Después de más de dos meses de marchas, contramarchas y presiones de los lobbies sectoriales, el presidente Eduardo Duhalde se animó a gravar con un impuesto a todos los exportadores, los grandes ganadores de la fuerte devaluación del peso. Se aplicará en tres escalas: además del 20 por ciento para las exportaciones de crudo, que rige desde el viernes pasado, habrá retenciones del 10 por ciento para los productos primarios y del 5 por ciento para las manufacturas de origen industrial y agropecuario. Según los cálculos oficiales, así se podrían recaudar unos 1400 millones de dólares anuales. El ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, tomó la medida después de conseguir el visto bueno del Fondo Monetario, cuyos enviados empiezan a desembarcar hoy en Buenos Aires para negociar un nuevo programa de asistencia financiera.
Las retenciones apuntan a dos objetivos. Por un lado, a que el Estado se apropie de una parte de los ingresos extraordinarios que consiguen los exportadores gracias a la suba del dólar. Los 2800 millones de pesos que estiman recaudar en Economía con un promedio de retenciones del 7,5 por ciento dan una idea de la magnitud de las rentas adicionales de que disfrutarán esos sectores empresarios como consecuencia del abandono de la convertibilidad. Por otro lado, son un instrumento antiinflacionario, al restar incentivos a los exportadores a alinear su precios en pesos con el incremento del dólar, por tener la opción de vender en dólares en el exterior.
Justamente, esto último es lo que estuvo ocurriendo con varios productos agropecuarios –como harina y aceites– que elevaron sus precios en el mercado interno más de un 40 por ciento, sin haber sufrido ningún incremento de costos significativo a causa de la devaluación. Más aún, los estudios efectuados por los técnicos del Ministerio de Economía demuestran que, incluso con un tipo de cambio de 1,40, casi todos los sectores exportadores habrían quedado durante los primeros meses posteriores a la devaluación en una mejor posición que sus competidores comerciales más directos. Con un tipo de cambio rondando los 2 pesos, obviamente, no sólo hay mejora de la competitividad sino ganancias extraordinarias, al menos mientras la inflación de costos (salarios y precios de los insumos) se mantenga tan alejada como hasta ahora de la escapada del dólar.
El otro punto que terminó de convencer al Gobierno de la necesidad de implantar retenciones fue la actitud de los exportadores de acaparar las divisas cobradas en el exterior y demorar su liquidación por pesos, especulando con que habrá todavía más devaluación en el futuro. Según las cifras que manejan en el Banco Central, las cinco grandes comercializadoras multinacionales de cereales que operan en Argentina (Cargill, Dreyfus, Bunge y Nidera) mantienen fuera del país unos 1000 millones de dólares por exportaciones de diciembre, enero y la primera mitad de febrero. El plazo fijado por Economía desde diciembre para liquidar divisas provenientes de exportaciones de cereales es de 15 días posteriores al despacho del embarque. Por lo tanto, si hubiera voluntad política, a esas cuatro multinacionales el Gobierno podría, además de sancionarlas administrativamente, denunciarlas judicialmente por violar el régimen penal cambiario. Pero no son sólo las cerealeras las que especulan con sus dólares. Las grandes expotadoras de petróleo (Repsol YPF, Pérez Companc y Panamerican Energy), que cuentan con un plazo de hasta 30 días para ingresar las divisas al país, también las retacearon durante enero y febrero.
La propuesta original que alcanzó al gobierno la Unión Industrial Argentina (UIA), con el auspicio del ministro de la Producción, José Ignacio de Mendiguren, fue establecer retenciones escalonadas según el nivel del tipo de cambio. Así, cuanto más alto fuera el dólar mayor sería el impuesto. Este mecanismo tenía la virtud de forzar a los exportadores a liquidar sus divisas al dólar del momento, porque cuanto más arriba se fuera el tipo de cambio, más tendrían que tributar al fisco. Sin embargo, Remes Lenicov lo descartó de plano con el argumento de que era un mecanismo “muy difícil de explicar” a los funcionarios del FMI, quienes descreen –con razón– de la capacidad fiscalizadora del Estado argentino hasta en los tributos más sencillos de recaudar.
Hoy llega a Buenos Aires una misión del Fondo, encabezada por el indio Anoop Singh, que iniciará las negociaciones con el Gobierno por un nuevo plan de asistencia financiero. Y no es casual que haya sido justo ayer el día elegido por Remes para los anuncios: la medida fue consensuada la semana pasada on line con Washington, donde la consideran, con un criterio puramente fiscalista, imprescindible para mejorar las cuentas del Estado. Así, el ministro recibirá a la misión fondomonetarista con un gran paquete (fiscal) de bienvenida.
De acuerdo a los propias estimaciones de Economía, con las retenciones a las exportaciones se recaudarán unos 2800 millones de pesos anuales. Para tener una idea de la magnitud de la cifra, es la mitad de lo recaudado el año pasado por impuesto a las ganancias y más de siete veces lo que reporta un tributo como Bienes Personales. Adónde irá a parar ese dinero es una discusión que se empezará a dar en los próximos días. Porque, pese al compromiso de Remes de que irá para ayuda social, lo cierto es que el FMI se opone a crear el impuesto con un fin específico. Por ahora, entonces, los recursos irían a una cuenta del Tesoro nacional, y de allí quién sabe (o mejor dicho, tal vez después de las discusiones con el Fondo se sepa).
El criterio de aplicar tres escalas de retenciones es beneficiar a las exportaciones con mayor valor agregado. Sin embargo, con una Aduana tan sólida como un queso gruyère es muy probable que se multiplique la falsificación de guías de exportación, haciendo pasar gato por liebre, para abonar menos tributo.
Un punto que tampoco puede pasar desapercibido es que el Ministerio de Economía esperó a cerrar la semana pasada el acuerdo con los gobernadores por la coparticipación de impuestos para lanzar unos días después el tan esperado anuncio de las retenciones. Semejante timing fue explicado a este diario por un ministro del Gabinete: “Si lo tirábamos la semana pasada, esos fondos hubieran entrado en el reparto con las provincias. Tal vez en algunos meses volvamos a discutir cómo los distribuimos, pero por ahora quedan para la Nación”, explicó la fuente.