El Gobierno presentó ayer una moción ante el juzgado de Thomas Griesa para rechazar el ingreso de nuevos demandantes en el marco del litigio que encabeza NML Capital. El magistrado neoyorquino abrió la puerta a todos aquellos que, bajo la figura legal de me too (a mí también) busquen beneficiarse con las mismas condiciones de la sentencia favorable que obtuvieron los fondos buitre. El resultado fue la presentación de 526 reclamos por un total de 5400 millones de dólares, que se suman a los 1600 millones que Griesa obliga a liquidar en un solo pago a los demandantes que iniciaron el litigio. El escrito de Economía ante ese tribunal argumenta que los nuevos reclamos deben ser denegados, debido a que la mayoría de las presentaciones corresponde a tenedores de deuda aún en cesación de pago que ya obtuvieron sentencias favorables por otros canales. En el texto también se indica que el monto al que ascendería la deuda –que el equipo de Kicillof estima por encima de los 10 mil millones de dólares si se cuentan otros reclamos pendientes– es imposible de abordar por el Estado argentino.

Finalizadas todas las instancias de apelación de un fallo y quedando firme la sentencia, la Justicia estadounidense establece la posibilidad de que otros actores se sumen en busca de un “alivio” similar al obtenido por los demandantes. El juez neoyorquino habilitó hasta el 3 de marzo la posibilidad de que ingresen nuevos demandantes, lo que elevó el monto reclamado a unos 7000 millones de dólares. El país tuvo plazo hasta anteanoche para solicitar la impugnación de estas presentaciones, mientras que los me too tendrán hasta el 7 de abril para contestar la presentación de “oposición”.

Los denominados me too se dividen en dos grupos. Por un lado, están los que poseen sentencia firme con condena para que el país pague. En este caso, la posición del equipo económico es que éstos no pueden acoplarse a una orden de pari passu (igualdad en el tratamiento entre acreedores) como la utilizada por NML porque ya cuentan con una sentencia condenatoria previa. Por otro lado, se encuentran quienes iniciaron la demanda pero todavía no poseen sentencia firme contra la Argentina. La mayoría de quienes se presentaron tienen sentencia firme, tal como detalla el escrito presentado a Griesa.

“Si el Tribunal otorga estas adhesiones, los números en cuestión sólo aumentarán más, por lo que el cumplimiento (de la sentencia) será todavía más inalcanzable”, señala la presentación del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, que representa a la Argentina, en la a que se recuerda que sólo en el juzgado de Griesa hay más de 10 mil millones en reclamos e insiste en que “la gran mayoría de los demandantes aquí ya han obtenido dinero sobre sus reclamaciones contra la República”.

En el documento de 39 páginas, en el que se anexó el detalle de las más de 500 solicitudes de me too, se recuerda que los demandantes lograron un bloqueo sobre el pago de intereses de tenedores por unos 28 mil millones de dólares en capital de bonos reestructurados, que habían aceptado un recorte significativo de la deuda. “En pocas palabras, no habría habido ninguna deuda reestructurada, si alguno de los tenedores hubiera creído seriamente en el contrato de 1994 (las condiciones iniciales de los bonos en default)”. El escrito recuerda también que el país alertó sobre la posibilidad de que el monto demandado ascendiera a cifras impagables. “Y eso es exactamente lo que ha sucedido”, remarca. En ese sentido, recuerda el apoyo que tuvo el país a la posición argentina sobre el pésimo precedente para futuros canjes de deuda la “mala interpretación de la cláusula pari passu”, entre los que cita al Fondo Monetario Internacional y a Naciones Unidas.