Los 1000 productores rurales más grandes de la Argentina concentran el 30 por ciento de la producción y aportan el 26 por ciento de la recaudación total por retenciones a las exportaciones. Los datos figuran en un paper del Ministerio de Economía que se puso sobre la mesa para decidir el esquema de retenciones segmentadas para los pequeños chacareros que se anunció el último lunes. El documento, al que accedió Página/12, sostiene que los mayores terratenientes del país realizan en promedio ventas por 3,4 millones de pesos al mes o 40,8 millones al año que, multiplicadas por 1000, superan los 40 mil millones de pesos. La superficie de producción que maneja esa cúpula empresaria es de 8000 hectáreas en promedio, contra las 40 hectáreas en promedio de los 1000 productores más chicos. Las explotaciones de los 46.121 productores alcanzados por la menor incidencia de los derechos de exportación que dispuso el Gobierno no superan las 350 hectáreas.

Esta información es básica para determinar cualquier acción de política económica que involucre al sector rural. Ubicarlos a todos bajo el genérico de “el campo”, como se presentaba la Mesa de Enlace –con apoyo mediático– durante el conflicto por la resolución 125 es una distorsión funcional a los más poderosos. Esa maniobra comunicacional logró confundir a vastos sectores de la sociedad, que terminaron militando por la caída de esa medida, cuando en el fondo implicaba un aporte sustancial a la distribución del ingreso.

Según el esquema anunciado el lunes, indica el informe oficial, un productor de 100 toneladas de trigo que destina el 50 por ciento a la exportación computa ventas anuales por 95 mil pesos, de los cuales cede 22.200 pesos por retenciones. El nuevo sistema de compensaciones acordado entre el Ejecutivo y la Federación Agraria implica para ese chacarero un reintegro de 45.000 pesos, el 203 por ciento de lo que afrontó por derechos de exportación o el 47 por ciento sobre las ventas totales. Si fueran 100 toneladas de soja –el 80 por ciento para el mercado externo–, el productor tendría ingresos por 210.000 pesos en un año, las retenciones le restarían 91.900 y la devolución llegaría a 45.000 pesos, el 49 por ciento de esa cifra o el 21 por ciento sobre ventas. Un tercer ejemplo es el de un productor de 700 toneladas de soja, que también exporta el 80 por ciento: las ventas anuales treparían a 1.463.000 pesos, las retenciones serían por 643.203 y la compensación bajaría a 31.500 pesos, el 5 por ciento de lo que aportó o el 2 por ciento de las ventas totales. Es decir, en un caso el reintegro equivale al 203 por ciento de lo descontado por retenciones, en el segundo ejemplo retrocede al 49 y en el último, al 5. Si la comparación se traza sobre ventas, la proporción de las devoluciones es del 47 por ciento en el primer caso, del 21 por ciento en el segundo y del 2 por ciento en el tercero.

Como se ve, en ese universo que separa a productores de entre 100 y 700 toneladas existen diferencias notables de ingresos y aportes al Estado. Por lo tanto, no tendría sentido que el esquema de reintegros para unos y otros tuviera la misma proporción. Con esa información es fácil advertir quiénes serían los grandes ganadores de una reducción o eliminación generalizada de retenciones a las exportaciones como proponen Sergio Massa y Mauricio Macri, con el agravante para el candidato del PRO de que también impulsa una caída de los derechos de exportación a la soja de 5 puntos por año hasta su desaparición.

Como se mencionó al principio, el club de los 1000 productores rurales más poderosos del país realiza ventas anuales por 40,8 millones de pesos en promedio cada uno, en superficies de 8000 hectáreas en promedio. “La devolución indiscriminada de retenciones implicaría no solo reproducir sino también fomentar las notables disparidades entre productores”, advierte el documento del Palacio de Hacienda. La producción de los 1000 más grandes, agrega, es 882 veces mayor que la de los 1000 más chicos, con un área cultivada 191 veces superior y con ventas totales que las rebasan en 695 veces. La cosecha de la campaña 2013/2014 ascendió a 110,7 millones de toneladas. Los 1000 más grandes generaron el 30 por ciento del total, algo más de 33,2 millones de toneladas, a razón de 33.200 toneladas en promedio cada uno. El documento de Economía no precisa el monto de retenciones asumido por esos estancieros, pero fuentes del mercado las estimaron en no menos de 14.000 millones de pesos o 14 millones cada uno en promedio. En todo caso, sería oportuno que el Frente Renovador y el PRO presentaran números finos de cuál sería la transferencia de ingresos por la disminución o eliminación de derechos de exportación desde el Estado hacia el sector rural en general y hacia los 1000 más grandes en particular.

Para tomar dimensión de las cifras se puede comparar con los últimos anuncios que hizo el Gobierno en materia de seguridad social. Según la Anses, la ampliación del plan Progresar –para ayudar a jóvenes de entre 18 y 24 años a completar estudios– en 650 mil alumnos y el aumento del subsidio de 600 a 900 pesos por mes tiene una incidencia fiscal de 7000 millones de pesos al año. Y el pago de la ayuda escolar a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo implicará otros 2300 millones. Otro dato ilustrativo es el presupuesto para la liquidación de sentencias judiciales en favor de los jubilados para este año, que llega a los 10.500 millones de pesos, con lo cual se podrá saldar lo dictaminado por la Justicia para 50 mil personas.

La segmentación de retenciones para los 46.121 productores que presentó el Gobierno el último lunes insumirá para el Estado 2500 millones de pesos. Las superficies necesarias para generar hasta 700 toneladas, que es el corte para la aplicación del reintegro, oscilan entre 100 y 350 hectáreas según el tipo de producción involucrada y la región donde se realiza, muy lejos de las 8000 hectáreas en promedio de los mayores terratenientes del país con sus 33.200 toneladas.

La negociación entre el Poder Ejecutivo y la Federación Agraria, bajo la nueva conducción de Omar Príncipe, fracturó la alianza que esa entidad había sellado en 2008 con la Sociedad Rural, CRA y Coninagro para resistir las retenciones móviles y que luego se mantuvo sin fisuras hasta hace pocas semanas. Hoy, los antiguos referentes de FAA, Eduardo Buzzi y Alfredo De Angeli, son candidatos a gobernador por el Frente Renovador en Santa Fe y por el PRO en Entre Ríos.