En vísperas de que el Gobierno comience a resolver sobre el destino de las privatizaciones, un flamante informe de la Auditoría General de la Nación le recuerda al Poder Ejecutivo que los incumplimientos en que ha incurrido Aeropuertos Argentina 2000 son causal de rescisión y le recomienda tener especialmente en cuenta este hecho a la hora de una eventual renegociación. Entre las faltas aludidas se menciona expresamente el no pago del canon, que hasta el 31 de diciembre del 2001 sumaba 350,72 millones “de dólares”. Si se consideran el resto de cuotas vencidas y tampoco honradas, esa obligación es bastante mayor y las razones para dar por caído el contrato más contundentes aún. El mismo trabajo de los auditores recomienda al ente de control, Orsna, ejecutar las garantías que respaldaban el acuerdo firmado por la gestión de Carlos Menem con el consorcio de lidera Eduardo Eurnekian y “reencauzar las acciones judiciales en su contra”.
El extenso trabajo está centrado en qué ocurrió con las cuotas sexta y séptima del canon anual de 171 millones de dólares/pesos que AA 2000 se comprometió a pagar en el momento que fueron licitados los principales aeropuertos del país. Este reciente trabajo tiene como antecedentes otros aprobados por las resoluciones de AGN 143 y 99, que ya ponían de relieve una serie de deficiencias en la ejecución del contrato, como la no realización de las inversiones comprometidas o el pago sólo parcial de aquella contribución al Estado.
También en esas ocasiones los auditores advirtieron que las faltas detectadas permitían al Estado recuperar para sí la administración de las estaciones aéreas, aunque en esas ocasiones el rescate de la concesión se planteaba como una de las varias alternativas posibles y no de un modo tan contundente como lo sugiere el informe actual. Este acaba de ser girado al Congreso, de quien depende funcionalmente la Auditoría. Allí lo analizará la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, grupo parlamentario clave por la envergadura de temas que le compete aunque de bajo perfil que, según admitió a Página/12 uno de sus más destacados miembros, esta vez haría lo que en otras: aprobar el texto de la AGN y dejar que el Poder Ejecutivo resuelva si acata o no la recomendación.
El órgano de control que comanda el radical Leandro Despouy sugiere a la Jefatura de Gabinete de Ministros “tener presente al momento de evaluar la viabilidad de una renegociación y sus términos, las observaciones del informe actual y las de sus anteriores (...). El incumplimiento de esta obligación lleva a AA 2000 a estar incurso en las causales previstas en el numeral 23.1 del contrato de concesión (que contempla las razones para rescindir el contrato), circunstancia que no podrá soslayarse en oportunidad de la renegociación, así como el alto grado de litigiosidad que hoy presenta la relación contractual”.
Los auditores están especialmente alertados por la enrevesada puja legal entre el Estado y Aeropuertos Argentina 2000 –sociedad que la Corporación América (grupo Eurnekian) integra junto a socios italianos–, que hasta el momento no permitió coronar con éxito los reclamos contra ese adjudicatario. En esta engorrosa historia hubo algunos hitos, remarcados por el extenso análisis de la AGN, como las oportunas medidas cautelares dispuestas por un juez del Chaco a pedido de la empresa para que se lo libere del pago del canon hasta tanto se resuelva una serie de reclamos de éste contra el poder concedente.
A semejanza de la privatización del Correo, Eurnekian también demandó al Estado ante la Justicia por incumplimientos; entre ellos, por la no entrega en término de algunas de las 33 estaciones aéreas concesionadas. A éstos añadió luego la denuncia de cambios en la ecuación del contrato por cuestiones no imputables a la empresa, como la reducción a la mitad en el número de pasajeros (parte de sus ingresos es por la tasa que se le cobra a los viajeros) o la realización de obras “adicionales” a las que preveía el plan de obras original. Pero en su informe jurídico, la comisión renegociadora que se formó durante el gobierno de la Alianza fue taxativa en su conclusión: las faltas del sector público no son de envergadura comparables a las de AA 2000, por lo que había que descartar cualquier solución conciliada. En otros términos: debía hacerse cumplir el contrato cobrando el canon, exigiendo las inversiones adeudadas y aplicando las penalidades del caso.
En agosto del 2001 las partes firmaron un “acta compromiso” que permite garantizar la prestación del servicio mientras se “readecua” el contrato. Pero la Sindicatura General de la Nación, entonces comandada por el actual canciller Rafael Bielsa, opinó en contra de ese intento renegociador. “Correspondería proceder a intimar y emplazar al concesionario al inmediato cumplimiento del pago de los cánones adeudados a la fecha y la presentación de un plan de regularización del programa de inversiones (...) bajo apercibimiento de rescindir el contrato”, sentenció entonces la Sigen.
Porque está limitado al análisis de las cuotas 6 y 7 del canon, el último informe de AGN no contempla el decreto 1227, por el cual Eduardo Duhalde aprobó un nuevo contrato para la concesión de los aeropuertos, que relajaba las exigencias a la empresa considerando el daño que la recesión y devaluación produjeron al negocio. Entre otras condiciones, el nuevo contrato fijaba un canon en pesos y proporcional a la facturación de las empresa en lugar de los forzados 171 millones originales.
Pero la Justicia dejó en suspenso ese decreto, que a Néstor Kirchner no le simpatizaba. Ahora son Roberto Lavagna y Julio De Vido, los ministros de Economía y de Planificación, quienes como corresponsables de la Unidad de Renegociación de contratos –de acuerdo a un proyecto de ley con media sanción en el Congreso (ver aparte)– decidirán cuál es el destino de esta controvertida licitación.