Dos presos y dos prófugos, entre varios procesados, es el saldo provisorio de una sistemática estafa que habría sido perpetrada por altos responsables de la AFJP Siembra, propiedad del banco Citi, contra sus aportantes y en perjuicio del Fondo que administra y reúne sus ahorros jubilatorios. El Citi intentó subirse a la causa, presentándose como querellante, pero el juez penal económico Bernardo Vidal Durand rechazó su pretensión, indicando que no podía aún saber si al final de las actuaciones no terminaría el banco estadounidense incluido en la acusación. La denuncia fue formulada por dos organismos públicos, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Superintendencia de AFJP (SAFJP), pero el magistrado sólo admitió a la segunda como querellante por tratarse de un fraude previsional. No obstante, como éste se cometió mediante operaciones bursátiles, la CNV apeló la decisión judicial. En una nota publicada en mayo de 2001, Página/12 dio pistas del gravísimo caso, pero en ese momento fue imposible obtener información exhaustiva. Voceros de Siembra aseguraron entonces no tener noticia alguna de la defraudación que investigaba la Justicia, y en el resto del sector hubo una conspiración de silencio. Pero lo cierto es que en Siembra ya habían purgado a los elementos más comprometidos en las maniobras, consistentes en compraventas con acciones de sociedades extranjeras que, si daban como resultado un quebranto, eran adjudicadas al Fondo. En cambio, si el negocio resultaba rentable, se hacía de cuenta que Siembra nunca lo había efectuado, embolsando la ganancia un tercero, por lo general el Banco Privado de Inversiones, presidido por Alejandro Estrada, conspicuo miembro del establishment financiero. Estrada es vocal de la Fundación Invertir Argentina, junto a Martín Redrado (actual vicecanciller), y miembro de la fundación Novum Millenium, de Domingo Cavallo, a la que se sumó en julio de 2001. Por de pronto, el juez procesó a Luis Augusto Rocco (subgerente financiero de Siembra cuando sucedieron los hechos, en el año 2000) y le dictó prisión preventiva. El otro procesado que está en prisión es Luis Scola, de Rabello Sociedad de Bolsa, la bursátil extrabancaria líder, a cuyo presidente, Javier Goñi, quies es además director de Renault, se le dictó la falta de mérito, lo cual significa que deber seguir siendo investigado. En igual situación se halla Alberto Términe, ex gerente financiero de Siembra. Los prófugos, cuya captura ordenó activar el juez, al parecer molesto por la escasa diligencia policial, son Alejandro Milito, de Rabello, y Pablo Salvemini, de Siembra. Quizá sea por ese carácter escurridizo que los demás indagados, y particularmente Goñi, han cargado las tintas en la presunta responsabilidad de los fugitivos, en especial de Milito.
La maniobra consistía en utilizar el respaldo que brinda la capacidad de inversión del Fondo (el manejado por Siembra acumula más de 3000 millones de pesos), constituido por dinero perteneciente a los aportantes, y la discrecionalidad del operador, es decir, la AFJP, para maniobrar en perjuicio del patrimonio administrado. El ardid, según denunciaron la SAFJP y la CNV, habría partido de un preacuerdo entre el operador de Siembra y Rabello, mediante el cual el primero le indicaba al segundo ejecutar una operación –fuese de compra o de venta– de Cedears (Certificado de Depósito Argentino, un papel emitido contra el respaldo de un depósito compuesto por acciones extranjeras).
Pero la orden no era impartida a través de los teléfonos de la mesa de dinero de Siembra, porque todas esas comunicaciones son grabadas. Para evitar que quedara constancia de la instrucción transmitida a Rabello, el operador se valía de un teléfono celular. Sin embargo, Rabello ejecutaba el encargo –por ejemplo la adquisición de cierto número de acciones de Microsoft–, pero sin revelar la identidad del comitente. Es decir, por encargo de quién estaba realizando la compra o la venta. Esas operaciones se realizaban por la mañana, después de la reunión del Comité deInversiones de Siembra. De este modo, los complotados disponían del resto de la jornada para monitorear la evolución de la especie adquirida.
