Los comerciantes, hoteleros y demás personas que viven del turismo en una amplia franja de la costa bonaerense, entre San Clemente del Tuyú y Villa Gesell, no deben estar muy contentos con Armando Lenguitti, directivo de la Transportadora Eléctrica de Buenos Aires. Al exponer ayer ante una comisión del Congreso, el ejecutivo identificó esa zona como la más comprometida por eventuales cortes de luz. Los mayores riesgos en esa área “crítica”, como la calificó, se concentran entre el 10 de enero y el 20 de febrero, en plena temporada alta. Lenguitti agregó que “la situación de Mar del Plata también es complicada, pero es mejor que en años anteriores”.
Sus declaraciones se sumaron a las de los representantes de otras siete compañías eléctricas, que debieron acudir ayer a la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados para explicar en qué estado se encuentra la red. La versión coincidente fue que puede haber cortes de energía en el verano como consecuencia de un aumento de la demanda, pero afirmaron que debe descartarse un “colapso” eléctrico.
El gerente general de Edesur, José María Hidalgo, admitió, en tono desafiante, que “existen probabilidades de que se produzcan problemas, como en cualquier sistema eléctrico del mundo”. Luego atribuyó los eventuales inconvenientes a “la ola de vandalismo que sufrimos ante el robo de cables y perfiles en las torres de alta tensión”.
“Nos están mintiendo, no nos dicen la verdad”, se exaltó el diputado socialista Héctor Polino en la discusión más tensa de las que se dieron ayer durante la reunión. La polémica se generó justamente en un cruce con Hidalgo. El diputado le reprochó que Endesa, empresa española controlante de Edesur, presentó en su último balance mayores ganancias por sus operaciones en Argentina que las que obtuvo en Brasil y Chile. Hidalgo contestó que el resultado contable “no era extraordinario” y argumentó que las cifras debían tomarse en términos relativos porque obedecen a la recuperación del peso tras la fuerte devaluación inicial.
Los diputados de la comisión elaborarán un informe la próxima semana, pero será de carácter meramente testimonial. El martes recibirán a los directivos de Camesa, la empresa que centraliza el despacho de cargas eléctricas, y a las autoridades del Enre, el organismo de control del sector. La convocatoria a las privatizadas fue un gesto de respaldo al Gobierno, en medio de su pulseada contra el reclamo de aumentos de tarifas.
En su informe, cada compañía explicitó los riesgos de que se produzcan apagones. Edelap, que asiste a La Plata y sus alrededores, tuvo un tono menos confrontativo y su representante, Marcelo Szelagowski, aseguró a sus beneficiarios que “pueden esperar un verano tranquilo”. Mientras por el lado de Edenor el director Henri Lafontaine se quejó por los robos que sufren sus instalaciones, por la falta de crédito y concluyó que “no tenemos preocupaciones de corto plazo sino de mediano plazo”.
En conjunto, los invitados representaron a las transportistas de energía Districuyo, Transpa, Transener, Transnoa y Transba, y a las distribuidoras Edenor, Edesur y Edelap. Por otra parte, hacia el final expuso también una directiva de Aguas Argentinas, Adriana Oriana, quien aseguró que las inversiones previstas “no están condicionadas a renegociaciones o aumentos de tarifas” y justificó los cortes de suministro que en dos oportunidades en menos de un mes dejaron a media Capital Federal sin agua.