El Gobierno dispuso esta semana, a través de los ministerios de Economía y de Agricultura, un conjunto de medidas que significan “la continuación y ampliación de una política sostenida y orientada hacia los pequeños productores”, según destacó el secretario de Coordinación de la cartera agropecuaria, Javier Rodríguez, en respuesta a la situación del mercado internacional que afecta, principalmente, al sector de la producción más atomizado y vulnerable. La orientación de las políticas públicas frente a la crisis, una vez más, se diferencian de las respuestas que se observan en los países centrales, hoy principalmente en Europa, o que se reclaman en Argentina desde las entidades que representan al capital más concentrado, que impulsan la exclusión del Estado de la puja por los precios o la renta. Algunas de las medidas para el agro conocidas esta semana apuntan, incluso, a un objetivo más ambicioso, tratando de romper el desequilibrio estructural en mercados en los cuales el exportador juega una posición dominante frente al productor a la hora de fijar precio.

Las medidas anunciadas, englobadas en dos políticas ya vigentes, el Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos y el Régimen de Recomposición del Pequeño Productor Lechero, apuntan a los productores más chicos con subvenciones a la producción para compensar, en parte, la caída del precio que reciben de los exportadores y, en algún caso, la pérdida de mercados a raíz de que parte de la industria, como ocurre en el sector lácteo, ha resuelto dejar de vender al mercado externo frente a los bajos precios internacionales. Valga señalar que, en el caso de la leche en polvo, la caída del precio ha sido de más del 50 por ciento: de cinco mil dólares la tonelada del año pasado, aproximadamente, a 2300 dólares este año.

Consultado por Página/12, Javier Rodríguez reconoció la complejidad de la situación de la lechería, donde las señales desde el mercado externo están impactando tanto en los precios como en los niveles de demanda de la industria láctea hacia los tamberos. “Estamos pasando aceleradamente de una situación de faltante de materia prima, como ocurría hasta no hace mucho, a otra de sobrante o excedente, no por sobreoferta de producción o falta de demanda del exterior, sino porque un sector de la industria ha decidido hacer menos producción para exportar, porque los precios no les resultan interesantes”, señaló.

La solución implementada esta semana, el mantenimiento por tres meses más de la subvención de treinta centavos por cada litro de leche para los tambos de menos de 2900 litros de producción diaria es, en consecuencia, un paliativo parcial. El secretario de Coordinación de Política Institucional lo admitió, pero destacó que la conformación de una mesa de Diálogo con participación de todos los sectores de la lechería buscará encontrar respuestas a los problemas estructurales del sector.

El problema de la lechería, tal como sucede en la mayor parte de las cadenas del agro, “es cómo se distribuye la renta a través de los distintos eslabones”, definió Rodríguez. Al interrogarlo sobre si la agregación de valor en origen y la venta directa de productos elaborados al consumidor podría ser una respuesta, el funcionario señaló que es parte de la solución, aunque a corto plazo la posibilidad de crecimiento de la lechería sigue pasando por la exportación.

“La producción de lácteos elaborados para el mercado local tuvo un mayor desarrollo, pero se puede hacer más. Generar productos como quesos, con mayor valor agregado que la leche y mayor estacionamiento, permitiría actuar como un bálsamo sobre una crisis de precios como la presente, permitiría ordenar la producción de manera más estable. Sin ninguna duda que apuntar a la comercialización de elaborados para el mercado local en el mediano plazo sería una salida, pero es un punto en el que hay que trabajar con todos los sectores para buscar consenso”, señaló.

En materia de granos, las medidas anunciadas esta semana también marcan la profundización de las políticas de diferenciación entre productores pequeños y grandes, ofreciendo compensación a los primeros sobre el precio que representan una devolución de las retenciones a las exportaciones que le descuentan los exportadores cuando adquieren el maíz, el trigo o la soja. Es una forma de “compensar las asimetrías propias de un mercado concentrado en unos pocos grandes productores, mientras que muchos pequeños deben pagar costos mayores y tienen menor poder de negociación al vender sus productos”, sostuvo el gobierno al presentar las medidas. En el caso de los productores de maíz, para los de menos de 400 toneladas en esta campaña la compensación será equivalente al ciento por ciento de las retenciones que le descuenta el exportador.

Sin embargo, en este aspecto prevalece una situación de marcado desequilibrio en las condiciones de negociación entre exportadores y productores, y nuevamente surge la cuestión de la distribución de la renta como factor determinante. Tal cual lo verifican diferentes estudios, incluso oficiales, en casos como el trigo el precio que se le paga al productor ni siquiera refleja el denominado “FAS teórico”, el precio neto que resultaría de descontarle al precio internacional el total de los costos de flete, impuestos y otros asociados al traslado y manipulación de los granos hasta llegar a destino. La administración del comercio de granos a través de los ROE (Registro de operaciones de exportación), que actúa como una suerte de cupos para autorizar la venta al exterior, termina utilizándose como factor de presión (o directamente de extorsión) por parte de los acopiadores que le compran al productor los granos para los exportadores. El argumento de “los problemas para exportar por los ROE” termina utilizándose para ofrecer un menor precio a un productor que difícilmente tenga otra alternativas de colocación de su producción.

Una de las herramientas que aportó el paquete de medidas anunciado esta semana es la apertura de un cupo de 500 mil toneladas de trigo exclusivamente para pequeños productores de localidades donde aún existe exceso de oferta y dificultades de comercialización, que beneficiará principalmente a localidades del sur de la provincia de Buenos Aires y de La Pampa, que exportan a través de Bahía Blanca y Quequén. El propósito es comenzar a poner el ROE en manos del productor, con la intención de darle un mayor peso en la negociación del precio, al restarle un elemento de presión al exportador. En el Ejecutivo admiten que se trata de un plan piloto, en el camino de encontrar mecanismos que respondan a las asimetrías estructurales en el comercio de granos, principal origen de las distorsiones en la distribución de la renta. Un diagnóstico bien diferente del que sostiene la Mesa de Enlace, y otros sectores afines, que le achacan todas las distorsiones a la intervención del Estado.