Jorge Capitanich, jefe de Gabinte, afirmó ayer que “el gran problema endémico (de la Argentina) es la fuga de capitales y la evasión impositiva”. En ese marco, volvió a reclamar a la Justicia avanzar en la causa que investiga a más de cuatro mil argentinos responsables de cuentas no declaradas en la sucursal de Suiza del banco HSBC. “Este es el gran problema de Argentina y lo que se observa es que nadie quiere asumir responsabilidades en la investigación profunda de esta denuncia, también en materia de la Justicia Penal Económica.” En su habitual conferencia de prensa diaria, Capitanich agregó que “lo mismo hemos observado con los casi 527 mil expedientes en el ámbito del Banco Central, respecto de las infracciones cambiarias que pueden tener consecuencias de tipo penal”.

La lista de cuatro mil nombres que involucra a personas y empresas argentinas se conoció a partir de la denuncia de un técnico informático que tuvo acceso a los datos trabajando para el HSBC, Hervé Falciani. Precisamente en relación con información con ese mismo origen, ayer se informó en Madrid que el gobierno español ha solicitado un estudio para decidir si emprende acciones legales contra la filial suiza del HSBC por su posible participación en fraude fiscal. Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, explicó en el Senado que el estudio intentará determinar el grado de participación y responsabilidad de la entidad y de sus directivos, sin excluir la que les corresponda a otros bancos tantos españoles como extranjeros. En el caso de España, las personas involucradas son unas cuatro mil, por una suma menor que oscilaría en torno a los dos mil millones de dólares.

En declaraciones al diario francés Le Parisien, conocidas ayer, Falciani señaló que la lista que elaboró “no es más que la punta del iceberg”, ya que en los ficheros del HSBC hay mucho más que los 106 mil nombres filtrados, aseguró. Una vez elaborado ese listado, Falciani lo entregó a la Justicia francesa, que a su vez lo distribuyó con otros países con los que mantiene acuerdos de cooperación en la persecución de delitos económicos. Entre ellos, Argentina.