El compromiso de otorgar a las privatizadas un reajuste de las tarifas a cuenta, mientras se renegocian los contratos, es probablemente la mayor revelación que depara la lectura del nuevo acuerdo alcanzado por la Argentina con el Fondo Monetario, al menos según la síntesis del programa consensuado que el organismo dio a conocer ayer, después de que el directorio lo convalidara. Queda claro que el Fondo espera que Diputados dé sanción definitiva al proyecto de ley que faculta al Ejecutivo a renegociar las reglas de juego de los servicios públicos, y también a autorizar algún incremento mientras se discute. Como se sabe, el acuerdo cubre tres años y por él el FMI le refinancia al país 8980 millones de DEG, hoy equivalentes a 12.550 millones de dólares. Esto abre paso a su vez a la refinanciación, por unos 8500 millones adicionales, de obligaciones con el Banco Mundial, el BID y el Club de París. Otro punto importante es que el Presupuesto 2005 debería diseñarse con menos impuestos distorsivos (como el que grava débitos y créditos bancarios) y un nuevo régimen de coparticipación.
Según afirmó Anne Krüger, la número dos del Fondo, éste “reconoce que el programa propuesto está sometido a diversos riesgos, incluyendo los provenientes del hecho de que elementos clave de las reformas fiscal y bancaria, cruciales para la sustentabilidad, sólo serán formulados en una etapa posterior”. A su vez, resaltó que el éxito de este programa convenido con el FMI dependerá de lo rápido y sostenible que sea el acuerdo con los acreedores privados del país.
La síntesis del documento detalla los siguientes puntos, que se transcriben a continuación en versión libre y con algunos comentarios:
- Medida por el PIB, la economía nacional crecerá anualmente en torno de 4 por ciento entre 2004 y 2006. Se espera que la inflación sea en ese período de un dígito anual (es decir, menos del 10 por ciento, por lo que sorprende que Roberto Lavagna haya pronosticado un 10,5 por ciento para 2004 al presentar el proyecto presupuestario. El acuerdo se refiere a la core inflation, medición que suele excluir bienes de comportamiento errático, fuera de control, como el barril de petróleo).
- En política fiscal, tras el compromiso de un superávit primario de 3 por ciento del PIB en 2004, “las autoridades se comprometieron a superávit primarios de suficiente nivel para cubrir pagos netos de la deuda performing (es decir, que se está atendiendo) y las obligaciones que resulten de la reestructuración” (de la deuda defolteada).
- Habrá reformas estructurales a nivel fiscal para facilitar la eliminación de impuestos distorsivos. La secuencia de esas reformas está concebida para dar tiempo a la obtención del necesario consenso político. Las autoridades enviarán al Parlamento durante 2004 proyectos para la reforma del régimen tributario y de la coparticipación federal, con la intención de incorporar las nuevas normas al Presupuesto 2005.
- La política monetaria seguirá apuntando a afianzar expectativas de baja inflación. La expansión de la base monetaria corresponderá fundamentalmente a la acumulación de reservas internacionales. (Esto significa que, básicamente, el Central emitirá contra la compra de moneda extranjera, y sólo marginalmente lo hará para financiar al sector público. Como ya trascendiera, se prevé un crecimiento muy paulatino de las reservas, lo cual remite a una política monetaria bastante conservadora.)
- Las autoridades están considerando adoptar para fines de 2004 un régimen de metas de inflación (inflation targeting), e implementar reformas respaldatorias, que propendan a una mayor autonomía del BCRA.
- El programa busca fortalecer al sistema bancario, y especialmente lograr una mayor solvencia financiera de la banca pública, que deberá ser reestructurada y recapitalizada, al igual que la privada. Las autoridades planean compensar a los bancos por la pesificación y la indexación asimétricas. Esto quedaría completado al concluir el año actual. En cuanto a las pérdidas sufridas por los bancos debido a los amparos, lasautoridades se comprometieron a determinar su impacto y a identificar medidas que fortalezcan al sistema. También para esto el plazo es este fin de año. (En este punto, como se advierte, la formulación es vaga, pero aun así la compensación por los amparos terminó estando presente en el texto del acuerdo. Por otra parte, en un texto de presentación, Anne Krüger, subgerenta ejecutiva, afirma que la Argentina “implementará medidas compensatorias que resarzan a los bancos por el impacto que decisiones oficiales tuvieron sobre sus balances”. Sin embargo, Lavagna sostuvo ayer en Dubai que los bancos están bien y no necesitan nada.)
- Las autoridades apuntan a concluir la renegociación de la deuda a mediados de 2004. El acuerdo con los acreedores externos deberá ser consistente con la sustentabilidad a mediano plazo. (Se supone que esto quiere decir que deberá cuidarse una adecuada relación entre la capacidad de pago del país y los compromisos que asuma con los bonistas, aunque no queda claro cuál de esas dos variables deberá ajustarse a la otra.)
- En cuanto a las privatizadas, las autoridades apuntan a obtener aprobación parlamentaria dentro de este año para una nueva ley que delegue en el Poder Ejecutivo la facultad de renegociar los contratos y de disponer entretanto incrementos tarifarios. (Este texto contradice las seguridades ofrecidas por el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y la secretaria de Defensa de la Competencia y del Consumidor, Patricia Vaca Narvaja, de que el gobierno no aprovechará la delegación legislativa de atribuciones para otorgar un aumento de tarifas a cuenta. Lo difícil en estos casos es saber a quién hacerle caso. En otras palabras, quién le está mintiendo a quién: ¿Horst Köhler al directorio del Fondo, el gobierno argentino al FMI, el Ejecutivo al Parlamento, los ministros Lavagna y De vido entre sí? Pero si sólo se atiende al texto firmado, existe un concreto compromiso de reajustar las tarifas sin esperar que concluya la revisión de los contratos.
- Las autoridades revisarán la legislación sobre quiebras con miras a poner en vigencia un marco legal y regulatorio que sea conducente al avance en la reestructuración de las deudas de empresas privadas.