Cinco empresas de más de 1000 empleados fueron detectadas por el Ministerio de Trabajo con operarios no registrados. Se trata de grandes compañías con capacidad económica y contributiva, que incurrían en la práctica de ahorrarse aportes a la seguridad social para aumentar ganancias. Los datos acaban de aparecer en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal), creado en septiembre del año pasado por aquella cartera. El organismo es fruto de la Ley 26.940, impulsada previamente por el Gobierno para generar estímulos a la registración laboral y penalidades más firmes a los incumplidores. La norma también elevó las facultades de fiscalización de los inspectores del trabajo. Los operativos que se vienen realizando desde entonces permitieron comprobar que la violación a las leyes laborales y de la seguridad social que resguardan derechos básicos de los trabajadores sigue siendo una problemática extendida en la economía nacional. Es una dolencia compartida con la región y con otras zonas del mundo, que encuentra raíces culturales en la naturalización de la desigualdad social. Pero también tiene determinantes económicos centrales, como el escaso nivel de desarrollo productivo. Mientras más débil es esa estructura, más graves son los problemas laborales y de protección social.

Las cinco empresas más grandes que figuran en el Repsal por tener trabajadores no declarados son las siguientes:

- Gestión Laboral: está radicada en la Ciudad de Buenos Aires y se dedica a la selección de personal, al casting de actores y a la gestión logística e integral de empresas, entre otras funciones. En el registro oficial aparece con un plantel de nada menos que 9407 personas, aunque en realidad ese número escondería ocupaciones no declaradas de terceros.

- Día Argentina: razón social de Supermercados Día, la cadena minorista que el Repsal ubica en El Palomar, conurbano bonaerense, con 5281 empleados.

- Buenos Aires Servicios de Salud BASA S. A.: también actúa como agencia de empleo, pero de especialidades médicas. Es de San Justo y su plantel llega a 2570 trabajadores.

- Fundación Instituto Quirúrgico del Callao: brinda servicios médicos de consulta, diagnóstico y tratamiento, con un plantel de 2025 personas, según los datos oficiales. Figura en Avellaneda.

- Carsa S. A.: de Salta, es una agencia de motos, partes, piezas y accesorios, con 1168 trabajadores.

El trabajo no registrado afecta en la actualidad al 31,9 por ciento de la Población Económicamente Activa, el punto más bajo desde 1990 (en 2003 era 49,7 por ciento). Pero la recuperación de los últimos doce años aún no alcanzó a reparar el daño causado en el tejido laboral que empezó a gestarse en la dictadura y siguió hasta 2002. El modelo neoliberal hizo estallar la informalidad del empleo. En ese período, los gráficos estadísticos muestran una suba constante del indicador por más de 25 años, con solo cinco de bajas circunstanciales. En 1974 el trabajo informal en la industria era de 17,1 por ciento, mientras que en 2003 se había más que duplicado, hasta 44,6. En 2012 ya había bajado al 30,2 por ciento. Ese proceso de suba violenta del trabajo sin declarar es la contracara de las políticas antiindustriales de la época, que borraron del mapa eslabones enteros de la cadena fabril. La apertura comercial, que constituye un paradigma para el PRO y otros sectores de la oposición, jugó un rol central en ello.

El modelo económico heterodoxo que se aplica en el país desde 2003 revirtió la tendencia. Lo hizo de manera categórica hasta 2011, y luego se produjo un estancamiento, con descensos mucho más ligeros –en un contexto internacional de crisis generalizada–, hasta el presente. La promoción de las actividades productivas, la recuperación del trabajo, del salario y del mercado interno fueron la base para ese comportamiento virtuoso. La comparación entre las dos etapas, del ’76 al 2002 y del 2003 a la fecha deja en evidencia la importancia de privilegiar la industria como motor del crecimiento económico. La intervención estatal, en un caso, fue en línea con los parámetros del mercado, para dejarlos actuar en libertad, como propone nuevamente Mauricio Macri en materia cambiaria. Las consecuencias de la desregulación fueron catastróficas. En el segundo caso, el Estado actuó activamente para fijar reglas, imponer condiciones, diseñar apoyos y subsidios, con resultados opuestos.

Los datos aparecen recopilados en el libro Camino hacia la formalización laboral en Argentina, publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con la participación de especialistas de la cartera laboral, la CGT que lidera Antonio Caló, la CTA que encabeza Hugo Yasky, la Unión Industrial Argentina y sectores académicos. Es un trabajo revelador que fue presentado en un seminario los últimos dos días, ayer con la participación del ministro Carlos Tomada. Uno de los capítulos lo firman los economistas de la UIA Diego Coatz y Marianela Sarabia, quienes hacen foco en el aspecto estructural del trabajo no registrado. Sostienen que lo primero que define la suerte del empleo –y de la economía– es el modelo de acumulación que orienta el Estado, y para probarlo describen lo que se mencionó en los dos párrafos anteriores.

Eso los lleva a concluir, mirando hacia adelante, que las tareas pendientes en la reindustrialización nacional son todavía numerosas, aunque el camino transitado conformó una base que no existía desde hace cuatro décadas. “En su carácter de economía en desarrollo, Argentina aún no ha logrado superar de manera definitiva las trabas y dificultades que la caracterizan”, describen. Y por ello plantean la necesidad de profundizar en políticas macroeconómicas que incentiven la innovación productiva, para ganar competitividad y encadenamientos más densos, lo cual redundará en más y mejor empleo.

Los economistas Luis Casanova (Universidad de Cuyo), Eduardo Lépore (de la Secretaría de Seguridad Social) y Diego Schleser (director de Estudios Laborales) le agregan a ese mismo diagnóstico precisiones estadísticas sobre la composición del empleo no registrado. Y agregan que además del modelo económico, para bajar la informalidad fue clave la recuperación del poder de fiscalización del Ministerio de Trabajo y la sanción de leyes para estimular el registro de trabajadores, como ocurrió con los nuevos regímenes de empleo doméstico –universo con un 96 por ciento de trabajo femenino– y rural.

“Sin embargo, se ha observado que el efecto disuasivo de la fiscalización no resulta lo suficientemente potente en el caso de ciertos colectivos de empleadores que mantienen su comportamiento evasor”, advierten cuando justifican la necesidad de impulsar la Ley 26.940, mencionada al principio, cuya sanción se produjo en mayo de 2014. Allí se dispusieron rebajas de aportes a la seguridad social a pequeñas empresas y se creó el Repsal. Los autores remarcan que estos aspectos regulatorios, de promoción y de control sobre los empleadores también hay que seguir llevándolos más allá.

El hecho de que existan compañías con planteles de más de 1000 personas con empleados sin declarar –aunque los mayores problemas se siguen dando en las firmas de menos de cinco trabajadores– también denuncia que se trata de un problema cultural. “El modelo de empleo que nos planteaban era un trabajo sin convenio, sin cargas sociales y sin indemnizaciones”, comparó ayer Tomada. Son propuestas que hoy lucen agazapadas, pero que están a la vuelta de la esquina.