“Los acreedores que rechacen la renegociación de la deuda no van a cobrar. Nunca.” A pocas horas de que el Gobierno anuncie su propuesta para salir del default, el Ministerio de Economía lanzó una clara advertencia a los inversores en bonos de la deuda argentina. La amenaza, pronunciada bajo reserva de su identidad por un alto funcionario del equipo económico, coincidió con un fallo en un tribunal estadounidense que le reconoció a un inversor su derecho a cobrar sus acreencias sin quitas. Los detalles de la propuesta se darán a conocer el próximo lunes en Dubai (Emiratos Arabes Unidos) a las 9 de la mañana de la Argentina. “Habrá un menú de opciones. Será una propuesta concreta y con elementos claros”, comentó ayer Roberto Lavagna.
Lavagna reconoció ayer en un contacto con periodistas que el Fondo Monetario desconoce la propuesta argentina sobre la deuda. Y si bien aseguró que los lineamientos de la oferta no están incluidos en la Carta de Intención, Página/12 pudo saber que allí se estima que la negociación con los acreedores se extenderá alrededor de un año.
La presentación, a cargo de Lavagna y del secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, se realizará en un hotel contiguo al que utilizarán el FMI y el Banco Mundial para desarrollar su convención anual. En forma paralela, en Buenos Aires, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, brindará la información en el Congreso. “La propuesta será muy precisa, transparente. No va a haber ninguna trampa. La situación es demasiado complicada como para pensar en pequeñeces. La Argentina necesita salir adelante”, refirió la fuente de Economía en diálogo con este diario.
Además del plan para retomar los pagos de la deuda, en el Palacio de Hacienda reconocen que “uno de los mayores desafíos” será el diseño de los canales de pago una vez que se alcance el acuerdo con los acreedores. Es decir, la estrategia que se llevará a cabo para que el dinero no sea embargado por los países en los cuales tengan éxito las demandas de los acreedores insatisfechos con la reestructuración. En la actualidad existen una decena de juicios en contra de la Argentina por el default. Siete de ellos tuvieron lugar en tribunales de Nueva York. Según estiman cerca de Lavagna, las demandas ascienden a unos 740 millones de dólares.
De ese total, 700 millones corresponden a un solo juicio. El demandante es Kenneth Dart, titular de un fondo de inversión familiar de los denominados “buitre”. En el equipo económico señalaron a este diario que el título de deuda en cuestión fue emitido durante la gestión de Roque Fernández “específicamente para una compañía de seguros”. Se trata de un bono Global nominado en pesos convertible a dólares. La fuente reveló que la aseguradora, de la cual prefirió omitir el nombre, habría vendido el título al fondo estadounidense una vez declarado el default. Ahora, el fondo (EM Ltd.) reclamó ante la justicia de Nueva York el pago del compromiso a su valor nominal, cumpliendo con las condiciones del lanzamiento.
Lo ocurrido con el bono Global que ahora se pretende cobrar ilustra cabalmente la historia económica de los años ‘90. Un Estado desesperado por financiarse para mantener la convertibilidad a cualquier precio, tanto que, según se denuncia ahora, llevó a que se lanzaran títulos “a medida” de empresas. El festival incluyó 156 tipos de bonos, 14 monedas y ocho jurisdicciones judiciales.
Según la óptica de Economía, el fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa de anteayer “constituyó una victoria para la Argentina”. La orden del magistrado prorrogó por 45 días la orden de “no innovar” que ya había impartido en dos fallos anteriores. O sea que los acreedores de la Argentina tendrán que seguir esperando para ver si pueden pasar por ventanilla. Para el Gobierno, la decisión del juez está en línea con su propia estrategia de intentar un acuerdo con los acreedores en el marco de una renegociación integral. “Nada impide que el ‘no innovar’ se siga prorrogando. El juez sabe que el default se arregla en una mesa de negociaciones y no en los tribunales”, apuntó la fuente de Economía.
A escasas horas del inicio de la renegociación, donde se esperan quitas de la deuda de entre 70 y 80 por ciento, el Gobierno cree que se redoblarán las presiones. Están en juego nada menos que unos 100.000 millones de dólares.