“Esto es Cavallo con el dólar a 3”, sintetiza un afligido economista de vocación industrial. Y se explica: más allá de la devaluación, aunque este gobierno hable de modelo productivo, se mantienen en pie en general los mismos mecanismos que caracterizaron a la política industrial del menemismo. Nadie hace ni dice nada al respecto. Ninguno corre una coma. Las importaciones de bienes de capital (máquinas, equipos) subieron 167 por ciento en septiembre y 71 por ciento en los nueve meses. ¡Maravilloso, está creciendo vigorosamente la inversión! Todos saludan el dato como trasunto del relanzamiento de la economía. Sí, pero también sigue casi destruida la industria argentina de bienes de capital. Por eso, la única alternativa es importarlos. Pero, ¿no es ése un sector definitorio del país que se quiere, un sector que usa cerebros y desarrolla tecnologías? ¿No se hará nada por ponerlo en pie?
Suelen oírse dos explicaciones al vacío de estrategia industrial. Una es que Roberto Lavagna, ministro de Economía, hasta ahora no ha tenido tiempo de involucrarse en estos asuntos. Otros más apremiantes lo absorben. La otra es que el responsable del área, Alberto Dumont, “está pintado”, según describen los más críticos. ¿Será para tanto? Quizá continúe gravitando la provocativa afirmación de Guido Di Tella: “La mejor política industrial es no tener ninguna”. En realidad, cuando él fue canciller de Carlos Menem hubo un intento de integración industrial al mundo, o internacionalización, que, en un contexto de brusca apertura con retraso cambiario, terminó instalando un modelo de armaduría.
El régimen automotor fue una buena expresión de ese esquema. Salvo alguna excepción, las terminales mostraban al público modernísimos robots que en realidad ajustaban tornillos, mientras las fábricas de autopiezas se iban del país. Pero los argentinos eran felices porque al fin podían manejar modelos actualizados por flamantes autopistas, sin conciencia quizá de que esa primermundista pauta de consumo no se apoyaba en una auténtica base industrial ni en una financiación sostenible.
Lo que hoy preocupa a los industrialistas es que el Gobierno esté dejando pasar el momento en que goza de mayor poder político para establecer una nueva política, y que paulatinamente los “dueños de las divisas” (los ruralistas, las aceiteras y sectores similares, y las petroleras) puedan recuperar su histórica capacidad de bloquear cualquier transformación e impongan definitivamente su agenda: libre disponibilidad de las divisas, eliminación de las retenciones, etc. Pese a la prolijidad macroeconómica de Hacienda y del Banco Central, la virulencia de aquel discurso está recrudeciendo.
Tras varios trimestres de recuperación de la demanda se vuelve cada vez más notoria la necesidad de inversiones, sobre todo en los sectores de bienes transables (los que entran en el comercio exterior), tanto para reconvertirlos como para ampliar la capacidad de producción en aquellas ramas donde ya están apareciendo estrangulamientos en la oferta (textiles y siderurgia son dos de los casos evidentes). Una salida casi natural es que la encrucijada se resuelva importando, aun a este alto tipo de cambio. Pero, para las fuentes, si lo que verdaderamente se quiere es la expansión de la capacidad productiva local, habría muchas cosas para hacer que no se están haciendo.
Mencionar algunas, como se hará más abajo, obliga a entrar mínimamente en cuestiones técnicas, que pueden aburrir a cualquier lector razonable. Pero en lo sustancial se trata de emitir, con medidas concretas, señales que consoliden las expectativas de reindustrialización. Más allá de los problemas del sistema financiero y de la fenomenal traba que representa la situación nacional de default, hay suficiente plata de empresarios argentinos afuera como para alimentar un proceso inversor, aprovechando el cambio de precios relativos que produjo el abandono del 1 a 1.
