El modelo científico que tenemos en la actualidad incluye a la ciencia, la tecnología y la innovación. Esto implica reconocer que existen tres lógicas diferentes y que el Estado debe disponer acciones para cada una de estas áreas.

En el campo del desarrollo tecnológico se trata de solucionar problemas que pueden tener diferentes orígenes. Alguien imagina un mercado potencial, vislumbra una necesidad y luego el producto que podría cubrirla. El caso de la telefonía celular ejemplifica este esquema: se conocía la tecnología que hacía funcionar la radio y el teléfono, pero nadie había pensado combinarlas y desarrollarlas juntas. Tampoco existía la demanda. Hoy, no cabe dudas, la telefonía móvil es una tecnología indispensable y en constante expansión.

El Estado promueve procesos de desarrollo tecnológico, su demanda de soluciones se canaliza generando nuevos conocimientos y nuevas tecnologías. La necesidad de atender cuestiones de carácter social o sanitario promueve el mismo circuito.

Las empresas privadas también son el punto de origen para el desarrollo de nuevas tecnologías. En todos estos casos, cuando el problema a resolver es complejo, exige el uso de los conocimientos ya adquiridos como el desarrollo de nuevos.

Por último, la innovación productiva, que se genera a partir de la identificación de problemas dentro de una empresa, tanto en el proceso de producción como en sus productos, los que tienen que ser resueltos para sostener la viabilidad de la empresa. Muchas veces, buscar esas soluciones exige intenso trabajo de investigación en laboratorios (internos o externos a la empresa).

Pero la innovación puede no estar ligada al ámbito productivo ni a la búsqueda de lucro y volcarse, en cambio, al campo social, resolviendo problemas de interés común no atendidos por las empresas. En este caso, el rol del Estado es determinante.

Encuadradas estas tres problemáticas, corresponde pensar cuales serían las políticas públicas adecuadas para cada campo. En el caso de la investigación científica, el Estado debe seleccionar temas de interés y destinar allí sus mayores esfuerzos. Obviamente, sin dejar de aportar recursos para otras áreas que no conforman el menú prioritario, pero que aun así son importantes; apoyando el trabajo científico con la infraestructura necesaria, equipamiento, formación de recursos humanos y perfeccionando mecanismos de control de calidad del trabajo de sus investigadores.

En lo relacionado con el desarrollo tecnológico, los sectores, aeroespacial, nuclear, telecomunicaciones, defensa y energía son claramente prioridades con el Estado como actor principal. En cuestiones del ámbito agropecuario y medicina humana interactúa con el sector privado.

En lo referente a la innovación productiva, es clave que el Estado genere mecanismos para que las empresas accedan a los ámbitos del conocimiento capaces de aportar la solución que necesitan. Las grandes empresas cuentan con el respaldo económico para atender esas necesidades. Pero las pymes no lo tienen. Y si allí no actúa el Estado están condenadas a quedar, más tarde o más temprano, fuera del mercado. Eso significa menos generación de riqueza y menos puestos de trabajo.

Por eso, el Estado tiene un rol central en la creación de mecanismos de interface como los Centros de Servicios Tecnológicos que actúan vinculando el campo del conocimiento (universidades, centros y laboratorios de investigación públicos) con el sector de la pequeña y mediana empresa.

Por último, es fundamental que el Estado sostenga estas políticas públicas a largo plazo. Los casos exitosos de desarrollo tecnológico en la Argentina (como el de la política nuclear y telecomunicaciones, entre otros) han sido posibles porque el Estado marcó la prioridad de dichos emprendimientos y logró sostenerlos en el tiempo. El compromiso de Daniel Scioli es dar continuidad y profundizar estas políticas para consolidar la soberanía tecnológica.

* Subsecretario de Ciencia y Tecnología de la provincia de Buenos Aires.