El presidente Néstor Kirch-ner les advirtió a las empresas privatizadas de servicios públicos que no negociará “bajo presión con nadie”, al salir al cruce de las veladas amenazas de directivos de las distribuidoras eléctricas acerca de la posibilidad de interrupción del servicio en el próximo verano de no mediar un aumento de tarifas. “Que sepan que pueden apretar lo que quieran, pero que hay un presidente que está dispuesto a hacer lo que tiene que hacer. Yo no negocio bajo presión con nadie, y menos en estas condiciones y circunstancias”, aseveró Kirchner. En un breve contacto con la prensa, el jefe del Estado afirmó que “si esos grupos creen que el camino es el de la presión, que van a poder llevar adelante la presión, conmigo se equivocaron”.
Desde París, Gerard Creuzet, director general de Electricité de France, principal accionista de Edenor, se quejó porque el Estado argentino los “obligó a afrontar pérdidas por 300 millones de dólares” y señaló una recomposición tarifaria como un paliativo a tal situación. Casi al mismo tiempo, José María Hidalgo, country manager de la española Endesa y gerente general de Edesur, alertaba sobre los riesgos de abastecimiento en el sistema eléctrico, originados en un freno a las inversiones necesarias para garantizar su buena performance.
“Es hora de que los argentinos, todos juntos, tomemos clara conciencia de cómo se mueven ciertos grupos”, alertó Kirchner. Cuando se le consultó si consideraba que las advertencias lanzadas desde París por el directivo de EDF constituían una presión de la compañía, el Presidente respondió que “yo puedo pensar muchas cosas, porque la verdad es que viendo la historia, creo que (estas empresas) han tenido muy poca credibilidad”. El jefe de Estado remarcó que “me gustaría escuchar primero cuál es la inversión que están haciendo estas empresas” para mantener el servicio.
El interrogante fue respondido por el gerente de Comunicaciones de Edenor, Alberto Lippi, que en una entrevista radial informó que en 2001 la concesionaria invirtió 135 millones de dólares “en mantenimiento” y en 2002, “por problemas de caja, porque la tarifa sigue pesificada y congelada, se invirtieron 54 millones, pero de pesos”. El vocero de Edenor expresó que en 2003 la distribuidora está invirtiendo unos 80 millones de pesos, monto que a juicio de la empresa es “menos de la tercera parte” de lo que tendría que destinar al mantenimiento de sus equipos e instalaciones. Según sus cálculos, el sector eléctrico en su conjunto –generación, transporte y distribución– requiere unos “1000 millones de dólares anuales de inversión en tareas de mantenimiento”.
“La caja no alcanza para todo y los bancos no prestan”, se justificó, antes de quejarse de que “en este momento, las empresas de servicios públicos estamos en la vidriera”. Este parece haber sido el lugar elegido por Creuzet, que lanzó la provocación desde Francia ante el contingente de periodistas que viajaron invitados por Edenor.
Aunque admiten que tras la devaluación sus planes de inversiones se redujeron a un tercio, tanto Edenor como Edesur aseguran que el foco de la posible desgracia, en realidad, está afuera: en la generación y en el transporte. Pero como están en el último eslabón de la cadena, son las distribuidoras las que frente a cualquier contingencia tendrían que soportar el costo político de un apagón y, según aclaran sus voceros, prefirieron alertar ahora sobre esos riesgos.
“No sé por qué todo lo toman como presión: demonizaron el sistema”, se quejaba ayer ante Página/12 el vocero de Edenor. “No es presión ni amenaza. Sólo el aviso de que dentro de un año y medio no podremos acompañar el ritmo de crecimiento que tiene actualmente la demanda”, asegura el funcionario local. Sólo en septiembre pasado la demanda de energía subió un 10,4 por ciento en relación con el mismo mes del año pasado, tendencia que, de consolidarse, exigiría al sistema eléctrico más de lo que éste puede.
A través de un comunicado conjunto de todas las empresas del sector eléctrico, éstas reiteraron hace días la prédica que ya realizaron en elseno de la comisión de renegociación y en cuanta reunión tuvieron oportunidad de tener con el Gobierno. Porque no le resulta rentable el precio y no consideran alentadoras las normas de la actividad, los generadores (básicamente responsables de usinas térmicas) suspendieron gran parte de sus inversiones en 1998 y aún no han decidido retomarlas, con el agravante de que este tipo de obras deben ser previstas con dos o tres años de antelación. Algo similar ocurre con el sistema de transporte, cuya limitada capacidad no ha sido expandida y hoy está trabajando al límite. Como también en este caso es difícil improvisar planes de emergencia, hay riesgo cierto de crisis.