Producción: Tomás Lukin

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Faltan regulaciones

Por Alfredo T. García *

La Ley de Entidades Financieras, una de las pocas imposiciones de la dictadura que ha llegado hasta nuestros días, fue pionera en la desregulación del sistema financiero. Lo hizo casi dos décadas antes de la aparición del Consenso de Washington. En la legislación vigente, el capítulo dedicado a los bancos comerciales tiene un solo artículo donde reza que éstos pueden realizar todas las operaciones que no les son prohibidas. La ley actual adolece de la falta de una gran cantidad de regulaciones necesarias.

Mucho se avanzó con la redacción de la Carta Orgánica del Banco Central en marzo de 2012. Facultó a la entidad para direccionar el crédito y regular las tasas de interés, tanto activas (para créditos) como pasivas (para depósitos). Desde su sanción, se han utilizado estas nuevas capacidades regulando comisiones, creando la línea de crédito para la inversión productiva y la cuenta única universal, colocando techos a las tasas de interés de créditos personales y prendarios, y pisos a las tasas pagadas por los depósitos a personas físicas menores a 350 mil pesos, entre otras medidas.

Son facultades que han sido bien utilizadas pero que pueden caer en desuso si una futura conducción del BCRA las desestima porque no coinciden con su proyecto de país. El direccionamiento del crédito y los topes a las tasas de interés deben ser una exigencia para las entidades financieras. Además se debe avanzar en temas aún no contemplados por la actual normativa, como definir a la actividad financiera como un servicio de interés público, tal como ya se legisló para la actividad hidrocarburífera y los servicios de comunicación audiovisual, entre otros, mientras se está discutiendo en el Parlamento su aplicación a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En ese sentido apunta la Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social (LSF) que promueve Carlos Heller y demás diputados del Frente Nuevo Encuentro.

Es necesario establecer un listado taxativo de operaciones para los bancos comerciales con el criterio de “banca universal”, para que puedan seguir cumpliendo con sus funciones pero evitando la problemática de la “innovación financiera”, cuya aplicación extrema y la falta de regulaciones llevaron a la gran crisis financiera internacional iniciada en 2007.

Además, ninguna entidad financiera privada debería poder tener una participación en el conjunto del sistema superior al 10 por ciento, tanto en el total de depósitos provenientes del sector privado como en el total de préstamos otorgados al sector privado, de forma tal de evitar que existan entidades “demasiado grandes para ser salvadas”, frase forjada con las experiencias de la crisis financiera que recrudeció con la caída de Lehman Brothers.

También es necesario establecer la obligación de que las entidades más grandes destinen una porción importante de su cartera a préstamos a las pymes y a préstamos hipotecarios para la vivienda, directamente o a través de otros bancos que canalicen los fondos a esos destinos, con tasa máximas para estas operaciones.

Se debe además otorgar al Poder Ejecutivo la facultad de autorización de nuevas entidades de capital extranjero, una disposición que existe en varios países. El objetivo es proteger la competencia doméstica, dado que hay bancos internacionales cuyo activo supera varias veces la dimensión de todo el sistema financiero argentino.

El concepto de usuario de servicios financieros es una novedad del proyecto de LSF, nominación que se utilizó posteriormente en la redacción de la última Carta Orgánica del BCRA. La derogación de la Ley 21.526 es una deuda de la democracia, y resulta alentador que el presidente del BCRA, Alejandro Vanoli, haya expresado al poco tiempo de asumir su intención de profundizar las mejoras en la entidad, mientras se generan las condiciones para una reforma de la Ley de Entidades Financieras “que alguna vez habrá que hacer”.

El proyecto de LSF recibió el apoyo de más de un millón de firmas de personas y de gran cantidad de entidades sociales, recogidas en el seno del movimiento cooperativo, lo que le confiere una alta potencialidad para ser el eje de la discusión de una nueva normativa para las entidades financieras, orientada a la satisfacción de las necesidades de los usuarios.

