El ministro de Economía, Axel Kicillof, y el canciller Héctor Timerman, en la conferencia de prensa en la Casa Rosada.
Imagen: DyN.

El canciller Héctor Timerman y el ministro de Economía, Axel Kicillof, anunciaron ayer que el G-77 + China –el grupo más convocante de los países emergentes– presentará un proyecto ante las Naciones Unidas para establecer un marco regulatorio sobre el proceso de reestructuración de deuda soberana, a partir de una iniciativa argentina originada en el litigio con los fondos buitre. Timerman adelantó que el 9 de septiembre próximo habrá un debate especial en la Asamblea General de la ONU para redactar una convención para generar un marco legal donde hoy existe un “vacío”, un término que repitió en varias oportunidades. En caso de que la votación sea positiva –se gana con mayoría simple, con la mitad más uno de los votos– comenzará el trabajo de redacción de la convención que podría estar lista en el plazo de un año, según su cálculo. Lo má probable es que no pueda utilizarse para el conflicto que hoy se dirime en Nueva York, pero en todo caso habría servido para marcar un antes y un después. “Queremos que nuestro caso sirva para que no suceda nunca más”, expresó Kicillof, y agregó: “Nunca más a los (Thomas) Griesa, nunca más a los (Paul) Singer”.

“El objetivo es crear una convención para resolver en forma justa, equitativa y no bajo amenazas de un sistema que pueda establecer un juez o un país, sino en base a lo que resuelvan todos los Estados miembro de las Naciones Unidas”, especificó el canciller. El anuncio de ayer fue el corolario de dos meses de trabajo en la ONU. Los intentos previos para presentar el caso en la Asamblea General fracasaron por falta de consenso hasta que finalmente el G-77 + China decidió elevarlo por unanimidad.

Este grupo es la organización intergubernamental de países en vías de desarrollo más grande en las Naciones Unidas. Actualmente lo componen 133 miembros. En 2011 estuvo presidido por Argentina y durante este año la presidencia pro témpore recayó en Bolivia. Timerman y Kicillof ya expusieron sobre el tema de los fondos buitre en una sesión del G-77 + China en junio pasado, en Nueva York. El grupo expresó entonces su “solidaridad unánime” con la posición argentina y envió notas al juez Griesa y al gobierno de Barack Obama para hacérselo saber.

Timerman ayer expuso las razones de la iniciativa, entre otras una que seguramente sustentará los apoyos entre las naciones en vías de desarrollo: existen 75 billones de dólares en deuda global, por lo que la iniciativa ayudará a que muchos países no tengan el mismo problema que hoy atraviesa Argentina.

El canciller y el ministro de Economía compartieron una larga conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, que ilustraron con algunos gráficos. Kicillof sostuvo que “tal como en los sistemas jurídicos de todos los países, cuando hay quiebras en el sector privado y se convoca a acreedores, sucede que si dos tercios toman una decisión, los demás deben aceptar”. Por allí pasará uno de los ejes de la iniciativa dado que, como están las cosas ahora, “un sólo acreedor puede tirar abajo la reestructuración”. Es lo que permite la interpretación de Griesa.

El ministro remarcó la característica de “leading case” que tiene el conflicto argentino con los fondos buitre para el sistema financiero y jurídico internacional, dado que el reclamo formulado por el 1 por ciento de los bonistas puede hacer caer lo que aceptó el 92 por ciento. “Hay un vacío legal y Argentina se encuentra presa de esa condición”, dijo. De ahí, continuó, la importancia de redactar una convención “que establezca un marco jurídico regulador de los procesos de reestructuración de las deudas soberanas con el fin de aumentar la eficiencia, la estabilidad y la previsibilidad del sistema”.

Ahora la palabra la tiene la Asamblea General, que es el principal órgano deliberativo de las Naciones Unidas y está compuesto por representantes de sus 193 Estados miembro. A diferencia de lo que sucede con el Consejo de Seguridad, aquí cada Estado tiene un voto, todos en pie de igualdad. Si votaran favorablemente todos los países del G-77 + China, ya habría de sobra para aprobar la convención. Pero, explicaban en Gobierno, no es tan lineal. “Hay muchas presiones. Que se haya votado la propuesta por unanimidad no quiere decir que después todos esos países participen de la sesión y, si participan, que voten positivamente”, explicaban.

Timerman viajará a Nueva York para hablar en la sesión del 9. En caso de que la votación sea favorable, se deberá formar una comisión para la redacción. Argentina presentará su proyecto, pero obviamente está abierto a las modificaciones que propongan los demás países o, incluso, a discutir las iniciativas que tengan otros. Aunque es difícil una estimación, Timerman calculó que en menos de un año podría estar listo. Luego, cada país tiene que aprobar la convención para adoptarla. Además, cada convención establece cuál es el piso de países que deben adherir para considerarla vigente. El canciller destacó la experiencia argentina en la materia: la Convención sobre la Desaparición Forzada de Personas, de los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Tratado sobre Comercio de Armas.

El debate que se dará el próximo 9 oficiará como un buen preámbulo para el discurso que la presidenta Cristina Kirchner dará en el mismo recinto quince días después, en la apertura del nuevo período de sesiones de la Asamblea General. Junto a algunos temas que nunca faltan en las presentaciones de la Presidenta en la ONU –Malvinas, Irán–, el conflicto con los fondos buitre, esta vez, pinta lejos como el más trascendente.