El presidente de la Cámara Argentina de Inversores del Sector Eléctrico, Francisco Mezzadri, aseguró ayer que “las compañías no tienen ninguna intención de hacerle daño a la población” y que “el Gobierno conoce las limitaciones que tiene el sistema”, en alusión a posibles cortes. Esas declaraciones tuvieron por objetivo salir al cruce de una advertencia pública formulada por el ministro de Planificación, Julio De Vido, quien advirtió que “de ninguna manera el Gobierno admitirá interrupciones en el servicio”.
A través de intervenciones en los medios, los funcionarios de la distribuidora Edesur dejaron entrever que la drástica caída en las inversiones del sector lo debilitaban mucho. Según José María Hidalgo, gerente general de la compañía, aunque las distribuidoras tienen espaldas para soportar la presión de una mayor demanda por un tiempo más, la generación está con verdaderos problemas que en un futuro podrían generar apagones.
De inmediato, De Vido recordó que la vigencia de la Ley de Emergencia Económica les impide a las prestadoras de servicios públicos –las distribuidoras están en este régimen, las generadoras no– suspender el suministro aunque sus contratos estén en revisión y advirtió que el Gobierno “de ningún modo soportará eso”.
“Es como ir al médico y hacerle un juicio al profesional por un diagnóstico que no gusta al paciente”, replicó ayer Mezzadri, erigido en eventual vocero del sector. La polémica tiene lugar poco después de que el Gobierno consiguiera la aprobación de una ley que lo habilita a autorizar aumentos antes de que estén terminadas las renegociaciones contractuales. Las distribuidoras de luz y gas siguen siendo las principales candidatas a tener alguno.