La Comisión Europea (CE) volvió a acusar ayer a Argentina de aplicar barreras comerciales y cambiarias que perjudican el intercambio con el bloque regional. En un informe sobre los socios con los que mantiene conflictos, aseguró que el mayor problema con Argentina se refiere a las medidas supuestamente restrictivas para las importaciones que exigen que se complemente una declaración jurada a los importadores para esas ventas extranjeras. De este modo, busca meterle presión al país para que cumpla con un fallo del tribunal de disputas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), donde dice que el país incumple las leyes internacionales de comercio. Además, en el informe se cuestiona a Argentina por el impuesto que se les aplica a los vehículos de alta gama importados y por aplicar supuestas restricciones al giro de divisas al exterior.

El documento de la Comisión Europea indica que en los principales mercados para la Unión Europea se han identificado siete casos de obstáculos procedentes de Rusia, seis de China, cuatro de India y Brasil y tres de Argentina y Estados Unidos. “Después de varios años de turbulencias, la economía global mejora. En estas condiciones es decepcionante ver que persisten muchos obstáculos al comercio y a las inversiones”, señaló la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmstrom, al dar a conocer los resultados del documento que se publica anualmente desde 2011. Malmstrom agregó que “ahora más que nunca se necesita determinación para eliminar las barreras”.

En el caso argentino, la CE renueva sus críticas por las supuestas restricciones a las importaciones a partir de la implementación del sistema de Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI), pero además acusó al país de aplicar restricciones al giro de divisas. “Argentina continúa aplicando restricciones severas a las transferencias en moneda extrajera, dividendos y regalías o derechos de autor”, dice la CE, que señala que “la situación ha empeorado ante la creciente escasez de reservas”. También señaló que el país “ha recurrido a la imposición interna para regular las importaciones de automóviles de alta gama, embarcaciones, aviones y motos, a los que impone un impuesto de lujo un 50 por ciento superior al valor máximo”, lo que perjudica a esos modelos.

En lo que respecta a las supuestas restricciones a las importaciones, en agosto del año pasado la OMC falló en contra de la Argentina ante una denuncia por trabas comerciales iniciada en mayo de 2012 por la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. Un panel integrado por tres árbitros de ese organismo dictaminó que el país violó reglas internacionales de comercio al aplicar desde febrero de 2012 licencias de importación no automáticas. Argentina apeló esa sanción, pero la OMC no dio lugar al pedido. En enero de este año, el tribunal de apelaciones de la OMC validó el informe elaborado por un grupo especial, el cual había “constatado” dos situaciones supuestamente contrarias a la normativa del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), que se refieren a la aplicación de las DJAI y al establecimiento de condiciones para importar. El tribunal instó entonces al país a compatibilizar las normas locales de administración del comercio exterior con la reglamentación internacional. “Buenos Aires tiene que cumplir con las reglas del comercio internacional”, señaló el fallo.

“Vamos a acatar el fallo de la OMC, pero eso no implica el desmantelamiento del esquema de DJAI. Si hay cuestiones puntuales de implementación, no tenemos problema en discutirlas”, señaló el martes pasado el secretario de Comercio, Augusto Costa. El Gobierno confía en que, entre los (largos) tiempos burocráticos de la OMC y las posibles propuestas de ajustes menores en el sistema de DJAI, este año no habrá cambios de fondo. Pero además, en Economía advierten que el fallo en contra de la OMC es lo suficientemente general para que con modificaciones de forma la Argentina pueda armar una propuesta de adecuación. Por ejemplo, se trata de definir tiempos de aprobación, explicitar las causas de la denegación y aclarar la vía de contacto entre los empresarios y la Secretaría de Comercio.