El juez estadounidense Thomas Griesa intenta facilitar la estrategia de hostigamiento de los fondos buitre contra la Argentina. Durante una audiencia en Nueva York, el magistrado convalidó ayer parte de reclamos carroñeros en una de las causas denominada Discovery, una ramificación de la batalla que sustenta la capacidad de acoso al país y terceros mediante pedidos de información y amenazas de embargos. Desde el equipo económico indicaron a Página/12 que, a pesar de la dureza de las apreciaciones del magistrado en el tribunal, sus “sanciones” no tendrían implicancias materiales concretas. “Fracasó un nuevo intento de extorsión buitre”, expresó el Ministerio de Economía a través de un comunicado.

Al finalizar una prolongada audiencia, Griesa determinó que todos los bienes de Argentina en Estados Unidos, excepto los activos militares y diplomáticos, serán considerados “de uso comercial” y, por lo tanto embargables. Desde el Palacio de Hacienda precisaron a este diario que, como las propiedades diplomáticas son las únicas que posee el país en territorio estadounidense, la “sanción” del juez no tendrá “ningún tipo de consecuencia práctica”.

Además, el juez no tomó ninguna resolución sobre la principal sanción reclamada por los buitres . Los demandantes pretendían que el Banco Central, YPF y Enarsa sean considerados alter ego del país volviendo a sus bienes en Estados Unidos embargables. Esa determinación, que ya fue rechazada en distintas instancias judiciales a lo largo de la última década, hubiera ampliado el espectro del accionar carroñero.

A pesar de los reiterados intentos como la retención de la Fragata Libertad en un puerto de Ghana, hasta ahora los buitres nunca pudieron apropiarse de un activo argentino. Pero las facultades legales concedidas por las cortes estadounidenses les dan una poderosa herramienta para llevar adelante una “cacería de brujas” contra el Estado y bancos e individuos que supuestamente asesoran o hacen negocios con el país. “No nos queda otra que seguir buscando activos, no vamos a abandonar, Su Señoría”, lanzó ayer el abogado Robert Cohen, que representa a NML Capital, el buitre encabezado por Paul Singer.

Como los buitres aseguran que Argentina no les suministra toda la información solicitada en el marco de la causa Discovery, el tribunal dispuso un plazo de diez días para que Argentina responda el pedido realizados por NML Capital, Aurelius y Blue Angel en 2013. De lo contrario, sostuvo Griesa, considerará que Argentina renunció a todo privilegio que hubiera podido interponer a fin de excusarse de producir dichos documentos.

El equipo económico sostiene que respondió esos pedidos de información sin violar la confidencialidad de los datos. “Vale aclarar que en todo el proceso del litigio, la Argentina cumplió con sus obligaciones legales y produjo información cuando así correspondía, de conformidad con las leyes de Estados Unidos”, sostuvo anoche el Palacio de Hacienda.

Por el contrario, la defensa legal argentina considera que los buitres no buscan localizar activos sino que, con el auspicio de Griesa, intentan castigar a aquellas entidades que son identificadas como parte de las transacciones financieras del país. “Años de litigio en este caso han demostrado que Argentina no posee propiedad en Estados Unidos que pueda ser ejecutada, ya que sus bienes se encuentran protegidos por las leyes de inmunidad soberana o se trataba de bienes que no pertenecían al país”, explica el escrito presentado ante Griesa a mediados de junio.

La reunión en el tribunal de Griesa no estuvo vinculada al caso donde los buitres solicitaron extender el bloqueo judicial al mecanismo de pago de los bonos emitidos durante el canje hacia toda la deuda externa del país, incluidos los Bonar 2024 (el instrumento que utilizó el Gobierno para emitir en abril bonos en dólares). Esa discusión recién llegará a una audiencia en el tribunal hacia fin de año.