Roberto Lavagna no se cansa de decir que la reactivación está más firme que nunca y que la crisis quedó atrás. Sin embargo, en los papeles la “emergencia” durará hasta fines de 2004. El Senado convirtió en ley ayer el proyecto que establece la prórroga de la Emergencia Económica hasta diciembre de 2004. Por lo tanto, el presidente Kirchner seguirá gozando hasta esa fecha de las facultades delegadas por el Congreso al Ejecutivo en enero de 2002, durante la gestión de Eduardo Duhalde, en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria. Los senadores también aprobaron el régimen de pesificación de los créditos contraídos por fuera del sistema financiero.
Tras un breve debate, la norma contó con el respaldo de la bancada justicialista y el voto “en disidencia parcial” del radicalismo, que dio el número para que sea tratado sobre tablas. Mientras que se opusieron abiertamente el renovador salteño Ricardo Gómez Diez, el liberal correntino Lázaro Chiappe y el senador por el Movimiento Popular Neuquino Pedro Salvatori.
Al justificar la iniciativa impulsada por el oficialismo, el chaqueño Jorge Capitanich destacó la necesidad de aprobar el proyecto y reivindicó “el proceso de recuperación económica del país”. El ex jefe de Gabinete de Duhalde señaló que la Emergencia Económica es una herramienta que “el Gobierno requiere para terminar de superar la crisis iniciada a fines de la década pasada y para concretar las transformaciones que el país necesita”.
La voz cantante del radicalismo la llevó el mendocino Raúl Baglini, quien dijo que “la emergencia debería ser por un tiempo más acotado”, porque, a diferencia de lo que sucede actualmente, “en el 2002 había una situación de emergencia que no admitía discusión”. Experto en crisis, Baglini, siempre elocuente, solicitó un mayor debate sobre el tema. “Nunca nos opusimos a la votación de las emergencias económicas, desde el año 1989; pero nos sorprende que se trate con tanta celeridad. En el año 2000, la emergencia enviada por el gobierno de la Alianza demoró nueve meses en el Congreso por la resistencia inicial del bloque peronista”, se quejó. Por su parte, Chiappe consideró que con esta medida el Congreso incurre en “la mala práctica de abdicar de sus facultades”, al reconocer en los hechos que “este Parlamento no está en condiciones para dictar leyes en situaciones de emergencia”.
La prórroga de la emergencia, que había sido aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados, no contempla un nuevo mecanismo de indexación de contratos como había trascendido. Pero sí se estableció el sistema de actualización que tendrán los préstamos contraídos previos a la devaluación por afuera del circuito financiero.
En ese sentido establece que las deudas existentes al 6 de enero de 2002, concertadas fuera del sistema financiero (en escribanías o inmobiliarias, por ejemplo), haya o no mora, serán pesificadas. Y se les aplicará la normativa vigente en cuanto al CER o el CVS, o el mecanismo de ajuste que en su futuro los reemplace.
El proyecto estipula que, si una de las partes considera que con este ajuste el valor es inferior al que corresponde, podrá pedir un reajuste equitativo del precio, con excepción de las personas que se encuentran en mora. Sobre este punto, la ley ratifica la plena vigencia del principio de esfuerzo compartido entre el acreedor y el deudor, el cual debería ser aplicado por los jueces.
En caso de situaciones ya resueltas entre las partes, voluntariamente o por sentencias judiciales, se deja en claro que la nueva ley no alterará dichos arreglos.