“El Citibank no va a ser pasible de una sanción en tanto cumpla con la legislación argentina”, expresó ayer el ministro de Economía, Axel Kicillof. La subsidiaria argentina del banco fue intimada por el Palacio de Hacienda para que canalice los vencimientos de interés de los bonos en dólares regidos por ley local en manos de acreedores del exterior. A fines de julio, una vez superado el período de gracia estipulado para el pago en tiempo y forma de los títulos, el juez Thomas Griesa le otorgó al banco un permiso “por única vez” para transferir los fondos depositados por el país. Liberada esa transacción, la poderosa corporación advirtió a la Cámara de Apelaciones de Nueva York la imposibilidad de cumplir con las órdenes del magistrado. Advirtió que, de no cursar los pagos, su filial local podía ser sancionada por la legislación argentina o incluso se exponía a perder su licencia para operar. La segunda instancia judicial neoyorquina ya accedió a analizar la situación del banco en un encuentro el próximo 18 de septiembre. Ayer, Griesa decidió convocar a pedido del fondo buitre NML Capital una audiencia entre las partes para analizar la situación del Citibank, que tendrá lugar el 10 de septiembre.

El Citibank convalidó pasivamente el excesivo accionar del juez Thomas Griesa y aceptó su bloqueo aunque se trata de un banco registrado, constituido y autorizado para operar en Argentina conforme la Ley de Entidades Financieras. Adicionalmente, las intimaciones realizadas por el ministerio destacaban que su función es el pago de los intereses de los bonos argentinos del canje sujetos a ley y jurisdicción argentinas efectuados en nuestro país. En ese sentido, Kicillof reiteró ayer que el banco no será sancionado si cumple con las normas vigentes y recordó que la regulación del sistema bancario está a cargo de la Superintendencia de Entidades Financieras del Banco Central. La autoridad monetaria revocó el miércoles la autorización del Bank of New York Mellon (BoNY) –agente fiduciario de la deuda con ley extranjera– para contar con una oficina de representación en el país. Si bien la decisión del Central no afecta el rol del BoNY como entidad a cargo del pago de los vencimientos de los bonos con legislaciones estadounidense e inglesa, representa un revés político para la otra entidad responsable del pago de los títulos.

Mientras se espera que la Cámara de Apelaciones de Nueva York escuche los argumentos del Citibank, Argentina y los buitres dentro de tres semanas, el juez Griesa volvió a llamar a las partes a pedido de los demandantes para el próximo 10 de septiembre. Los fondos buitre cuestionan la apelación del banco y advierten que el juez tiene jurisdicción sobre la subsidiaria local. Por eso, solicitan que no sea autorizado a pagar y que se lo sancione en Estados Unidos por “colaborar” con Argentina. Si bien los demandantes y Griesa coincidieron en diferentes oportunidades en la excepcionalidad del permiso otorgado al banco pagador, no se descarta que el impredecible magistrado pueda ampliar el alcance de su decisión por más tiempo para evitar quedar expuesto frente a una segunda instancia judicial neoyorquina.

“La medida cautelar para el Citibank es un abuso de discrecionalidad porque inadecuadamente le impone restricciones opresivas e inequitativas”, afirma el texto presentado por la entidad ante la Cámara de Apelaciones. A su cargo está el pago de los bonos en dólares y regidos por la legislación argentina que se encuentran en manos de tenedores del exterior. Esos bonos fueron entregados durante el canje, pero papeles idénticos “imposibles de distinguir”, afirma el propio banco, fueron emitidos en diferentes oportunidades. Un caso reciente fue el combo de papeles entregados a Repsol por la expropiación de YPF, que incluyó títulos Descuento. “Es cada vez más evidente que las órdenes de pago obligatorias dirigidas a la República (Argentina) no pueden ser implementadas”, indica la entidad. “Las órdenes (de Griesa) al Citibank solo ponen al banco, un tercero que está sujeto a las leyes y dictados de Argentina, en una posición insostenible y extremadamente peligrosa que podría conducir a consecuencias tan serias como la pérdida de la licencia y su control a manos de la República”, afirmó el banco.