Ya hoy hay proveedores de insumos que están financiando a una clientela industrial que les garantiza el crédito con plata depositada en el exterior. Pero la economía consolidaría su crecimiento y su reindustrialización si esos empresarios, que en su momento fugaron capitales, se decidieran a invertirlos en capacidad productiva. Según creen algunos economistas algo heterodoxos, sería más fácil que se resolvieran si viesen que el ministerio de Economía y Producción muestra algún activismo en cuanto a esta segunda parte de su nombre, que parece postergada para las calendas griegas.
Una de las medidas conducentes consistiría en estimular la reinversión de utilidades en activos fijos mediante el arbitrio de permitir una amortización acelerada de los bienes de capital. De esta manera, esa amortización extra reduciría los beneficios en el balance y permitiría pagar menos por impuesto a las ganancias. También es preciso evitarle a la empresa que invierte la habitual inmovilización del IVA que debe pagar al comprar los bienes de capital y que luego tarda mucho en recuperar. Hoy no rigen mecanismos tributarios que impidan ese castigo financiero de la inversión.
Aunque teóricamente se haya decidido un rotundo cambio de modelo, siguen vigentes mecanismos más aptos para el ensamblaje que para la auténtica fabricación nacional de productos industriales. Tales los casos de la admisión temporaria y las zonas francas. Por aquel régimen, un industrial puede importar sin afrontar derechos ni impuestos los insumos y bienes intermedios que incorporará a productos que fabrique para exportar. Aunque es razonable que así sea, el mecanismo descoloca al proveedor local de esos insumos porque si el industrial exportador opta por comprárselos a él en lugar de importarlos, deberá pagar el IVA correspondiente y luego, tras realizar su exportación, esperar a que la AFIP se lo devuelva alguna vez.
Estas acreencias contra Impositiva preocupan tanto a los exportadores por la carga financiera que les imponen que no ha sido raro que algunas multinacionales movilizaran el poder de lobby de las embajadas para presionar sobre el gobierno argentino. Ya con Eduardo Duhalde, las automotrices consiguieron que se dictase el régimen de la llamada “aduana en factoría”, que les permite ingresar insumos sin carga alguna por seis meses, prorrogables a un año. Al final, si los incorporan a un vehículo exportado, podrán acogerlos al tratamiento de una admisión temporaria. Si no, pagarán diferidamente los derechos.
De modo congruente con la visión industrial de los ‘90 fueron estableciéndose zonas francas en cada provincia, que operaban como una extensión del depósito aduanero. El mecanismo aumenta el aliciente a sustituir insumos nacionales por importados, ya que permite introducir éstos y pagar las cargas fiscales correspondientes en el preciso momento en que se los necesita, evitando superfluos costos financieros. Todo esto suponiendo que, además, estos mecanismos no hayan sido y sean desvirtuados por maniobras, como la derivación al mercado interno de elementos ingresados sin barreras con la excusa de que están destinados a la reexportación. En cualquier caso, lo que resultó fue una notoria mengua en el valor agregado a lo largo de la cadena de producción industrial.
Un terreno en el que nada se hace es el de la política arancelaria, que exige definiciones a nivel Mercosur, dado que el país no puede cortarse solo en este aspecto. Hace ya cuatro años que se decidió crear un grupo de alto nivel para revisar la consistencia y dispersión del arancel externo común del bloque, definido en 1994 en Ouro Preto sin suficiente análisis sobre sus implicancias sobre la protección efectiva (insumos vs. productos finales) para cada una de las economías asociadas. Pero el trabajo no se hizo, y mientras tanto han seguido realizándose ofertas a otros bloques comerciales con los que se negocian acuerdos. Esas ofertas no podrán retirarse y limitarán cualquier eventual reforma.
A diferencia de los aranceles de importación, el país puede sí decidir soberanamente sobre los derechos de exportación, conocidos como retenciones, y cuya estructura es clave como estímulo para agregar o no valor localmente a los productos exportados. Sin embargo, como las retenciones –que son diferenciales– también rigen para las exportaciones destinadas a los países del bloque, Brasil ya planteó alguna controversia. Otro tanto vale para los reintegros, que refuerzan el dólar exportador, incluso hacia los mercados vecinos.