Quizá sea demasiado poco para combatir la sensación generalizada de impunidad, pero este caso, con procesados, detenidos y prófugos, abre una esperanza contra el fraude económico. Cuando la ira social se dirige contra los políticos y, en general, los funcionarios públicos, esta causa muestra que hay excepciones. Hay quienes desde el Estado persiguen, en lucha desigual, a privados poderosos, que pueden hacerles pagar muy caro el atrevimiento. En la causa bajo comentario, los acusados son defendidos por bufetes jurídicos del calibre de Fontán Balestra (BPI) y Sarrabayrouse (Javier Goñi, presidente de Rabello). Scola y Paillot, de Rabello, no han podido aspirar a tanto, pero contrataron a René Federico Garris, ex abogado de la CNV, con un pasado de interrogador de financistas detenidos durante la dictadura militar. Por el momento, la acción judicial se limita a quienes actuaron directamente en las maniobras fraudulentas, porque es muy difícil probar la complicidad de los responsables máximos de cada entidad, si bien cuesta creer que no hayan advertido nada raro. Es preocupante, además, que debajo de estos negociados haya todo un iceberg de ilícitos contra los aportantes a las AFJP, que ya han perdido bastante, por el default estatal y las comisiones que les cobran, sin necesidad de que encima les estén robando, comprando caro con sus fondos y vendiendo barato para estafarlos.