 10 por ciento la inflación.