La idea era simple, se diría que hasta burda: si la acción bajaba, la había comprado Siembra para su Fondo, con lo cual el “mal negocio” lo habían hecho sus aportantes (esa AFJP tiene 446 mil), trabajadores que ahorran para su jubilación. Pero si la acción subía, otro era el comprador y se llevaba la ganancia. Ahí solía aparecer el BPI. Para verlo más fácilmente: supóngase que Rabello adquirió a las 11 de un cierto día papeles de una tecnológica (estos valores, transados en el Nasdaq, eran los preferidos por la mayor volatilidad de sus precios, lo que permitía esperar mayores beneficios en pocas horas, dentro de lo que se conoce como tráfico intradiario). Supóngase también que a las 11 costaban 10 dólares. Si a las 17 habían bajado a 8, el agente bursátil recibía una segunda llamada desde Siembra, pero esta vez por un teléfono de la mesa, sometido a grabación. Por ese medio se le instruía adquirir idéntica cantidad de acciones de la misma tecnológica que, en realidad, ya habían sido tomadas siete horas antes. Pero, aunque la cotización a las 17 fuera de 8 dólares, la operación se asentaba al precio original: 10 dólares por título.
El Fondo de Siembra había tenido así la mala fortuna de incorporar a 10 un activo que ya sólo valía 8. Esta tosca maniobra se veía facilitada por dos fisuras. Una reglamentaria, ya que les estaba permitido a los agentes del mercado de capitales individualizar recién al final de la jornada, y no al momento de realizar las operaciones, por cuenta de quién habían realizado cada operación. Esto siempre les permitió estafar a los inversores menos celosos o atentos, falseando los horarios. Sistemáticamente compraban al precio más alto de la rueda y vendían al más bajo.
La otra fisura es de fiscalización. No puede entenderse que ni la SAFJP ni la CNV vigilaran la concordancia entre las cotizaciones anotadas y el momento preciso de cada operación, que puede obtenerse de los telefonemas grabados. Siendo imposible chequear cada una de las transacciones, se podía al menos cotejarlas por muestreo aleatorio. Lo cierto es que el caso Siembra–Rabello–BPI, primero en que una AFJP recibe una denuncia de este calibre, es sólo el que más lejos ha llegado. Pero hay también otras maniobras y otras AFJP que están siendo investigadas.
Volviendo al ejemplo arriba mencionado, si el Cedear había subido de valor a lo largo de la jornada, Siembra nunca formalizaba la orden que había dado horas antes. Rabello revelaba entonces la identidad del presunto comitente, para el caso el BPI, y vendía a 12 lo que había comprado a 10. Aquí la pregunta es por qué Siembra le regalaba semejante negocio al Privado, y si no es que le regalaba nada, por cuál circuito viajaba el botín obtenido de regreso a la AFJP, pero para beneficio de sus operadores y no del Fondo. Se espera que el Banco Central, y en particular la Superintendencia de Entidades Financieras, hurgue en este flanco del fraude.
Lo que intrigó a los técnicos del Area de Monitoreo de Mercados, de la Gerencia de Fiscalización y Control de la CNV, según se lee en la denuncia judicial, fue que en los períodos en que Siembra opera con Rabello, como el segundo semestre de 2000, “aparecen en escena un conjunto determinado de comitentes, obteniendo ganancias, y no se observan operaciones de estos comitentes en los períodos en que no interviene Siembra AFJP SA”. Otro descubrimiento que despertó sospechas fue que la Administradora del Citi hubiera canalizado el 29 por ciento de sus operaciones en Cedears a través de Rabello, siendo éste un intermediario poco apropiado para esa clase de activos porque no tenía acceso directo al mercado internacional, debiendo recurrir a su vez a otro agente, lo cual elevaba los costos.
