Néstor Kirchner logró seducir a la quincena de asociaciones de usuarios que ayer le plantearon su preocupación por la escasa participación que les reserva la flamante ley marco para renegociar los contratos de las privatizadas. El Presidente les prometió integrarlas a esa revisión y a los propios entes de control, cuyas facultades serían vigorizadas: las líneas gratuitas 0-800 ya habilitadas atenderán los reclamos telefónicos de los usuarios las veinticuatro horas, incluidos los días no hábiles. Los reguladores, además, controlarían en tiempo real cómo las empresas superan sus emergencias.
También estuvieron presentes el ministro de Planificación, Julio de Vido, y los secretarios de Energía, Transporte y Comunicaciones, entre otros funcionarios que asistieron al primero de una serie de encuentros trimestrales que de ahora en más coordinará la subsecretaria de Defensa de Usuarios y Consumidores, Patricia Vaca Narvaja. “Creo que el compromiso de Kirchner fue bastante fuerte en todos los temas”, se esperanzó ayer ante este diario Sandra González, de Adecua, quien llegó al encuentro con la misma preocupación que otras organizaciones sobre la falta de garantías oficiales a su intervención.
La ley sancionada en el Congreso contempla sólo de un modo elíptico la posibilidad de que el Gobierno someta a consideración de esas entidades las nuevas versiones contractuales que logre consensuar con las empresas concesionarias de servicios públicos. Pero esta omisión sería salvada mediante una resolución conjunta de Planificación y Economía que habilitaría la incorporación de un delegado de los usuarios a la Unidad renegociadora de los contratos.
Esta prometida reparación cambió el humor de la mayor parte de los asistentes al cónclave, quienes no ahorraron críticas hacia el funcionamiento de los entes, en particular la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) y la reguladora del transporte (CNRT). También expresaron su preocupación sobre la “razonabilidad tributaria” de los gravámenes que hoy se cargan sobre las tarifas públicas y que, en algunos casos, “llegan al 48 por ciento”, según se queja González.
Pero para todo, según asegura Kirchner, ya hay un remedio previsto. Se recrearán por ley la mayor parte de organismos de regulación cuyas funciones prometen ampliarse. El Estado, en tanto, estaría dispuesto a resignar parte de la carga fiscal para garantizar la prometida tarifa social.