No hay duda que Roberto Lavagna tuvo un buen viernes. Pocas horas después de obtener el respaldo de todo el arco empresario por la reestructuración de la deuda, el Poder Judicial de Nueva York le dio otros 90 días de plazo al Gobierno antes de decidir embargos contra la Argentina. El fallo del juez estadounidense Thomas Griesa, que tiene en sus manos varias demandas de acreedores con bonos en default, se correspondió con el pedido que hace un par de días le habían acercado los representantes legales del Gobierno. El millonario Kenneth Dart tendrá que esperar.
Los argumentos del magistrado se ajustaron a las pretensiones del Gobierno. Así, Griesa jugó a favor del plan oficial de renegociación de la deuda. “Levantar la suspensión sería acordar con los demandantes que el proceso (de reestructuración de la deuda) no está yendo a ningún lado o es malo”, dijo el juez en su fallo. Griesa ya dictaminó a favor de varios “fondos buitre” que adquirieron títulos públicos argentinos que la Argentina dejó de honrar. La última vez fue hace un mes y medio, cuando le dio la razón a Kenneth Dart, un multimillonario dueño de un fondo de inversión, denominado EM Limited, que posee bonos Global 2008, y a quien el magistrado le reconoció valor por 724 millones de dólares. Sin embargo, a mediados de septiembre, el juez había prorrogado por 45 días la orden de ejecutar activos argentinos. Ese beneficio fue renovado ayer por otros tres meses. El juez tomó su decisión luego de escuchar a las partes en una audiencia pública que se efectuó en su despacho, en la parte sur de la isla de Manhattan. La demanda más importante corresponde a Dart. Pero también existen otras menores por parte de los fondos internacionales Old Castle Holdings, Lightwater y Macrotecnic. En total, las demandas suman 800 millones de dólares.
Un fallo en contra de la Argentina hubiese significado un golpe para la administración Kirchner. El Gobierno acaba de encarar un audaz proceso de reestructuración de la deuda. La exposición inicial fue a fines de septiembre en Dubai, donde se ofertó una quita del 75 por ciento del total del pasivo. Si el juez Griesa ordenaba embargos sobre bienes argentinos hubiese dado una señal al conjunto de acreedores de que sería más beneficioso llevar a los tribunales al Gobierno antes que aceptar una fuerte quita. Después de que los dos hombres clave de Economía en la negociación, Guillermo Nielsen y Leonardo Madcur, recibieran fuertes críticas de parte de los acreedores, en distintas presentaciones efectuadas en Estados Unidos, Japón y Europa, Lavagna tomó tres decisiones de peso. Primero dio más precisiones sobre las características de los nuevos bonos que se les ofrecerán a los inversores que acepten la reestructuración. Se supo que para recuperar el ciento por ciento del valor original del título habrá que aguardar 42 años. Como segundo paso, el ministro se jugó a una movida política interna: convocó al quinto piso del ministerio a los máximos representantes empresarios para que den un respaldo público a la renegociación. Y, por último, Economía anunció que evaluará en los próximos quince días las propuestas de los bancos para colocar los nuevos bonos (ver aparte).
Tal como se lo habían solicitado los abogados que representan a la Argentina, Griesa no puso piedras en el camino abierto por Lavagna. Y así lo explicitó en su fallo. “No quiero tomar ninguna decisión que afecte el proceso”, expresó. Aunque al mismo tiempo solicitó que el Gobierno actúe de buena fe. “Si la gran mayoría de los tenedores de bonos está esperando para ver qué ofrece el gobierno argentino, entonces ese proceso es muy importante”, añadió Griesa en su fallo.