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Los actuales concesionarios de rutas por peajes que incumplieron sus contratos no podrán participar de la nueva licitación que prepara el Gobierno. Así lo confirmó ayer el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien también indicó que se estudian posibles acciones legales contra los consorcios que indexaron sus tarifas en el pasado a pesar de que la ley se los impedía. La noticia es de alto impacto, ya que la mayoría de las empresas excluidas son las grandes operadoras del sistema. El último sábado, Página/12 reveló que compañías como Servicios Viales (de Macri), Dycasa y Roggio, entre otras, podían quedar afuera de la licitación debido a que un nuevo informe del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) evidenciaba sus severas deficiencias en los años que llevan explotando el servicio.
La concesión por cinco años de seis corredores viales se convertirá en la primera experiencia privatizadora del gobierno de Néstor Kirchner. El esquema diseñado mereció más de una crítica, tanto de algunos diputados -incluso justicialistas– como de profesionales del sector privado. Por el contrario, los actuales adjudicatarios le dieron su aprobación, ya que el negocio que se les reserva sigue siendo atractivo. Frente a ese escenario, el Gobierno pagaría un costo político adicional si dejara participar a quienes tienen deudas pendientes por no haber hecho las tareas a las que se habían comprometido.
Fernández aseguró que a esas empresas se les bajará la barrera, aunque no dio precisiones sobre si serían habilitadas en caso de que se pongan al día previamente. De acuerdo al informe del Occovi, hay inversiones pendientes por unos 280 millones de pesos. Las empresas tienen hasta el próximo viernes para tratar de arreglar su situación, dado que para ese día está programada la presentación de ofertas para la explotación de los corredores. Su otra opción sería negociar para que se postergue ese paso en el proceso licitatorio.
La semana pasada el Gobierno se dedicó intensamente a las cuestiones relacionadas con las privatizadas. Y esta semana ocurrirá lo mismo. Además de confirmar cuál será la posición oficial frente a los concesionarios viales, Fernández volvió a involucrarse en la pelea con las compañías eléctricas. Se quejó de que las “advertencias” de las empresas del sector por eventuales cortes de energía en el verano “suenan más a amenazas que a una intención de colaborar”. El funcionario afirmó que en el Gobierno “contamos que no ocurra” un colapso del sistema eléctrico cuando “se trabaja en la revisión de los contratos”.
Todavía más contundente fue al referirse a las AFJP. Fernández descartó que el Gobierno pudiera preparar una emisión especial de bonos para sus afiliados, con una quita de capital de sólo el 30 por ciento. La versión fue publicada ayer en el diario La Nación. “No habrá discriminación alguna
para los tenedores de bonos en default”, fue la enfática respuesta oficial. Fernández sostuvo que “no hemos cambiado absolutamente nada de nuestra propuesta original”, que contempla una quita nominal del 75 por ciento a toda la deuda, sin excepciones a favor de las AFJP.
De acuerdo a la interpretación que escuchó este diario de fuentes de Casa de Gobierno, las AFJP lanzaron la versión de que habría para ellas un descuento menor (de sólo el 30 por ciento) para frenar la huida acelerada de afiliados hacia la AFJP Nación. Esta administradora fue la única en aceptar la pesificación de los bonos que tenía en cartera (los préstamos garantizados), y gracias a ello sus afiliados siguen cobrando. El resto de las empresas quedaron dentro de la reestructuración de la deuda, al no aceptar la pesificación.
La reacción de esas compañías cuando Roberto Lavagna anunció que los títulos en default sufrirían una quita del 75 por ciento fue acusar al Gobierno de provocar un grave daño a los futuros jubilados. Pero el tiro les salió por la culata, porque la respuesta de Lavagna fue incitar a los afiliados a que inicien acciones legales contra las AFJP y, más que eso, miles de personas voluntariamente se pasaron a la AFJP Nación, a fin deevitar la quita. Esta fuga está afectando al resto de las empresas, que por tanto habrían difundido que el Gobierno tendría para con ellas un trato especial.
Armando Torres, portavoz de Lavagna, puntualizó ayer que “el trato equitativo” del Gobierno con los acreedores “es un aspecto fundamental e irrenunciable” de la propuesta de reestructuración de la deuda. “No habrá trato preferencial para ninguno –insistió–, tal como se precisó en la presentación realizada en la Asamblea del FMI y el Banco Mundial el 22 de setiembre”. Finalmente, en cuanto a la reforma previsional, Fernández señaló que se analizará con cuidado todas las posibles modificaciones para no generar consecuencias económicas no deseadas.