El Gobierno lanzó ayer un plan para incorporar a los beneficiarios de los programas sociales al mercado laboral formal. El segundo aspecto de la iniciativa es preservar puestos de trabajo de empresas que se encuentran en crisis, pero que puedan demostrar que su actividad está en crecimiento y que tienen posibilidades de recuperarse. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, estimó que en un año se podrían generar o sostener unos 475 mil empleos. El Estado proveerá todo tipo de asistencia a las empresas, tanto a aquellas que demanden trabajadores del Plan Jefas y Jefes de Hogar como a aquéllas otras que necesiten ayuda para preservar su plantel actual. La más destacada de esas ayudas será el pago de 150 pesos mensuales a los empleados, a modo de subsidio no remunerativo, mientras que las compañías deberán completar el sueldo hasta los niveles que marquen los convenios de sector.
El programa se desarrollará a través de acuerdos de cámaras empresarias y sindicatos con la cartera laboral. Representantes de cuatro sectores firmaron ayer esos convenios, en un acto en Casa Rosada. Frente a Néstor Kirchner y Tomada, allí estuvieron los empresarios y gremialistas de las industrias naval, del calzado, indumentaria y pasteleros. Fueron los primeros en sumarse, pero de aquí en más el Gobierno irá evaluando las potencialidades de distintos rubros, tanto productivos como de servicios, para seguir con la firma de acuerdos.
Luego de suscriptos, cada sindicato tendrá padrones con desocupados, beneficiarios de planes sociales, que se ofrecen para trabajar. El empleador tendrá libertad para entrevistar y seleccionar entre varios postulantes. Además de las listas de los sindicatos, las empresas podrán contactar 61 oficinas de empleo del Ministerio de Trabajo y una red de 200 agencias administradas por gobiernos provinciales, municipales, universidades y ONG, en todo el país. Los padrones serán los mismos en todos los casos.
Las empresas deben cumplir con dos requisitos básicos: no haber producido ningún despido en los tres meses previos a su solicitud de empleados y demostrar que todo su plantel se encuentra debidamente registrado y con los aportes al día. Las personas que se contrate del Plan Jefas y Jefes cobrarán los 150 pesos del subsidio estatal durante seis meses, que podrán prorrogarse otros tres. Cumplido ese plazo, la empresa puede contratarlo definitivamente, para lo cual deberá cubrir esos 150 pesos, a fin de seguir respetando la escala salarial de convenio, o despedirlo. Pero si no lo incorpora, tendrá que pagarle indemnización, que será proporcional a la parte del sueldo que liquidó durante el tiempo que el trabajador estuvo contratado. Es decir, sin contabilizar los 150 pesos.
En este momento, lo único que pueden hacer los beneficiarios de los Planes Jefas y Jefes es acudir a las oficinas del Ministerio de Trabajo donde solicitaron el subsidio para actualizar su historia laboral. Con esa información se irá armando la base de datos que después consultarán las empresas. Hasta el momento hay 80.000 expedientes actualizados, de un total de casi 2 millones.
Dentro del período de nueve meses que pueden estar contratados los beneficiarios de planes sociales –contando los tres de prórroga–, el primero puede ser sólo para capacitación. En ese caso, la empresa sólo pagará viáticos y el seguro a la ART. El Estado, además, le ofrecerá capacitación adicional –para los meses siguientes– a su cargo, que se desarrollará en instituciones públicas o contratadas. Para ello intervendrán el INTI, INTA, la Secretaría de Industria y la Subsecretaría Pyme.
Todos esos organismos tienen una segunda función en el programa: asesorar a las empresas en crisis para su consolidación y eventual reconversión. Además, estas empresas recibirán un subsidio para cubrir una parte del salario de su plantel (150 pesos por trabajador) durante seis meses. El beneficio recaerá sólo en compañías que el Estado considere viables.
Una primera experiencia de incorporación de personas que reciben el plan Jefas y Jefes se dará en la industria naval. El sector estaría en condiciones de generar en el corto plazo unos 8000 empleos, entre directos e indirectos. Tomada señaló que sin necesidad de nuevas inversiones de capital se podrían recuperar en un año 90.000 puestos en la construcción, 28.000 en la agroindustria, 25.000 en transporte, 15.000 en la industria textil, 9000 en la del mueble y 5000 en la del cuero y calzado.