El universo buitre beneficiado por las decisiones del juez estadounidense Thomas Griesa se mantiene restringido a los demandantes originales encabezados por los fondos carroñeros NML, Aurelius, ACP y Blue Angel. El Ministerio de Economía esperaba que, durante la audiencia celebrada ayer en Nueva York, el magistrado extendiera su medida cautelar llamada “pari passu” a un grupo de litigantes denominados me too (“yo también”, en inglés). Sin embargo, la determinación judicial que elevaría el monto a pagar de 1700 a 8000 millones de dólares y fortalecería el poder buitre no llegó. La contundencia con la que había validado el avance del reclamo y la falta de receptividad a los argumentos de los abogados que representan al país hacía prever que el juez podía decidir desde el estrado. Eso no sucedió y la definición se conocerá en las próximas jornadas. A diferencia de otras resoluciones de la Corte del Distrito Sur de Manhattan, esta sentencia será apelable en segunda instancia.

Las órdenes pari passu mantienen bloqueado desde el año pasado el mecanismo de pago de los vencimientos de deuda con los acreedores que participaron de la reestructuración hasta que los buitres reciban el ciento por ciento de sus tenencias. La cuestionada medida cautelar del magistrado obliga al país a desembolsar 1700 millones de dólares (originalmente eran 1300 millones pero a la fecha se acumulan cerca de 400 millones en intereses punitorios). Los “me too” son parte del 7,6 por ciento que no ingresó al canje y que ahora buscan obtener del juez los mismos términos que los buitres encabezados por NML Capital de Paul Singer. Los potenciales beneficiarios de la decisión que todavía no llegó no son nuevos litigantes. De hecho, gran parte de los demandantes que ayer tuvieron su audiencia con Griesa son los buitres originales.

Al finalizar la audiencia de ayer el octogenario magistrado no tomó una decisión inmediatamente pero eso no significa que analice dar marcha atrás. En el equipo económico están convencidos que el juez validará la ampliación de sus órdenes originales como reclaman los buitres. La solicitud de los me too tuvo su primer round en una audiencia el 29 de mayo. Dos semanas después el juez declaró que Argentina había violado la cláusula pari passu, o tratamiento igualitario. El paso siguiente llegó ayer cuando el magistrado convocó a un encuentro para escuchar los argumentos y definir si les concede el mismo tratamiento que a los buitres. Poco receptivo a los argumentos del estudio Cleary, Gotlieb, Steen & Hamilton que defiende al país en la disputa, el magistrado se limitó a insistir que las partes deberían sentarse a dialogar a través de Daniel Pollack, el fallido negociador designado por el tribunal.

Desde el Palacio de Hacienda insisten con que el reclamo de los “me too” deja al descubierto que la orden original era “una trampa” ya que desembolsar el monto reclamado por los buitres no solucionaba el conflicto. Si se incluyen los nuevos buitres la cifra se cuadriplica y si se extiende ese tratamiento privilegiado a todos los acreedores que no participaron del canje el monto a pagar llega hasta 21 mil millones de dólares, prácticamente la totalidad de las reservas internacionales del Banco Central. Por eso, desde el equipo económico insisten que se debe alcanzar un acuerdo con la totalidad de los acreedores en condiciones “justas, equitativas, legales y sustentables”.

Cuando el tribunal confirme el pedido de los “me too” el reclamo ante la Corte de Apelaciones será impulsado por Argentina con entusiasmo, ya que la segunda instancia neoyorquina rechazó la visión de Griesa en las últimas tres causas que analizó. De todas formas, las posibilidades reales de que los jueces a cargo de la apelación reviertan la inminente ampliación de la orden pari passu original son escasas.