* Economista Jefe Banco Credicoop - Investigador CCC Floreal Gorini.

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¿Qué sistema bancario?

Por Alan B. Cibils *

Según la mitología neoliberal, que utiliza concepciones monetarias premodernas que nada tienen que ver con la naturaleza y el funcionamiento del dinero hoy, la desregulación financiera nacional e internacional implementada desde la década de 1970 resultaría en una liberación de las finanzas de la “represión” a las que las someten las regulaciones estatales. Esta liberación resultaría en una mayor competencia en el sector financiero, en tasas de interés reales más altas, las cuales inducirían al público a aumentar sus depósitos bancarios y, consecuentemente, a incrementar el financiamiento para la inversión llevando a un mayor crecimiento y bienestar económicos.

Contra lo vaticinado por la ortodoxia, desde la liberalización del sistema financiero argentino, que comenzó con la Ley de Entidades Financieras de la última dictadura militar (marco regulatorio aún en vigencia), se produjo una fuerte concentración y extranjerización de la banca, una marcada tendencia cortoplacista en el crédito priorizando el consumo sobre la inversión productiva, y reiteradas crisis financieras de gran magnitud con sus respectivos salvatajes al sector bancario. Este comportamiento del sector bancario local es un reflejo del comportamiento de la banca global, que responde a objetivos de negocios globales elaborados mucho más allá de las fronteras del país donde operan.

La desregulación también produjo múltiples crisis en los países centrales. La más reciente, causada por la explosión de la burbuja inmobiliaria a partir de 2008, desató una gran crisis financiera con fuerte impacto en la economía mundial. En lugar de cambiar el marco regulatorio, para minimizar la probabilidad de crisis en el futuro, la respuesta de los gobiernos centrales fue un salvataje sin precedentes a las mismas instituciones que participaron de la creación y expansión de la burbuja. Eso produjo fuertes críticas desde sectores diversos, incluso de economistas cercanos a la ortodoxia, como los premios Nobel Stiglitz y Krugman, que propusieron la nacionalización temporaria de la banca estadounidense.

A raíz del paupérrimo desempeño del financiamiento a sectores productivos desde la desregulación, se ha gestado un interesante debate sobre la función que debería tener la banca en la economía y, especialmente, en un proceso de desarrollo. Tomando como ejemplos a los países de industrialización tardía exitosa (Corea del Sur, China, etc.) y el papel clave jugado por la banca pública en el financiamiento de la inversión productiva, se torna obvia la necesidad de un sistema financiero público que responda a objetivos nacionales de desarrollo y a las necesidades de la economía real y de los hogares. El propio ejemplo de la Argentina durante el período de industrialización por sustitución de importaciones, cuando la confluencia de objetivos de política macroeconómica y financiera, con participación central de la banca pública, contribuyó a motorizar la industrialización y el desarrollo, debe ser rescatado si se quiere retomar la agenda del financiamiento para el desarrollo.

La banca que resultó de la todavía vigente ley de la dictadura es una banca concentrada e internacionalizada. Adicionalmente, desde la crisis de 2001-2 es un sector con rentabilidades muy superiores a la década del auge neoliberal (1990). No es la banca que necesita un país para desarrollarse. Para eso es necesario que el sistema bancario se conciba como un servicio público, cuya prioridad sea financiar a la inversión productiva y no solamente maximizar ganancias. Para este fin es necesaria una profunda reforma del sistema bancario, que promueva centralmente a la banca cooperativa y a una banca pública revitalizada, atenta y comprometida con las necesidades locales. La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de 2012 fue un primer paso necesario, pero no suficiente. Hace falta dar el paso siguiente: una nueva ley de entidades financieras para dejar definitivamente atrás el legado de la dictadura en el sector financiero, y que ponga en el centro de la escena a la banca pública y cooperativa como motores del financiamiento de la actividad productiva.

* Investigador docente del área de Economía Política del Instituto de Industria, Universidad Nacional de General Sarmiento.