El hecho mismo de que Néstor Kirchner haya clausurado la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción, escoltado del vicepresidente, Daniel Scioli, y de su ministro de Planificación, Julio De Vido, y en el mismo escenario que en la mañana había disertado Roberto Lavagna da la pauta del trato deferente que el Gobierno otorga a este sector, funcional al plan oficial de recrear una burguesía nacional poderosa. “Debemos diseñar un modelo de Nación con un capitalismo pujante” se entusiasmó el Presidente durante su discurso de cierre, pronunciado con una hora de retraso. Pero para los anfitriones, la demora fue lo de menos. A esa hora estaban animados por el incremento en inversión pública que promete el Presupuesto del 2004, por la promesa de destinar a obra pública el grueso de los millonarios fondos que aportan los organismos multilaterales de crédito y, básicamente, porque saben que están en el eje del proyecto K para construir su red de apoyos económicos.
“Creemos firmemente en la inversión pública. Quienes la consideraban un gasto público improductivo generaron un gran daño al país”, enfatizó el mandatario frente al colmado salón Martín Coronado del Teatro San Martín, un escenario menos ostentoso de los que solía elegir la CAC para sus encuentros anuales. “Tenemos grandes esperanzas porque por primera vez en años un gobierno se maneja con un concepto diferente”, celebró en su presentación al Presidente el titular de ese gremio patronal y alto ejecutivo del grupo Techint, Eduardo Baglietto.
Con un poco de imaginación, hasta podría haber sido un congreso de la transversalidad. Ninguna disertación –incluyendo la de los gobernadores justicialistas Felipe Solá y Juan Carlos Romero– dejó de plantear la necesidad de atender el drama social. La exposición más aplaudida fue la del economista del BID Bernardo Kliksberg, quien en el medio de su sólida prédica acerca de la responsabilidad social de las empresas mencionó que el LatinBarómetro (una medición de opiniones que se realiza en Chile) identifica a Kirchner como al presidente de la región que tiene más adhesión de su ciudadanía.
“Tiene una clara idea de cómo planificar la obra pública”, ensalzó Baglietto cuando presentó a De Vido. “Nosotros apoyamos la planificación, aunque (...) con poco éxito durante los últimos años”, se lamentó el pope de Techint. Discretamente ubicado en el auditorio y con el renovado look de su barba entrecana, el ministro de Infraestructura de Fernando de la Rúa, Nicolás Gallo, lo escuchó sin darse por aludido.
El ministro de Planificación reivindicó la política de aumentar las partidas presupuestarias, “evitando el vicio de la subejecución” y enumeró una serie de emprendimientos públicos que van desde obras para reencauzar la laguna La Picasa a emprendimientos que refloten los servicios de pasajeros urbanos, con una explotación mixta en la que el Estado conserve la acción de oro. Sin embargo, sólo fue interrumpido con un aplauso cuando aludió al “incordio” que enfrentan los constructores por “no tener un sistema bancario como debiera”.
El secretario de Desarrollo Urbano, José López, prometió que la inversión en obra pública crecerá un 50 % en el 2004 y que ese monto, cercano a los 4000 millones, sería ejecutado íntegramente, evitando lo que ocurrió “hasta el 25 de mayo pasado”, en el que se utilizaba la mitad de las partidas disponibles. “Más del 30 % de la población carece de agua potable y alrededor del 60 % no tiene servicios de cloaca”, señaló el colaborador de Planificación, anticipando lo que poco después diría el propio Kirchner para enfatizar la necesidad de emprendimientos estatales que atiendan esas necesidades.
Lavagna también hizo su aporte para justificar el brindis nocturno con el que la CAC cerró la jornada de idilio con el Gobierno. No fue tanto por su remanida alusión a la década del 90 como “la desperdiciada”, sino por la promesa de que el 75 por ciento de los 4500 millones de dólares que se recibirán en los próximos cuatro años de los organismos multilateralesserán destinados a inversión pública genuina, evitando que el grueso de ese apetecido botín sea insumido por honorarios de las consultorías.
Finalmente, el gobernador Solá también hizo su aporte al buen ánimo patronal al prometer un desembolso de entre 1100 y 1200 millones de pesos para obras públicas en la principal provincia del país. Relativamente magro pero creciente.
Lo que realmente seduce a los empresarios es el cambio de actitud que notan desde la gestión de Eduardo Duhalde, no sólo por la intención de estimular el desarrollo económico con la fórmula keynesiana de mayor obra pública; para ellos, nuevos negocios. Esta promesa, según admiten, está acompañada por el auspicioso hecho de que ahora cobran sus certificados de obra en efectivo y a los 45 días. Pero no dejan de inquietarse porque el proyecto de Presupuesto 2004 con media sanción condiciona a la reestructuración de la deuda pública externa el pago de algo más de 500 millones de pesos acumulados por Vialidad a favor de empresas viales. Y temen que, en un caso de extrema necesidad, la administración de Kirchner pueda verse tentada de echar mano a los millonarios fondos fiduciarios que se integraron para la inversión pública.
Pero estos temores sólo se comentaban ayer por lo bajo, fuera del escenario. Ese desde donde ningún funcionario recordó que las grandes constructoras hasta el mes pasado formaban parte del club del peaje, con comportamiento muy poco deseable y que, en su condición de ex concesionarias, aún tienen una difícil negociación abierta con el gobierno nacional.