Las más altas autoridades del Gobierno admitieron ayer que entre las pautas que se analizan para introducir cambios en el sistema previsional se encuentra dejar abierta la posibilidad, a los afiliados a AFJP, de pasarse al sistema de reparto. “Si estamos en un sistema de libertades en el mercado, también la gente tiene que tener la libertad de movimiento”, sostuvo ayer Alberto Fernández, jefe de Gabinete, en una entrevista radial. En tanto, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, insistió con sus críticas a las administradoras de fondos de jubilación. “Quienes están en el régimen de reparto van a tener una jubilación justa y quienes estén afiliados a una AFJP van a tener que ejercer sus derechos frente a aquellos que se comprometieron a manejar responsablemente sus ahorros”, disparó Lavagna.
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, esperaba anoche ser recibido por el presidente de la Nación, para tratar el futuro del régimen previsional. Alfredo Conte Grand, secretario de Seguridad Social, elaboró un proyecto de unificación entre el sistema de capitalización y el de reparto para conformar un “sistema mixto”, con las mismas reglas para todos los aportantes. Pero en otros ámbitos del gobierno se aseguraba que esta propuesta ya fue desechada, tratando de restarle importancia al proyecto que seguramente más afecta a las administradoras.
En cambio, quienes están cerca de Néstor Kirchner aseguran que éste es un debate que recién empieza. Aún queda por delante una prolongada discusión acerca de cuál será el sistema más conveniente, pero las fuentes garantizan que “cuando el tema llegue al Congreso, será a través de un proyecto que no constituirá una reforma menor sino que irá a fondo”.
Pero mientras estos sucede, Alberto Fernández salió ayer a bajar las expectativas respecto de una inmediata reforma previsional. El gobierno adoptará una actitud “prudente”, indicó, antes de introducir reformas al sistema, y subrayó que el sistema de reparto presenta “ventajas y desventajas” que es preciso evaluar. Pero consideró que “debiera establecerse algún sistema que dé libertad” a los afiliados a las AFJP, quienes actualmente no pueden volver al sistema de reparto. Lavagna, en cambio, insistió en mantener un discurso de confrontación con las AFJP y ayer les recordó que “no están sólo para cobrar comisiones; si no hicieron correctamente las inversiones tendrán que recapitalizarse para asegurar lo que prometieron a sus afiliados”.
La discusión en torno al régimen previsional llegó a los estrados judiciales de la mano del abogado Ricardo Monner Sans, que ayer radicó hoy denuncia penal para que la Justicia investigue si algunos funcionarios y las AFJP cometieron o no delitos en el manejo de los ahorros previsionales de los trabajadores. La lista de ex funcionarios a los que pide citar incluye al ex presidente Fernando de la Rúa y el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, y a dos integrantes del actual gobierno, Alberto Fernández y Juan González Gaviola. El primero, en calidad de ex superintendente de Seguros y por haber sido “uno de los que trabajó en el proyecto de ley que creó las AFJP”, según el denunciante. El segundo, porque como diputado nacional “se opuso a la ley y logró incluir que la AFJP Nación diera una garantía de rentabilidad real”. Por lo tanto, consideró que ambos “podrían aportar jugosa información” sobre los orígenes del actual sistema.
Para Monner Sans, “la investigación debe ser integral” para “analizar la conducta de los funcionarios que se ‘distrajeron’, ‘silenciaron’ o ‘impusieron’ criterios a contrapié de las normas del Código Penal” y adelantó que “se investigará la responsabilidad penal de quienes pudieron haber dictado las normas que obligaron a las AFJP” a suscribir Letras del Tesoro; si al hacerlo “se ha respetado que el máximo de los títulos públicos emitidos por la Nación en los que podían invertir las AFJP es del 50 por ciento del total del activo del fondo” y, en caso negativo, “por qué y qué actitudes han tomado los organismos de control” en las distintas épocas. El responsable del área de Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, Eugenio Semino, también volvió sobre los orígenes del actual sistema. Pidió repatriar a Cavallo para que dé explicaciones sobre el sistema de capitalización y su funcionamiento. “Cavallo es el responsable de haber hipotecado el ingreso de los futuros jubilados con la creación de las AFJP”, afirmó. “El ex ministro debe volver al país para explicar el negocio que pone en peligro la vida de nuestros jubilados”, exigió el ombudsman de la Tercera Edad.
Otra denuncia, presentada ayer por los abogados Marcelo Parrilli y Antonio Luirgo, apunta directamente sobre la responsabilidad de los directores de las administradoras. En ella se reclama una pericia contable para determinar “qué cantidad de valores absolutos y porcentuales percibieron en carácter de comisión” las AFJP.