“En la FAO hubo un reconocimiento a la Argentina por estadísticas propias de ese organismo, no a partir de los datos de la Argentina. La FAO plantea que hay 800 millones de personas que están en condiciones de pobreza en el mundo. Pero estableció que Argentina cumple con el objetivo de estar por debajo del 5 por ciento del índice de alimentación insuficiente, junto con muchos países de la región, y que Argentina pudo reducir sus números estadísticos gracias a los esfuerzos de las políticas de Estado. Y cómo no lo va a reducir si hay más de 3 millones de jubilados, más niños que cobran AUH, se trata de políticas del Estado muy concretas”, señaló ayer el ministro de Economía, Axel Kicillof, en relación con el informe que publicó el organismo dependiente de Naciones Unidas (ver nota aparte).

La polémica surgió porque se le atribuyó a la presidenta, Cristina Fernández, la instalación del dato del 5 por ciento de pobreza, cuando en realidad ese valor forma parte del informe de la FAO y se refiere a la situación de inseguridad alimentaria, que correspondería con niveles de pobreza extrema (hambre). En relación con la medición de la pobreza, que el Indec no publica desde el primer semestre de 2013, Kicillof advirtió que “en Alemania utilizan un sistema con factores multidimensionales para medir la pobreza, que es algo que estamos estudiando. Allí se mide por ingreso, vivienda, seguridad social y educación. Argentina fue, según la Cepal, la que más redujo los índices de pobreza. Medir cuestiones socioeconómicas, culturales, es complejo, porque hay más de 2000 índices para medir pobreza. Esta cuestión se ha banalizado mucho”.

Por otro lado, el funcionario se refirió a las declaraciones de la agregada comercial de la embajada estadounidense, Yamilee Bastien, quien calificó como “una dificultad, un obstáculo para las inversiones, las restricciones impuestas por el gobierno argentino a la compra de divisas que rigen desde 2012”. “Que una funcionaria norteamericana, a la que alojamos, opine sobre nuestra economía me parece un acto de intromisión y ofensivo. No entiende un comino, nos tienen un poco cansados, se deberían dedicar a los problemas de ellos”, apuntó Kicillof y recordó que Estados Unidos aplica trabas a las exportaciones argentinas de carne y limones. Recordó también a la Justicia norteamericana, “que se ha convertido, de la mano del juez Thomas Griesa, en una especie de promotor internacional de los fondos especulativos”, en referencia al litigio con los fondos buitre.

En el plano de la economía doméstica, el ministro ponderó la “desaceleración de la inflación, reconocida incluso por los economistas de la oposición”. Puso como ejemplo “los pronósticos elaborados por el Gobierno de la Ciudad, que proyectan una inflación para este año del 25,3 por ciento, inferior incluso que los acuerdos salariales cerrados por gremios y empresas en el orden del 27 o 27,8 por ciento”. Destacó que una de las causas de la desaceleración de la inflación es la acción de control del Estado sobre las empresas. “Cuando hay mayor poder adquisitivo, se pueden dar abusos en el mercado, y ahí está presente el Estado para paliar esos abusos sobre los consumidores. La gente empezó a entender que es falsa la propaganda liberal y opositora de que los precios los aumenta el Estado, cuando en realidad los precios los aumentan las empresas. Por eso hay que acordar los precios para que no haya ganancias extraordinarias de los monopolios. La gente empezó a hacer denuncias en la Secretaría de Defensa al Consumidor para que el Estado pueda actuar”, indicó.

Uno de los pilares de la estrategia de administración de precios es el programa Precios Cuidados. “Cuando se lanzó el programa, a principios de 2014, dijeron que iba a ser un fracaso y que los empresarios no se iban a anotar. Pero se han incrementado muchísimo las ventas de aquellos productos que están en el programa. Por eso preferimos que se venda más antes que suban los precios”, señaló el funcionario.