El 74 por ciento de los fondos que administran las AFJP están “invertidos” en títulos públicos en default. Los afiliados soportarán la quita por la reestructuración igual que el resto de los bonistas, sin que el Gobierno salga en su rescate. “Las AFJP no tendrán un trato preferencial”, definió ayer desde Dubai el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen. No habrá diferencias entre los tenedores de bonos “porque la negociación es una sola”, ratificó Roberto Lavagna. El ministro de Economía fue bastante más allá de la aclaración, al calificar a los ejecutivos de las AFJP como “inútiles”. “Francamente quisiera saber cuánto le pagan las AFJP a sus ejecutivos –comentó– porque son unos inútiles.” El ataque parece clausurar de antemano hasta la posibilidad de diálogo con las administradoras, que reclaman una negociación particular, distinta a la que se llevará a cabo con el resto de los acreedores.
La Unión de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (UAFJP), que reúne a todas las empresas, tuvo ayer una prolongada sesión de su comité ejecutivo para evaluar la propuesta de reestructuración del Gobierno y definir su posición. El director ejecutivo, Horacio Canestri, indicó a Página/12 que las compañías rechazan el planteo oficial e insisten con su oferta. “Lo lógico sería que hubiera un tratamiento diferencial”, manifestó de entrada. “Estamos dispuestos a aceptar un esquema similar al del bono Par, sin quita de capital y con un alargamiento de plazos”, agregó.
Las características completas de la propuesta de la UAFJP son las siguientes:
- Reemplazo de títulos públicos en default por otros con vencimientos escalonados de 20 a 30 años.
- Un plazo de gracia para el pago de amortizaciones de cinco años.
- Tasas de interés de Libo más 2 puntos, que en este momento equivale a 3,18 por ciento anual, frente al 7 por ciento que rendían los préstamos garantizados.
- Ratificación de la garantía que tenían los préstamos garantizados, que era la recaudación del impuesto al cheque.
Canestri señaló que la edad promedio de los 9,3 millones de afiliados a las AFJP es de 38 años, por lo que la mayoría puede esperar al vencimiento de bonos a 20 o 30 años de plazo. Pero las administradoras rechazan completamente la entrega de títulos que sufran quitas de capital. Lavagna, sin embargo, anticipó que no tendrá en cuenta pedidos especiales. La dureza del ministro pone en cuestión al sistema de capitalización.
En camino a cumplirse una década de su creación, los resultados son incluso peores a lo que habían imaginado sus críticos en un principio. Las AFJP embolsaron 5500 millones de dólares en comisiones, las compañías de seguros asociadas a ellas se quedaron con otros 2700 millones de dólares y los bancos que son dueños de unas y otros disfrutaron de una rentabilidad espectacular. Los afiliados dejaron más de un tercio de sus aportes en comisiones. En la actualidad, la comisión promedio del sistema representa el 36 por ciento del aporte. Y la promesa de que se terminaría con la evasión previsional también fue defraudada. Hoy aportan 3,1 millones de afiliados, sobre un total de 9,3 millones. El Estado, por su parte, pagó tasas de interés altísimas por tomar prestado el dinero que antes recibía directamente. Ahora que todo estalló, los que pagan los platos rotos son los futuros jubilados.
Un punto de discusión entre el Gobierno y las compañías se vincula con la suerte de los préstamos garantizados. Lavagna les dio oportunidad a las AFJP para que aceptaran su pesificación, con la indexación por CER. Pero las empresas nunca lo hicieron, hasta que el Gobierno resolvió a fines de agosto último dar por cerrado el plazo para ejercer la opción y les reintegró los bonos en default, dejándolas sin los préstamos garantizados que sí se están pagando. “Algunos lo presentaron como un cambio en las reglas de juego y de ninguna manera fue así. Simplemente se cerró una ventanilla que estuvo abierta durante un año y medio”, aclaró ayer Lavagna, al tiempo que puntualizó que la única AFJP que expresó su voluntad de retener los préstamos garantizados fue la del Banco Nación, cuyos afiliados “están cobrando”.
Lo que Lavagna no explicó fue por qué la propuesta de reestructuración de la deuda del Gobierno estipula que entre los años 2004 y 2018 la mitad de los aportes de los inscriptos en el régimen de capitalización volverán a ir a la compra de títulos públicos. Es toda una contradicción con el resto de su discurso y con la promesa de corregir las deficiencias con una nueva reforma previsional. Canestri, en tanto, sostuvo que las AFJP “no tenemos voluntad de litigar” para rechazar la reestructuración de la deuda, aunque dijo que mientras no haya acuerdo se mantendrán las acciones judiciales en contra de la pesificación y de la restitución de bonos en default en lugar de los préstamos garantizados.