La partida por el aumento de las tarifas públicas podría terminar definiéndose afuera del país. En particular, si el Grupo de los 7 esta vez presiona sobre el Fondo Monetario Internacional en sentido opuesto al que lo hizo en enero pasado, cuando reclamó menos dureza con la administración local. Esta vez, ese núcleo de países ricos se erigió en virtual portavoz de algunos países que invirtieron en privatizadas y que encuentran en Néstor Kirchner a un interlocutor intransigente. En Buenos Aires, la estrategia de esas firmas apuesta a diversificar el menú negociador, donde el aumento en sólo un punto más de su interés.
Desde Europa llegó la versión que, antes del cónclave de ayer, el G7 –Estados Unidos, Canadá, Francia, Gran Bretaña, Italia, Alemania y Japón– ya habría redactado una nota dirigida a la cúpula del Fondo recomendándole no cerrar un acuerdo con la Argentina que no incluya un compromiso expreso sobre la recomposición tarifaria. Una presión en idéntico sentido estarían ejerciendo los representantes en el propio FMI de países como Italia, Francia o España (no incluida en el G7) para que se contemple de algún modo el interés de sus inversores: o se beneficia con el descongelamiento tarifario a sus empresas o se formula alguna propuesta razonable a sus tenedores de bonos en default. Algo. Pero no nada.
Según especulaban ayer ante Página/12 fuentes empresarias, los gobiernos de aquellas poderosas naciones están tratando de digerir la decepción que les provocó Eduardo Duhalde, quien se había comprometido a respetar derechos de propiedad de bonistas e inversores. Esta obligación finalmente no habría sido honrada, en parte porque la Justicia abortó los decretos con los que el ex Presidente intentó recomponer tarifas públicas. Ahora quieren un reaseguro, por ello la idea de que la carta de intención contenga un cronograma de aumentos lo más preciso posible que, de no respetarse, deje al país en off side.
Esas gestiones internacionales son para las privatizadas una vía alternativa para destrabar la situación local, complicada por la dureza que muestra el Presidente. Las empresas del sector eléctrico intentaron aprovechar la excepcional convocatoria que les hizo Kirchner la semana pasada para advertirle sobre el posible colapso del sistema si sigue aumentando la demanda de energía, ya que ellas no están haciendo inversiones que permitan atender esa exigencia. Pero se toparon con un mandatario renuente a definir nada sobre estas sensibles cuestiones, muy supeditado al cronograma electoral en curso.
Los recursos de presión empresarios son, de todos modos, múltiples. Gran parte de los inversores extranjeros denunciaron la ruptura de sus contratos atados al dólar ante un organismo para la resolución de controversias dependiente del Banco Mundial. Dentro del país, todas advierten lo mismo que aquellas a Kirchner en la Rosada: no están invirtiendo un peso más allá del mantenimiento, lo que tarde o temprano derrumbará la calidad de las prestaciones. Telefónica de Argentina, por citar un caso, admitía ayer que no destina un sólo billete a “desarrollo”, lo que no sólo limita el parque de líneas sino que agranda la brecha tecnológica.
En realidad, las privatizadas están dispuestas a resignar bastante en materia tarifaria. Pero a cambio aspiran a una renegociación integral de los contratos que les dé oxígeno en otros terrenos: que se flexibilicen pautas de inversión, se admitan subsidios cruzados para subir las tarifas de los clientes presuntamente más pudientes a condición de congelar la de aquellos que no pueden ni pagar el precio actual; que se relaje el régimen de penalidades, etc, etc.
El Gobierno también habla de una revisión integral de los contratos, pero con la idea de instrumentar un sistema de premios y castigos que beneficie con aumentos tarifarios de inmediato a algunas pero postergue o bloquee los de otras. Esta política es la que hace más difícil a laadministración de Néstor Kirchner admitir cualquier compromiso global sobre el conjunto de las empresas privatizadas.
A los ojos oficiales, la situación de las adjudicatarias es bastante diversa. No es igual Edesur o Metrogás que, por ejemplo, Aeropuertos o Aguas Argentinas. Las primeras son presuntas acreedoras de un aumento cuando terminen las elecciones, si Diputados sanciona la ley que cambia la Emergencia Económica. Sobre las otras, en cambio, pende la amenazada de rescisión de sus contratos.