“Fue una reunión para tantearse, para ver dónde está parado el otro”, describió ante este diario una fuente, refiriéndose al encuentro que mantuvieron ayer Roberto Lavagna y Carlos Tomada, ministros de Economía y de Trabajo, respectivamente, para encontrarle algún rumbo a la impostergable reforma previsional. Por ahora, la única coincidencia atañe a la decisión de permitir, con limitaciones de plazo, el retorno al régimen de reparto de quienes estén aportado al sistema de capitalización. En realidad, esta posibilidad constituye el aspecto central de un proyecto de ley que ya pasó la prueba en Diputados pero duerme en Senadores, lo cual revela los desacuerdos que genera en el oficialismo. Ayer un vocero mencionó la posibilidad de que el Ejecutivo reabra provisoriamente la opción del traspaso mediante un decreto de necesidad y urgencia, mientras se prepara una reforma mucho más abarcativa.
El elemento clave que traba el avance hacia un nuevo sistema es el costo fiscal que involucra cualquier esquema políticamente rentable. Como ese costo recaería sobre la Nación, el tema queda subordinado al diseño del futuro régimen de coparticipación federal de impuestos, necesario para poder predecir los recursos con que podría contar Hacienda. En Economía aluden a un sistema mixto (estatal-privado), que incluya un componente básico asistencial “fortalecido”.
En verdad, ya hoy rige un esquema dual, con un componente común, a cargo del Estado, que es la PBU (prestación básica universal). Sin embargo, todo el sistema es contributivo: sólo acceden a los beneficios quienes completen 30 años de aportes, con lo que nada tiene de universal, sobre todo considerando los altos niveles de desempleo e informalidad laboral. La alternativa consistiría en una prestación realmente universal, y por tanto desvinculada de la contribución individual. Este principio figura también en un proyecto elaborado por el radicalismo.
El mismo criterio es sustentado por el llamado libro blanco de la reforma previsional, que elaboró el secretario de Seguridad Social, Alfredo Conte Grand, cuando Graciela Camaño comandaba Trabajo. Pero su propuesta ya no cuenta con respaldo porque imaginaba un régimen mixto único, con desaparición del de reparto. Esto implicaba que todo trabajador debería aportar a una AFJP, percibiendo al jubilarse una asignación universal pagada por el Estado con recursos impositivos generales y otro componente generado por su fondo individual. Esta idea nunca fue apoyada por el equipo Lavagna.
El esquema alternativo consistiría en la convivencia de una asignación universal con un complemento que proviniese del sistema de reparto o del de capitalización, agregando cierta libertad de traslado entre uno y otro para obligar a las AFJP a competir con la variante estatal. Lo claro, en todo caso, es que ningún régimen de previsión y seguridad social conseguirá autofinanciarse, y que es por tanto necesario decidir el monto de transferencias que recibirá del fisco.
El clima en torno de la reforma está enrarecido por otra clase de cuestiones, como la renegociación de los títulos de deuda pública en poder de los fondos de capitalización y la confusión, tanto patrimonial como operativa y de imagen, entre algunos grandes bancos y las AFJP dominantes en el circuito. Las presiones mutuas entre el Gobierno y los financistas no tienen todavía un desenlace previsible.