Jue 09.10.2003

ECONOMíA  › LA AGN PIDE MAS CONTROL EN CONCESIONES POR PEAJE

La culpa de los reguladores

› Por Cledis Candelaresi

El informe de la Auditoría General de la Nación sobre las concesiones de rutas nacionales y accesos por peaje que ayer fue elevado al ministro de Economía, Roberto Lavagna, plasma casi a pie juntillas la visión que tienen los hombres de Economía y Planificación sobre estas privatizaciones. El documento señala fuertes incumplimientos en la ejecución de los contratos –que en el caso de las rutas nacionales expiran a fin de mes–, falencias regulatorias que propiciaron multimillonarias e indebidas transferencias de recursos a los concesionarios, así como notables falencias del Estado al controlarlos. Pero a la hora de las recomendaciones, el texto acompañado por una nota que firma el auditor Leandro Despouy no habla de rescisiones ni de erradicación de las cabinas de cobro sino de mejorar el sistema, lo que podría considerarse como un implícito aval a la idea de mantenerlo.
El análisis fue girado al Poder Ejecutivo apenas 48 horas después de que el Gobierno precalificara a las empresas que participan en la actual licitación de rutas nacionales por peaje, una reedición del sistema sobre las tarifas actuales pero con subsidios sustancialmente menores y otorgados por otros conceptos. Es una síntesis de veintiséis informes de la AGN producidos desde 1993 hasta la fecha, pródiga en urticantes observaciones sobre deficiencias “estructurales”:
- Muchas de las inversiones no se han realizado o se ejecutaron tardíamente, amén de que “no se efectuaron sobre ellas los controles de calidad”. Estas faltas, según denuncian los auditores, redundan en un mayor deterioro de los caminos y, por consiguiente, en la necesidad de desembolsar más para subsanarlas.
- El conjunto de concesionarios habría tenido ingresos extraordinarios por la aplicación de ajustes tarifarios indebidos, ya que violan la ley de Convertibilidad. El mismo texto señala que en la renegociación del año 1992 (apenas dos años después de puesto en vigor el régimen) el otorgamiento del subsidio respondió al afán de evitar que el precio del peaje subiera “sustancialmente” por las cláusulas vigentes entonces. En 1997 y 1998 la Auditoría señaló que el “traslado incorrecto de la tasa LIBO desde agosto de 1994 genera un mayor ingreso indebido (...) superior a los 700 millones de pesos anuales”. A este pecado global se habrían sumado otros cálculos erróneos del órgano de control, por el que algunas empresas cobraron más compensaciones de las que les hubiera correspondido: un ejemplo citado es el de Servicios Viales (Macri) que, sólo en uno de los períodos del análisis, recibió del Tesoro 10,43 millones de pesos de más.
- Los organismos de control, Ocraba (en el caso de los accesos), la Dirección Nacional de Vialidad y luego Occovi (en las rutas nacionales), no realizaron los controles técnicos apropiados, “demoraron excesivamente la tramitación de sanciones” o no cumplieron, según los casos, con la obligación de responder los reclamos de los usuarios, violando el mandato de resguardar sus intereses.
Aunque concebidos con la lógica opuesta de realizar las obras primero y cobrar después, la privatización de los accesos a Buenos Aires también tiene falencias advertidas por la AGN, en particular la Autopista Buenos Aires-La Plata, concesionada por la provincia de Buenos Aires. Entre otras faltas, los auditores señalan un aumento tarifario autorizado un año y medio antes de lo que correspondía por contrato y la eximición de construir la autopista ribereña, obra juzgada como medular.
Para el resto de los adjudicatarios cabe el reproche de indexar sus tarifas según el índice de precios de los Estados Unidos y, ahora, una rebeldía que Néstor Kirchner deberá enfrentar en breve, so pena de consentir una transgresión a la ley: suspendieron sus obras a la espera de “una adecuación económica de sus contratos”, violando con ello “la ley de Emergencia Pública”, según alerta la Auditoría.
Sobre este cúmulo de cuestionamientos, Despouy recomienda establecer “un marco regulatorio apropiado” y un “sistema de control eficiente, oportuno e integral”. Sólo se trata de perfeccionar el sistema para evitar “los errores del pasado”.

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