Ante todo, un poco de mitología. Para Santiago Urbiztondo, de FIEL, hay cuatro “mitos” en relación con la privatización de los servicios públicos en los ‘90. Son los siguientes. Primer mito: Indexar tarifas (dolarizadas y en la Argentina) por la inflación de Estados Unidos violó la Ley de Convertibilidad (que prohibía las indexaciones), perjudicando a los consumidores en más de u$s 10.000 millones. Segundo mito: Las tarifas telefónicas fueron las más altas del mundo. Tercer mito: Las privatizadas tuvieron altísima rentabilidad merced a continuas renegociaciones que eliminaron el riesgo empresario, lo que demuestra que hubo falta de regulación y tarifas elevadas. Cuarto mito: Las privatizaciones contribuyeron a perjudicar la distribución del ingreso en la Argentina.
Mitos y falsedades, prejuicios y calumnias que Urbiztondo se dedicó a refutar como parte de la celebración de los 40 años de FIEL en el Sheraton. Los investigadores de Flacso en la materia, que ahora están asesorando al ministro de Planificación Federal y que, a la luz de lo sostenido por Urbiztondo deberían ser tenidos por mitómanos, fueron invitados a presenciar la exposición de Urbiztondo y otros oradores de postura similar desde la platea, pero declinaron concurrir. ¿Falta de vocación por el debate?
“No se necesitaba gente muy inteligente para darse cuenta de que la provisión de infraestructura y de servicios públicos no es algo que se puede dejar librado a mercados descentralizados. Se están proveyendo servicios esenciales que requieren inversiones de muy larga vida útil, servicios que no son sustituibles y que por lo tanto constituyen casos en los cuales los mercados no funcionan.” Pero esto no fue dicho por Urbiztondo sino por Alberto Müller, participante del Plan Fénix, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Económicos (UBA) y funcionario de la oficina de Inversión Pública, del Ministerio de Economía.
Disertando días atrás sobre infraestructura y servicios públicos, sostuvo que los mercados son buenos cuando se trata de investigar desarrollos nuevos, cuando se compite por diferenciación de producto, pero que eso no es precisamente lo que ocurre en el sector de la infraestructura. “La electricidad es el mejor ejemplo –refirió–: los electrones son todos iguales, y todo el mundo sabe cuántos electrones se consumen. En este caso, los mercados no son necesarios.”
Para Urbiztondo, no todo lo malo que la gente piensa de las privatizaciones es puro mito. También hay realidades, pero parciales. Las que él denomina “realidades no 100% generales”. Son éstas: frecuentes renegociaciones, peajes exorbitantes, mecanismos de licitación ineficientes, privatización sin corrección previa de la estructura tarifaria, trato comercial abusivo y diseño institucional deficiente (entes reguladores sin autonomía, insuficiente transparencia –¿un eufemismo para no poner corrupción?–).
Müller urge a reconstruir rápidamente la capacidad técnica de los organismos estatales. “Esto es un punto absolutamente central –recalca–. El desmantelamiento que ha habido de la capacidad técnica del Estado en la década pasada fue extremo, a pesar de la constitución de entes reguladores que pagaban muy buenos sueldos.” Vale decir que no hubo un problema de fuga de talento y experiencia por falta de retribución. Lo que faltó, según sostiene, fue vocación.
Crítico respecto de la actual política, Urbiztondo plantea tres preguntas que son en sí mismas otras tantas acusaciones. Primera cuestión: ¿Postergar la renegociación para encontrar el momento político oportuno o por revanchismo ante las privatizadas? Segunda: ¿Se busca remplazar inversión privada por inversión pública financiada con préstamos deorganismos multilaterales? Tercera: ¿Hay noción de la deuda pública que se está generando por la ruptura unilateral de los contratos?
Müller descubre algunos aspectos positivos en las privatizaciones. Hubo en varios casos mejoras de eficiencia, que a veces implicaron la mejor utilización de capacidad productiva ya existente, introducida por el Estado con anterioridad. Puertos, transporte ferroviario e incluso generación eléctrica son ejemplos de ello. En usinas térmicas, autopistas urbanas y telecomunicaciones hubo incrementos importantes de capacidad gracias a importantes inversiones. Pero también señala efectos negativos.
Aunque Urbiztondo sostiene que la insatisfacción con las reformas de los ‘90 parece “alimentada por mitos”, le preocupan los “errores” reales (el encomillado es de su filmina) porque han provocado un riesgo de reversión de las reformas. Algo así como la temible reestatización. Para fundamentar su alarma mostró una serie elaborada por Ipsos-Mora y Araujo, para medir, a través de encuestas, no la alcoholemia, sino el grado de “estatismo” o “privatismo” de la población. La serie comienza en 1985, cuando ya soplaban los primeros aires privatizadores, y en 1992 alcanza el pico de ventaja de los privatistas (65 por ciento) sobre los estatistas (20%). Luego las curvas se van cerrando hasta cruzarse en 1999. En 2002 sólo quedaban ya poco más de 30 por ciento de privatistas, casi duplicados por los estatistas. Es el momento para que algún Barrionuevo del privatismo exhorte a parar la mano por un par de años.
A Müller no le daba el tiempo disponible para desplegar la lista de efectos negativos de las privatizaciones, por lo que se conformó con citar algunos ejemplos. En el sector eléctrico, la desaparición de incentivos para la generación hidroeléctrica por falta de horizonte para los inversores, y la casi nula construcción de nuevas líneas de transmisión. Las consecuencias se vieron en el apagón ocasionado por Transener, cuando una caída en la generación del 15 por ciento dejó sin corriente a casi la mitad del sistema interconectado. La cartelización del mercado de hidrocarburos es otro mal. También fue negativa la sobreinversión en transporte interurbano de pasajeros, que ha aumentado en 200 millones de dólares la deuda externa argentina. En cuanto a los operadores aéreos, quebraron prácticamente todos. El transporte ferroviario está peor que antes de la privatización, salvo en algunos segmentos del metropolitano. Concesiones viales y agua potable integran también la lista negra.
“Necesitamos reconstruir la capacidad de planificación del Estado y recuperar la noción de política sectorial”, proclama Müller. Un Estado técnicamente sólido, que entienda los temas más allá de los intereses sectoriales. Y un sector privado que actúe subordinado a los planes estatales en función de los intereses del país. ¿Será realidad, será mito?