El 21 de febrero de 2001 la SAFJP supo que la CNV había puesto bajo la lupa ciertas operaciones con Cedears. Dos días después fueron allanadas con gran escándalo las oficinas centrales de Siembra, cuyo director ejecutivo es Ricardo Guitart. En el procedimiento se pudieron secuestrarparte de las grabaciones telefónicas (correspondientes a 14 jornadas) y otra documentación. Esos materiales confirmaron, según los dos organismos públicos, la ilegalidad de las operaciones con Cedears efectuadas por Siembra a través de Rabello.
Del análisis de 20 operaciones surgió que las órdenes grabadas eran posteriores al horario en que se habían comenzado a efectuar las transacciones. Los retardos llegaban a superar las seis horas. En 14 de esos 19 casos, cuando el operador de Siembra emitía la orden destinada a Rabello, el precio de las acciones en el mercado extranjero “era claramente más ventajoso que el que finalmente se le adjudicó”. Esto a pesar de que “los servicios de información financiera con que cuentan los operadores de las AFJP informan en tiempo real las cotizaciones, lo que implica el conocimiento de los precios a los cuales cotizaban los activos al momento de dar la orden”. En otros términos: los funcionarios de Siembra sabían que estaban comprando caro. No es que Rabello los engañaba. Otra prueba es que esas inconsistencias horarias (órdenes emitidas después de la registración de la operación en el Mercado de Valores) no aparecen nunca en las operaciones con Cedears que Siembra realizaba vía otros agentes, como Merrill Lynch. J.P. Morgan, Santander y Raymond James.
Como es lógico e indican los denunciantes, la maniobra requiere tres partes, “cada una de éstas necesaria pero no suficiente”. Una es el perdedor, en este caso el Fondo jubilatorio administrado por Siembra, que con su solvencia respalda las operaciones. Vale decir que el agente bursátil puede confiar en que el comitente –confeso u oculto, eso se verá después– responderá. Otra parte son el o los ganadores, en ese caso los comitentes de Rabello o su propia cartera, “los cuales obtienen las ganancias sin asumir riesgo alguno”, según su resalta en la denuncia. Por último, el nexo entre los ganadores y el perdedor, que se ocupa de sincronizar ambas partes. Ese nexo está constituido por los operadores de Siembra y de Rabello, las personas concretas que establecen los contactos, imparten y ejecutan las órdenes para que el negocio germine.
Los responsables señalados por la SAFJP y la CNV son varios. Uno es Alberto Términe (conocido como Beto o Chiquito), gerente de Inversiones de Siembra en época de cometerse los fraudes. Otro es Pablo Salvemini, alias El Gordo, operador de Cedear del Fondo administrado por Siembra, con el pomposo título de Portfolio Manager de Renta Variable y Rendimiento Garantizado (?) Variable. Salvemini fue el único despedido “con causa”. El tercer nexo es Luis Rocco, Coco para los amigos, con jerarquía de Senior Portfolio Manager en la AFJP del Citi. Del lado de Rabello se señala a Francisco Luis Scola (llamado Vieja); a Alejandro Milito, motejado Mileitor; a Juan Pablo Paillot, operador de Cedears, y nada menos que Javier Goñi, presidente de Rabello Sociedad de Bolsa e integrante de la mesa de operaciones.
Los beneficiados de esta historia están en el Banco Privado de Inversiones, incluyendo a su presidente, Alejandro Manuel Estrada, y a su vice, Raúl Fernández. Pero aparecen además cuatro particulares: Martha Rondinella, Juan Carlos Quinteiro, Carlos Gómez y José Héctor Rodríguez de la Fuente. Un detalle significativo es que los mencionados Términe, Rocco y Salvemini, todos de Siembra, poseerían tarjetas de crédito expedidas por el BPI, sugiriendo los denunciantes que esos plásticos servían para movilizar el dinero malhabido, fruto del fraude contra los aportantes de Siembra, que era acreditado en sendas cuentas del banco de Estrada.